Redacción Judicial
El Espectador

El fortalecimiento del paramilitarismo en Norte de Santander, y sus comprobados tentáculos en Cúcuta, La Gabarra, Tibú y en general en la selvática zona del Catatumbo, constituyen el eje de la proyección de este grupo armado ilegal hacia territorio venezolano, y el punto de partida de un escándalo internacional que el presidente Hugo Chávez calificó como una conspiración de ultraderecha para desestabilizar su gobierno y perpetrar acciones al margen de la ley en el vecino país.
El viernes pasado, cinco días después de la captura en una finca de las afueras de Caracas de más de un centenar de colombianos, al parecer paramilitares, el jefe de Estado venezolano denunció que el complot en su contra estaba orquestado por tres reconocidos jefes paramilitares de Norte de Santander: José Ernesto Ayala, conocido como Lucas; Rafael Antonio Omaña, alias comandante Richard, y Jefferson Gutiérrez, o comandante Jefferson, quienes según Chávez habrían dirigido la infiltración paramilitar desde territorio colombiano.
Coincidencialmente, el escándalo por la presencia paramilitar en el vecino país estalló en el mismo momento en que la Fiscalía colombiana reconoció que la ex directora seccional de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva, formaba parte de una asociación delictiva con sujetos dedicados al paramilitarismo, a quienes les informaba sobre las acciones de las autoridades en su contra. Aunque desde el pasado 4 de mayo el ente investigador ordenó la captura de la ex funcionaria, sólo horas después de iniciado el escándalo en Venezuela trascendió que había salido del país con rumbo a Miami.
Sin embargo, de las pesquisas que realizó la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía para develar los nexos de Ana María Flórez con el paramilitarismo, se desprende información que, en parte, puede explicar cómo desde Norte de Santander se estaban orquestando acciones ilegales en la frontera colombo-venezolana. En concreto, de las investigaciones contra Magally Janeth Moreno Vera, una ex funcionaria del CTI al servicio de la ex fiscal fugitiva, se puede inferir que los planes del paramilitarismo en esta región del país se estaban internacionalizando en Venezuela.
Extrañas conversaciones
El Espectador conoció detalles de los procesos 1.695 de la Unidad de Derechos Humanos y 7.635 de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En ellos no sólo se esclarece parte de las acciones ilegales del paramilitarismo en la región, sino que las alusiones al vecino país no pasan desapercibidas. "Voy a entregar aquí la parte urbana y voy a coger para Venezuela", comentó un tal Reynaldo en diálogo con unos de los jefes de la organización en la capital nortesantandereana. Otras frases de conversaciones interceptadas por la Fiscalía y la Dijín de la Policía también constatan que las acciones ilegales de las autodefensas en Norte de Santander pasaban por territorio venezolano. (Ver recuadros anexos).
De igual modo, en el voluminoso expediente contra la ex investigadora Magally Moreno se esclarece la organización jerárquica del paramilitarismo en Norte de Santander. Hay dos bloques: uno es el Bloque Frontera, comandado por un sujeto a quien se conoce como La Iguana y al que las autoridades han individualizado como Jorge Iván Laverde; el otro es el Bloque Cazadores, comandado por el sujeto apodado como Mauro. Desde Puerto Santander hacia abajo le pertenece a La Iguana, y de Puerto Santander hacia arriba le pertenece a Mauro. Y todo el departamento a alias Camilo.
Es decir, Camilo, cuya identidad tratan de establecer los organismos de inteligencia del Estado, es el máximo comandante en una región donde desde finales de los años 90 se ha posicionado territorialmente el modelo implantado por las autodefensas. Durante muchos años las organizaciones guerrilleras, en especial del Ejército de Liberación Nacional, mantuvieron la hegemonía en el departamento y, de hecho, sus incursiones hacia territorio venezolano causaron fricciones con otros gobiernos del vecino país. Pero con el auge de la coca en el Catatumbo las cosas comenzaron a cambiar.
Entre mayo y agosto de 1999, los paramilitares perpetraron múltiples masacres en la región de La Gabarra, área del Catatumbo. La investigación de la Fiscalía permitió concluir el posicionamiento de las autodefensas en la región, en un sórdido episodio que también terminó por comprometer, por presunta omisión, a varios integrantes de la Policía y del Ejército. Según investigadores del fenómeno paramilitar en la región, para el año 2000, de conformidad con el proyecto nacional orientado por el entonces jefe de las Auc, Carlos Castaño Gil, la organización ilegal se había consolidado en toda la zona de frontera.
Desde Cúcuta
Este contexto explica la dinámica actual de la guerra en Norte de Santander y su influencia en territorio venezolano. Según un investigador de la Fiscalía, para nadie es un secreto que buena parte de la financiación de este grupo armado en la región –al igual que lo hacen decenas de contrabandistas– es el negocio de la gasolina. Y este trueque fronterizo quieren monopolizarlo en Colombia las autodefensas.
En tal sentido, más allá de las connotaciones políticas o de conspiración internacional que le quiso dar a la masiva captura de colombianos el domingo pasado el presidente Hugo Chávez, es evidente que las autodefensas delinquen masivamente en una frontera como la colombo-venezolana, donde lo cotidiano es que los habitantes de los dos países compartan un territorio de múltiples intereses, tanto legales como ilícitos.
