Brasil ha aceptado liderar la fuerza internacional de paz de las Naciones Unidas en Haití, a partir del próximo 1 de julio, cuando los Cascos Azules tomarán el relevo a la fuerza encabezada por EE.UU., que desplazó al Presidente Jean-Bertrand Aristide del poder el pasado 29 de febrero. Esta fuerza está compuesta actualmente por 3700 efectivos de EE.UU., Canadá, Francia y Chile.

Por su parte, el gobierno interino firmó un acuerdo, el 4 de abril, con partidos políticos (entre los que no se incluye el partido Lavalas de Aristide) y representantes de sociedad civil, para la realización de elecciones el año próximo. El presidente democráticamente electo asumirá el poder a más tardar el 7 de febrero de 2006.

La población, entre tanto, sigue sumida en condiciones de escasez y caos, ante la casi ausencia de servicios básicos y orden público. La capital se encuentra sin electricidad desde hace semanas y con la basura apilada en las calles. Se ha desatado una "caza de brujas" contra los partidarios de Aristide, muchos de los cuales están escondidos, mientras que decenas han sido asesinados. Las bandas armadas siguen haciendo la ley a su manera, especialmente en zonas del interior del país, donde aún no se ha nombrado a las nuevas autoridades locales. En ciertas zonas escasea la comida.

El gobierno del primer ministro interino, Gérard Latortue, lucha prácticamente sin recursos por restablecer un cierto orden en este país de casi 8 millones de habitantes. El gobierno saliente, enfrentado al congelamiento de unos $500 millones de ayuda internacional, luego de las acusaciones de fraude electoral, dejó un déficit presupuestario de unos US$ 100 millones de dólares. Buena parte de la infraestructura estatal se encuentra destruida luego de los motines de febrero -cuyos daños se estiman entre 100 y 300 millones de dólares- y se ha reducido a un mínimo la capacidad de recaudación de impuestos. La ayuda anunciada recientemente por EE.UU., de US9 millones para la democracia, que será administrada por la OEA, y otros $55 millones en ayuda económica y humanitaria, no deja de ser un monto irrisorio en relación al tamaño de las necesidades.

El desorden público se complica por la complacencia de las autoridades y de la llamada fuerza de paz con los rebeldes armados, que no apresuran su desarme. Estos, compuestos en su mayoría por antiguos militares golpistas y fuerzas paramilitares de la derecha, se regodean de la calificación de "luchadores de la libertad" que les reconoció Latortue, prometiendo integrarles a la fuerza policial. Ahora, uno de los líderes rebeldes, el ex coronel del ejército Remissainthe Ravix, reclama incluso la reconstitución del ejército. Ravix, quien dice comandar a 1681 antiguos soldados, pretende que "somos el ejército haitiano" que sería "una fuerza constitucional". El ejército fue eliminado por Aristide cuando reasumió el poder como presidente constitucional hace 10 años, luego de un intervalo de tres años de dictadura militar.

La complacencia de EE.UU. con las fuerzas rebeldes no es sorprendente cuando se ha mostrado evidencia de que este país las viene apoyando desde hace algún tiempo. A fines de marzo, se dio a conocer en Santo Domingo los resultados preliminares de una Comisión de Investigación sobre Haití, instaurada por el antiguo Fiscal General de EE.UU., Ramsey Clark, que indagaba sobre los acontecimientos de febrero. La Comisión reveló que los gobiernos de EE.UU. y República Dominicana habrían participado en el armamento y entrenamiento en ese último país de los rebeldes haitianos. La Comisión encontró que 200 soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses llegaron a la República Dominicana para participar en ejercicios militares en febrero de 2003; con autorización especial del presidente Hipólito Mejía, éstos se realizaron más cerca de la frontera que lo usual, en una zona desde donde los rebeldes estaban practicando ataques regulares en Haití contra instalaciones del Estado. Algunos centros de entrenamiento se encontraban en -o cerca de- instalaciones militares dominicanas. La Comisión recibió también varios informes del transporte de armas de la República Dominicana a Haití, por tierra o mar.

