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Un decreto del presidente Carlos Mesa dejó en la impunidad a los responsables de las masacres de septiembre y octubre del 2003. El decreto, dictado el 30 de octubre de ese año, fue desempolvado hoy por la Comisión de Fiscales que dio por concluidas las investigaciones del genocidio en el que murieron más de 70 bolivianos y otros 400 quedaron heridos a bala. Tras la "amnistía" y "perdón judicial" de Mesa, ya no hay acusados ni culpables.
La decisión de Mesa y de los Fiscales originó de inmediato la protesta e indignación de las organizaciones sociales y sindicales, que acusaron al Presidente de estar cuidando las espaldas de su aliado y socio, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Según informó el Fiscal Fernando Cortés, que estaba a cargo de la investigación, la extinción de la acción penal contra todos los que dispararon y masacraron al pueblo indefenso se da en el marco del estricto cumplimiento del decreto dictado por el gobierno de Carlos Mesa.
Cortés admitió que el proceso legal quedó truncado al no tener la Fiscalía la capacidad legal para procesar a los civiles y militares que cometieron graves delitos de lesa humanidad. Las investigaciones de la Fiscalía debían concluir en acusaciones contra ex autoridades y altos jefes militares y policiales, pero que con la vigencia del decreto esto ya no es posible, ya que este decreto otorga una "amnistía" y "perdón judicial" a todos los que participaron de los sucesos de octubre.
El Fiscal Cortés aseguró que un eventual procesamiento de Sánchez de Lozada se podría dar a través de una decisión política del Congreso nacional, el que sin embargo está dominado en sus dos tercios por parlamentarios que apoyaron o cogobernaron con Sánchez de Lozada y su vicepresidente Mesa.
El Decreto Supremo 27234, del 30 de octubre, firmado por el Mesa y su gabinete ministerial, dice que se busca "recuperar la vigencia y credibilidad del sistema democrático" y la "reconciliación entre todos los bolivianos".
Con este instrumento legal, la Comisión de Fiscales determinó la "extinción de la acción penal" sobre las personas con procesos judiciales en contra por haber participado en bloqueos de caminos y calles.