En América Latina políticas de Bush vinculadas con jerarquía católica

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Washington

Cerca de un millón de personas, la mayoría mujeres pero también hombres de distintas edades, condiciones de vida, raza/etnia, creencia religiosa y opción sexual, marcharon el pasado mes de abril en esta capital por la defensa de la autonomía sobre el propio cuerpo y por el derecho a decidir, que es lo mismo que luchar por los más elementales derechos civiles.

Se unieron a esta jornada representantes de organizaciones de más de 60 países que acudieron para demostrarse en solidaridad. Estuvieron allí, por ejemplo, compañeras uruguayas que forman parte de la campaña ciudadana que impulsa la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, según difunde la Red de Mujeres de Argentina (RIMA).

Las demandas voceadas en las calles y avenidas de Washington D. C. fueron muchas, pero en su esencia todas enfatizaban el concepto de la libertad de las personas para tomar decisiones sobre sus vidas sin ser objeto de presiones, coerción, violencia o mandatos, sea que procedan del Estado, de las iglesias o de otras instituciones. Subrayaban que todo ser humano constituye en sí mismo un sujeto de derecho y en tal condición debe ser respetado en todas sus expresiones y acciones.

Las y los manifestantes denunciaron que el gobierno del presidente George W. Bush, desde el inicio de su mandato ha puesto en jaque la vigencia de estos derechos no sólo en Estados Unidos sino en el resto del mundo y en especial a través de la reinstauración de la tristemente célebre Ley Mordaza, o Global Gag Rule, la cual constituye un serio contrasentido con todos los valores de la democracia.

Además ha presionando a gobiernos de todas las regiones para que se sumen a su campaña fundamentalista contra los derechos y la autonomía de las mujeres y la juventud, presión vinculada al imperio económico del país del norte que le otorga una posición de poder respecto de las naciones que dependen de su ayuda.

En el ámbito de Estados Unidos, Bush ha adoptado medidas regresivas tales como: avanzar hacia la prohibición del aborto, desincentivar el uso del condón como prevención del contagio de ITS/VIH/SIDA, al mismo tiempo que promueve la abstinencia como único método válido.

Además de colocar trabas para el acceso amplio a la anticoncepción de emergencia, dificultar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, desconocer los derechos de la juventud para ser atendidos en sus requerimientos de salud con confidencialidad y privacidad, etc.

La Ley Mordaza se reinstaló con todas sus fuerzas, prohibiendo la entrega de fondos federales a todas las organizaciones que ofrecen cooperación en el área de la salud reproductiva y de planificación familiar si realizan cualquier actividad relacionada con el aborto, incluso la entrega de información y orientación al respecto.

Se han hecho cálculos y estimaciones del profundo impacto que ha tenido esta política en las mujeres y los hombres más pobres de los países menos desarrollados que se han negado a aceptar presiones imperialistas, dado que han sufrido el recorte de la ayuda para servicios de planificación familiar.

Asimismo, en América Latina es posible observar cómo las políticas de Bush se han vinculado estrechamente con las campañas de la jerarquía de la Iglesia Católica, y en especial con la agenda del Opus Dei, de tal forma que ya han logrado que varios países avancen legislaciones y reformas constitucionales que reconocen el inicio de la vida desde la concepción, todo lo cual coloca en riesgo la vigencia del laicismo de Estado.

En esta región, con una población que se declara mayoritariamente católica, un importante porcentaje de las mujeres y las parejas usa métodos anticonceptivos modernos -rechazados por la Iglesia Católica- y además se realizan anualmente más de 4 millones de abortos, la gran mayoría clandestinos e inseguros, todo lo cual demuestra una enorme brecha entre el discurso eclesiástico y las prácticas de su feligresía.

Pero ante la próxima elección presidencial en Estados Unidos, hay grandes expectativas de cambios. La numerosa población latina residente en dicho país será un sector vital para los resultados finales.

Y en este sentido, hay que recordar que la población latina no solo es creciente y numerosa, sino también es más pobre y sus condiciones de vida son más precarias que la población blanca y, por ende, ha experimentado un mayor impacto con las políticas restrictivas impuestas por Bush en la salud, en el campo laboral, en la educación, etc. Por ello se espera que vote en rechazo de la actual administración y de un intento de reelección.

Y en el ámbito internacional no olvidemos tampoco que en las regiones donde se ha desarrollado el proceso oficial de seguimiento de Cairo + 10, los gobiernos han dicho No a las pretensiones de revisión de su Programa de Acción propuesta por Estados Unidos y, por el contrario, han reiterado su compromiso con sus acuerdos que dieron lugar al paradigma de la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. Esta postura de la comunidad internacional tiene un peso moral considerable, que debe también ser tomada en cuenta como juicio negativo respecto de la gestión y de la política de Bush en estos temas de tanta trascendencia.

Nuestra propia marcha

Uruguay y toda Latinoamérica y el Caribe viven hoy su propia Marcha por la Vida de las Mujeres. En las calles, en las organizaciones, en el ámbito público y privado, las mujeres y los hombres expresan su compromiso con el movimiento ciudadano que exige la aprobación en el Senado de la República uruguaya, la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.

Al igual que en Washington, D. C., se ha construido una conciencia ciudadana que demanda respuestas acordes con la realidad donde las muertes y las lesiones de mujeres por abortos realizados en condiciones de riesgo y por la falta de acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, son inaceptables.

Por ello, este proyecto de ley es un hito en las luchas democráticas de nuestro continente toda vez que exige la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos y reconoce a mujeres y hombres la calidad de sujetos de derecho sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre su reproducción y pone al Estado como garante de los mismos.

Sea cual fuere el resultado de la votación, el proceso nacional e internacional que ha acompañado a esta ley emblemática es ya una ganancia y un avance, puesto que ha abierto una conciencia pública y un debate que se está ampliando y extendiendo sin límites, y que nos permite decir:

¡No a las intromisiones de las iglesias, de los Estados o de las instituciones sobre el cuerpo y la vida de las personas! ¡No a los discursos fundamentalistas que coartan la libertad de pensamiento y de decisión!

¡No a la imposición de dogmas religiosos en las políticas de Estado! ¡No a las presiones políticas y económicas imperialistas sobre los gobiernos para que coarten la libertad de las personas! ¡Sí a la vida y a los derechos humanos de las mujeres!

2004/GV/SM