Un nuevo riesgo se presenta para el Ecuador y nuevamente es programado por el mismo gobierno nacional. El caso es que en las reuniones realizadas entre el 14 y 15 de febrero en el Swishotel, entre personal de nuestras Fuerzas Armadas y miembros del Comando Sur de Estados Unidos incluyendo al General Hill, se establecieron peligrosos acuerdos. De manera concreta, allí se aprobó el documento "Ecuador Assistance Visit, COMACO Out-Brief, 14 Jan 04" y su "Matriz de Planificación", la que plantea objetivos como: control efectivo y seguridad en la frontera norte; interdicción marítima de los migrantes ilegales hacia USA; una Marina y Policía en capacidad de confrontar y desarmar a los indocumentados, grupos ilegales y terrorismo naval; control de tráfico ilegal y migrantes sin papeles a los que califican de "inserción terrorista"; capacidad de conducir operaciones bilaterales contra amenazas terroristas; y "protección a ciudadanos norteamericanos y ecuatorianos e infraestructura crítica".

Más concretamente, en el Capítulo "Aportes ecuatorianos a la Matriz de Planificación" (Ecuadorian Military Input to Planning Matrix), se menciona dentro de las medidas de "Seguridad portuaria" (Seaport Security): "El establecimiento de un destacamento de aviación y facilidades portuarias en Galápagos", cuya tarea sería de brindar facilidades para acciones en la frontera norte y en vinculación con los puertos de Guayaquil, Manta, Machala y Esmeraldas, que son mencionados directamente.

Las intenciones están a la luz del día. Y ahora tiene más sentido que en el 2003 las maniobras UNITA incluyeran a Galápagos donde, aunque las maniobras hayan tenido menos naves y ejercicios de los planteados inicialmente gracias a los reclamos desde el Ministerio del Ambiente y organizaciones ambientalistas, los norteamericanos hicieron "labor comunitaria" para ganarse la amistad de la población.

Coincidentemente, se conoce que el Juez 2do de lo Civil de Santa Cruz, Teófilo García Franco, resolvió el año pasado, en un proceso de apenas 19 días calendario, entregar como propiedad de la FAE a la Isla de Baltra. Con ello, es lógico que lo que quieren es evitar hablar de un nuevo acuerdo internacional, que debería ser debatido en el Congreso, y permitir la presencia militar yanqui en función de cualquier acuerdo macro como el que se quiso utilizar para poner las tres bases que calificaron de centros de acopio para prevenir el Fenómeno del Niño. Acá, con esa misma lógica, bastará un acuerdo de militares a militares para iniciar operaciones conjuntas.

Para ello utilizaron el Decreto Supremo 321 expedido por la dictadura velasquista en febrero de 1971, en la que se declara propiedad del Estado los inmuebles que "hasta la presente fecha" (es decir febrero del 71) están en posesión de las Fuerzas Armadas. No se dio cuenta tampoco de que la FAE solo tiene una pequeña base, no toda la isla de Baltra y que incluso el Aeropuerto corresponde, como los demás del país, a la Dirección de la Aviación Civil que no es parte de las Fuerzas Armadas. No se consultó a las partes, pues ante la ausencia del Procurador se declara en rebeldía al Estado para tomar la decisión y se rompe toda la legislación especial creada para la administración de Galápagos. La ilegalidad cometida solo demuestra con más fuerza la amenaza existente. Ante ella, antes de que una base yanqui se instale, todos los ecuatorianos debemos ratificar que Baltra es nuestra y que Galápagos, por sus características, debe quedar al margen de todo lo bélico, ratificando su valor para la vida y no para la muerte vestida de una bandera que no es la nuestra.

*Edgar Isch L.
Ex Ministro de Ambiente