La noticia de la reciente captura en una finca propiedad de un conocido opositor, ubicada en una localidad cercana a Caracas, de más de cien paramilitares extranjeros portando uniformes militares con distintivos del Ejército de Venezuela, es una situación "fuera de lugar", que origina una gran preocupación no sólo para los que nacieron en esta tierra sino para todos los que en ella habitan.

¿Quién o quiénes decidieron que vinieran estas personas y para qué?, ¿quién los financia?, ¿cómo lo hicieron?, ¿por qué los medios comerciales de difusión masiva calificaron este hecho como un "show"? son interrogantes que se plantean los pobladores de este país, las cuales se tornan más agudas después de conocer las declaraciones de la Canciller de Colombia, Carolina Barco que señalan de forma categórica: "Nunca se puede banalizar la presencia de células paramilitares" (Panorama, pág. 1, 15/5/2004).

La respuesta a algunas de estas preguntas la proporcionarán los resultados de las investigaciones así como el calificativo que les corresponda a estas personas. Llamarlos "paramilitares", "mercenarios", o "invasores" es provisorio podría tener mayor significado para algunos opositores, pero lo verdaderamente importante es el origen de esta operación y eso sí se conoce: es una reacción contra el proceso de cambios que se adelanta en Venezuela desde 1998.

Este proceso de cambios busca implementar una organización que le permita impulsar programas y planes orientados a corregir la profunda desigualdad existente producto de la exclusión, para incorporar paulatinamente a todos sus pobladores al pleno goce y disfrute de los derechos humanos. Ejemplo de ello son las Misiones.

La decisión de alcanzar la inclusión de toda su población al pleno goce y disfrute de los derechos humanos y la vinculación de estos derechos con un concepto integral de Seguridad y Defensa no es una decisión de sus gobernantes sino un mandato constitucional aprobado mediante consulta electoral, libre y soberana. Este mandato está contenido en el Artículo 322 de la Constitución Nacional, y señala lo que sigue:

"La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de todos los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional."

El concepto de desarrollo integral se encuentra en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, estableciendo que: "El desarrollo integral, a los fines de esta Ley, consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores que acordes, con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar."

El cumplimiento de este mandato constitucional inevitablemente coloca al Gobierno venezolano en una disyuntiva, las medidas de carácter económico necesarias a adoptar para lograrlo requiere de una redistribución del ingreso equitativa y justa, que no está en consonancia con las que exigen las empresas multinacionales y sus aliados internos para mantener su dominio en la actual etapa del sistema capitalista: el imperialismo.

Estas medidas despiertan la ira de los sectores acostumbrados tradicionalmente a percibir groseras ganancias. Por esa razón los sectores internos dirigidos y financiados por sus socios externos trasladan hasta Venezuela a este grupo de jóvenes colombianos, conocidos en su país como "paramilitares", cuya sola mención provoca terror por la estela de sangre y muerte que dejan a su paso en las regiones donde llegan. El propósito de traerlos es paralizar los cambios que atentan contra los intereses imperialistas, utilizando para ello el terror.

La aplicación de métodos crueles e inhumanos para impedir la formación de grupos que se opongan o se resistan a las imposiciones imperialistas, por parte de los sectores económicos poderosos para mantener su dominio en Latinoamérica y en el mundo entero no son nuevos ni pasaron a formar parte de un pasado lejano.

Baste para confirmar lo dicho, la información publicada hoy por el periódico Ultimas Noticias (Pág.14) y difundida también por Radio Nacional de Venezuela, que da cuenta del ingreso de indígenas huyendo de la violencia de los paramilitares colombianos: "El número de indígenas colombianos de la étnia Wayu que cruzaron la frontera amenazados de muerte por los paramilitares de ese país y solicitaron la protección del gobierno venezolano, ayer aumentó a 302, de los cuales 100 son menores de edad."

El presidente de la Cruz Roja Internacional, señor Carlos Montiel declaró: "Todas estas personas llegaron procedentes de Bahía Portete, en la alta Guajira colombiana y necesitan urgentemente ayuda material y psicológica, ya que además de carecer de alimentos y de medicinas para que sean tratados principalmente las enfermedades de la piel, muchos de ellos se encuentran traumatizados debido a que escaparon de una muerte segura o vieron morir a sus familiares."

Para evitar tragedias como esta, las autoridades de gobierno que tienen la obligación de velar por la seguridad de los habitantes y del territorio del país, activan la aplicación del complemento que acompaña a la seguridad: la defensa integral, estipulada en el Artículo 1° de la Ley de Seguridad de la Nación al señalar: "La presente Ley tiene por objeto regular la actividad del Estado y la sociedad, en materia de seguridad y defensa integral, en concordancia a los lineamientos, principios y fines constitucionales."

La defensa integral según la Ley de Seguridad de la Nación "es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación."

El llamado formulado el domingo 16 de mayo de 2004, por el Presidente Hugo Chávez a todos los venezolanos y venezolanas a defender la paz, la independencia, la soberanía y el espacio geográfico del país tiene su fundamento en esta Ley, establecido de la siguiente forma en sus artículos 5, 6 y 7:

Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad

Artículo 5. El Estado y la sociedad son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, y las distintas actividades que realicen en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes.

Alcance de la seguridad y defensa integral

Artículo 6. El alcance de la seguridad y defensa integral está circunscrito a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República, en los tratados, pactos y convenciones internacionales, no viciados de nulidad, que sean suscritos y ratificados por la República, y en aquellos espacios donde estén localizados nuestros intereses vitales.

Ámbito de aplicación de la ley

Artículo 7. Las disposiciones de la presente Ley serán de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas venezolanas, bien sean de derecho público o privado, cualquiera sea el lugar donde se encuentren, y para las personas naturales o jurídicas extranjeras, residentes o transeúntes en el espacio geográfico nacional con las excepciones que determinen las leyes respectivas.

Ante la situación planteada el cumplimiento de la corresponsabilidad en la seguridad y defensa es un deber ciudadano. Alcanzar el pleno goce y disfrute de todos los derechos humanos no depende sólo de las instituciones del Estado, sino de todos los que en esta tierra vivimos.