Inconformidad caribeña

Una fuerte polémica internacional se ha desatado en torno a la forma en que Aristide fue forzado a dejar el poder, y el rol de EE.UU. y Francia en ella. Muchos sectores, y en particular los gobiernos miembros de la Comunidad Caribeña, Caricom, además del gobierno de Venezuela, entre otros, no reconocen al gobierno interino. Consideran que EE.UU. y Francia perpetraron un golpe al obligar a Aristide a abandonar el poder, infringiendo la Ley internacional. Caricom ha amenazado pedir una investigación del caso en la ONU; toda vez, ha demorado en formalizar el pedido, dejando entrever que está sujeto a fuertes presiones para no darle paso.

La preocupación de los países de la región tiene, sin duda, fundamento. La historia del Caribe abunda en gobiernos derrocados al antojo de EE.UU., y Cuba y Venezuela en particular temen estar en la lista de una posible intervención estadounidense. Algunos analistas consideran, incluso, que EE.UU. anhela establecer una base militar permanente en Haití, como plataforma estratégica para intervenir con mayor agilidad en la región. Y de hecho una misión de diputados que visitó Haití recientemente regresó con la recomendación de que EE.UU. prolongue su presencia más allá de julio.

Aristide, entretanto, se encuentra en Jamaica, luego de su regreso de la República Centroafricana, donde fue llevado por un avión militar de EE.UU. el 29 de febrero. Se ha informado que Sudáfrica estaría dispuesta a recibirlo. Para el gobierno interino de Haití, su presencia en un país tan cercano resulta embarazosa. EE.UU., por su parte, mantiene la presión sobre el ex presidente. Cuando Colin Powell visitó Haití a mediados de abril, anunció que las autoridades estadounidenses investigarán los posibles nexos de Aristide con el narcotráfico, para saber si son ciertas las acusaciones de que se embolsó millones de dólares procedentes del narcotráfico -como lo denunció en febrero pasado un narcotraficante haitiano enjuiciado en Miami- o si solamente se hizo el desentendido para no interferir con las contribuciones de los narcotraficantes a sus programas sociales.

"La intervención confiscó nuestra victoria"

Al interior del país, muchos sectores sociales y democráticos mantienen una posición más matizada. Sectores sociales que venían reivindicando la salida de Aristide por corrupto y por su estilo dictatorial de gobierno, mantienen un apoyo crítico al gobierno interino al considerar que podría encaminar un proceso democrático en el país.

Las organizaciones haitianas miembros de la Asamblea de Pueblos del Caribe, que incluyen a organizaciones de derechos humanos, de desarrollo rural, de mujeres, de la iglesia popular, entre otras, emitieron un comunicado, el 15 de marzo, a sus contrapartes del Caribe, en el cual solicitan a éstos que denuncien la presencia de Aristide en Jamaica. Consideran que Aristide traicionó los objetivos e ideales del movimiento popular de 1986 (que derrocó al dictador Duvalier) y que su régimen aplicaba sumisamente los dictados de Washington y del FMI, y destruyó las instituciones del país y buena parte de su capacidad productiva.

Estas organizaciones piden a los amigos/as del pueblo haitiano que ayuden a consolidar el proceso actual, para lo cual identifican como prioridad a la lucha contra la actual ocupación militar de su territorio. Condenan las circunstancias en las que Aristide abandonó el país y la interferencia del Departamento de Estado en la política interna del país, así como la insurrección armada apoyada por la CIA. Denuncian que: "Las fuerzas estadounidenses intervinieron en Haití para desvirtuar y confiscar la victoria del Pueblo Haitiano contra la dictadura de Aristide", precisando que fue el propio Aristide, mas no el Pueblo Haitiano, quien pidió la intervención de tropas extranjeras.