El gobierno de Vicente Fox ha terminado de quitarse las máscaras. Con tal de defender los intereses trasnacionales y oligárquicos a los que sirve, no cejará en su empeño por destruir -mediática, política o judicialmente- al jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y al proyecto alternativo de país que representa. A estas alturas poco le importa al Ejecutivo federal si en el afán citado causa un gravísimo daño a las instituciones de la República, si exhibe su gestión como el más faccioso ejercicio de poder de que se tenga memoria en el país, o si sus propias acciones dejan entrever una maraña de vínculos inconfesables entre el grupo en el poder con profesionales de la corrupción, como Carlos Ahumada, o con las mafias de la especulación inmobiliaria y sus abogados del tipo de Diego Fernández de Cevallos.

El discurso oficial alcanza nuevas cotas de trastorno bipolar, como la que ostentó la declaración de ayer del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien, en medio de la ofensiva judicial contra López Obrador, habló de manos tendidas y de puertas abiertas al diálogo por parte del régimen.

Si hicieran falta indicios de la descontrolada y visceral fobia hacia el gobernante capitalino, baste con ver la cantidad de actos hostiles emprendidos en su contra en días recientes: una demanda de controversia constitucional presentada por el propio Fox ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un asunto técnico y menor de regulaciones de recargas de agua tratada al manto acuífero metropolitano (13 de mayo); una esperpéntica pronunciada en Budapest; nuevos ataques verbales del secretario de Gobernación, al día siguiente; anteayer, la demanda de desafuero contra López Obrador por la Procuraduría General de la República (PGR), trámite a todas luces infundado y carente de asideros legales serios -como se documentó en las ediciones de este diario correspondientes al domingo y al lunes pasados- y, para colmo, errado y desaseado en su procedimiento, toda vez que no fue presentado a la instancia debida, que es la secretaría general de la Cámara de Diputados, sino a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ayer, una demanda de juicio político contra el procurador Bernardo Bátiz, presentada por diputados de Acción Nacional y, por parte del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, imputaciones contra las autoridades capitalinas -tan mal argumentadas, por cierto, que se cayeron por sí solas- en torno a la supuesta indolencia del GDF para arrestar a Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas de la ciudad.

La ofensiva propagandística y judicial contra las autoridades de la ciudad de México constituye el alarmante retrato de una facción que ha perdido el rumbo, la lucidez y el control de sí misma y del país. En su afán de eliminar a López Obrador de las elecciones de 2006 el foxismo ha generado dos incidentes diplomáticos absurdos -uno con Estados Unidos, por revelar información confidencial que le fue proporcionada por el Departamento del Tesoro, y otro con Cuba, por la decisión de La Habana de deportar a México a Carlos Ahumada- y ha sumido al país en un escenario de confrontación, desconfianza, crisis institucional y desgaste político sin precedentes.

Los amigos del Presidente despilfarran el presupuesto público con ofensiva frivolidad -sin más sanciones que la "renuncia" o el traslado discreto a otros cargos-; sus parientes gestionan y atestiguan "donativos" de Ahumada Kurtz -sin que la PGR se tome la molestia de indagar tales transacciones- y algunos correligionarios del Presidente, como Sergio Estrada Cajigal, se convierten en empleadores de narcotraficantes; por supuesto, al procurador Rafael Macedo de la Concha no se le ocurre, en tales casos, solicitar el desafuero y, si tal trámite llegara a ocurrir, Diego Fernández de Cevallos se adelanta a ofrecer asesoría jurídica "gratuita" al gobernador en apuros. El foxismo cree en las leyes y las instituciones sólo cuando le son de utilidad para atacar a sus adversarios políticos.

Tal es, para desgracia del país, el verdadero rostro del gobierno "del cambio", un gobierno que en tres años y medio ha agotado ya todas sus ocurrencias y al que los optimistas pueden hallarle, como única y circunstancial virtud, el que esté por llegar a su último tercio.