Así mismo, guarda una dosis de sustento la tesis de algunos investigadores del escándalo, según la cual la filtración de paramilitares hacia Venezuela estaba sustentada en tres niveles de responsabilidad: la orientación de jefes paramilitares –señalados con nombres propios por el presidente Hugo Chávez–, el apoyo de un grupo de segundo nivel con individuos con alguna experiencia militar y, finalmente, el concurso de un grupo de sujetos reclutados la mayoría en Cúcuta, algunos mediante el engaño, para ingresar al vecino país.
Lo demás hace parte del estilo particular del presidente Chávez que, con sus alusiones al comandante del Ejército, general Martín Orlando Carreño Sandoval, o al presunto eje Miami-Colombia para derrocarlo, terminó por generar un escándalo internacional con muchas explicaciones no pedidas. Como el comentario del embajador de Estados Unidos en Caracas, Charles Shapiro, quien afirmó que su gobierno no está vinculado con la presencia de paramilitares en territorio venezolano.
Lo cierto es que Chávez reunió el viernes a los corresponsales internacionales en Venezuela y aseguró que el comandante Lucas decía que le iba a cortar a Chávez la cabeza, "a fumarse un habano junto a ella y después enviársela a Fidel Castro". Y en un tono más conciliatorio anunció que contactó a la Unicef porque entre los más de 80 jóvenes colombianos detenidos posiblemente hay menores de edad. "Pobres muchachos traídos a Venezuela engañados", puntualizó el jefe de Estado.
Para limar asperezas
Por ahora, y a nivel de gobiernos, el tema parece saldado. La canciller colombiana, Carolina Barco, tras una visita relámpago a Caracas, afirmó serena: "Me voy convencida de que el presidente Chávez tiene la certeza de que nuestro gobierno no está involucrado en estos incidentes".
Casi de inmediato trascendió que los mandatarios de Colombia y Venezuela, Álvaro Uribe y Hugo Chávez, en una fecha y lugar aún no determinados, se reunirán para zanjar las dificultades bilaterales agravadas por la detención de los supuestos paramilitares colombianos.
No obstante, al margen del tono sereno en que parecen reencauzarse las relaciones entre los dos gobiernos, otros interrogantes, a nivel del conflicto interno que vive Venezuela, quedan aún sin explicación frente a los hechos de los últimos días en las afueras de Caracas: ¿Quiénes son los tres militares activos de Venezuela que fueron capturados tras los hechos del pasado domingo? ¿Por qué se terminó allanando la hacienda cafetalera Carabobo, de propiedad del presidente de Venevisión y de Direct-Tv, el industrial Gustavo Cisneros?
Así mismo, la opinión pública venezolana se sigue preguntando: ¿Es tan importante, como lo presenta Hugo Chávez, el papel en la presunta conspiración del cubano Robert Alonso? ¿Con base en qué argumentos el mandatario venezolano asegura que el jefe del Comando Sur de EU, general James T. Hill, sabía y conocía el plan que se estaba preparando para derrocarlo? ¿De dónde sacó las fichas de identificación de quienes denunció como los artífices paramilitares de la conspiración?
La oposición a Hugo Chávez sostiene que el escándalo es un montaje del presidente venezolano para aplazar y congelar el proceso de referendo revocatorio de su mandato y que, además, es una forma de ablandar la gestión de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, observadores internacionales del mentado proceso de referendo.
Sin embargo, y más allá de las expresiones de la oposición a Chávez en Colombia y Venezuela, lo cierto es que para el gobierno Chávez el asunto reviste características de un amague de atentado contra la seguridad del Estado. Por eso ya van 117 detenidos, decenas de allanamientos y el anuncio oficial de que los capturados van a pasar entre 20 y 30 años en prisión.
Y, al margen de lo que pueda seguir sucediendo en Venezuela, la declaración de sesión permanente del Consejo Nacional de Defensa, como respuesta al supuesto complot, deja en evidencia que, aparte del lenguaje diplomático, las alarmas siguen prendidas y pocos saben qué pueda pasar después de este primer encontronazo entre dos gobiernos que representan posiciones antagónicas en la geopolítica de América Latina.
Conceptos
Magnicidio
"No me queda la menor duda de que los grupos paramilitares en Colombia están organizándose para realizar un magnicidio en Venezuela".
Hugo Chávez Frías
Presidente de Venezuela
Robo de armas
"Los detenidos en Venezuela pretendían robar armamento para atacar al presidente Hugo Chávez. Ellos dijeron que les habían pagado en Colombia $500.000".
Carlos Rodolfo Santiago
Embajador de Venezuela en Colombia
Operaciones militares
"Los capturados iban a ser desplazados a otros sitios de Caracas y del país, en donde recibirían armamento para desarrollar operaciones militares contra el Gobierno".
Miguel Rodríguez
Director de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip
Sin vínculo con Fuerzas Armadas
"Los capturados no tienen vínculo alguno con las Fuerzas Armadas. Rechazamos que Colombia esté metida en cualquier tipo de desestabilización en Venezuela".
María Ángela Holguín
Embajadora de Colombia en Venezuela
Ayuda de los vecinos
"Bien hace el gobierno de Venezuela en capturar a cualquier persona que esté delinquiendo en ese país. Necesitamos que los gobiernos de los países vecinos nos ayuden capturando delincuentes de Colombia".
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
Versiones irreales
"Sólo enfermos que quieren perpetuarse en el poder pueden alentar versiones tan alejadas de toda realidad".
Salvatore Mancuso
Jefe militar de las Auc