Evandro Bonfim
ADITAL

Los últimos dos días en Colombia han sido de intensas negociaciones entre la administración del presidente Alvaro Uribe y los miembros del Estado Mayor Negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la concertación de la zona de ubicación en Tierralta, Córdoba. Esta área tendrá vigencia mínima de seis meses, pero hay perspectivas de prorrogación del plazo al encargo de los paramilitares, quienes tendrán carta blanca del gobierno para actuar en el territorio asignado de 368 km² al norte del país.

'Durante la vigencia de la zona, se suspenden las órdenes de captura y las operaciones ofensivas contra los miembros de los grupos de autodefensa que se encuentren dentro del territorio delimitado', determina el gobierno conforme los términos del acuerdo entre el Alto Comisionado para la Paz, órgano del Estado colombiano, y las AUC. Aunque el espacio cedido no sea tan extenso, con esta medida la zona de ubicación puede convertirse en un paraíso legal al cual los paramilitares podrán afluir en caso de infracciones.

El tratado ha sido resultado de reuniones entre las partes ocurridas ayer, día 13 de mayo y miércoles, día 12, en Santa Fe de Ralito, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Iglesia Católica, que están encargadas de fiscalizar la existencia de la zona paramilitar.

Nuevo pacto entre gobierno y paramilitares

Los tratados, entre el actual gobierno colombiano y paramilitares, son antiguos tanto en el ámbito oficial como con relación al negado vínculo oficioso entre ejército nacional y mercenarios. Mientras Uribe desconsidera las invitaciones a negociar acuerdos de paz con organizaciones guerrilleras, como en el caso del canje humanitario, éste es el segundo pacto firmado entre el presidente y las AUC, pese el rotundo fracaso ya del anterior que previa el cese de hostilidades y la progresiva desarticulación del grupo armado.

El gobierno colombiano divulgó en febrero de este año el balance con los resultados de la tregua acordada entre los paramilitares y Uribe. El documento abarca el periodo de diciembre de 2002, cuando los paramilitares manifestaron la voluntad de acogerse a la oferta de paz del gobierno, declarando un cese de hostilidades, hasta diciembre del año pasado, con vistas a lograr la desmovilización total de los grupos paramilitares antes del 2006.

Pero en estos doce meses el reporte revela que las infracciones al cese de hostilidades atribuidas a los grupos de autodefensas corresponden a 362 homicidios y 16 casos de masacres. Además, durante el mismo período, según la organización Fondelibertad, los grupos de autodefensa serían responsables de 180 casos de secuestro.

Por cuenta de estos hechos admitidos por el propio gobierno, se ha conformado el reciente tratado, que tiene como objetivo 'la definición de un cronograma de concentración y desmovilización de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y contribuir al perfeccionamiento y verificación del cese de hostilidades', es decir, una nueva chance para que los paramilitares se rehabilitaran, según cree Uribe, pero con jurisdicción sobre una parte del territorio colombiano.

Sin embargo, el acuerdo reafirma la vigencia de las leyes colombianas en la zona de ubicación y exige el respeto a la población que habita la región. Además, el tratado prohíbe formalmente los paramilitares de desarrollar entrenamiento armado, aunque ellos puedan portar armas y municiones desde que registradas por la OEA, que también cuidará del tránsito de paramilitares para dentro y fuera de la zona.

Todavía ni el cumplimiento de estas normas ni la verificación hecha por el organismo interamericano podrán ser fácilmente observados por la opinión pública. Para mantener la 'confidencialidad concertada en la negociación y objetividad en la información publica', según el texto del acuerdo, la Misión de la OEA deberá controlar el acceso de medios de comunicaciones y el flujo de informaciones de la zona. Se debe destacar que el cargo de secretario general de la OEA es ocupado por el ex presidente colombiano César Gaviria, que ya ha sufrido acusaciones de actuar de manera arbitraria con relación al conflicto del país sudamericano en nombre de la organización.

Más militarización y desplazamiento a vista

Aunque el gobierno diga que el acuerdo con los paramilitares debe 'facilitar la participación ciudadana y contribución de los colombianos al proceso', el clima en el país es de aprehensión y la preocupación de la comunidad internacional se amplía con las perspectivas de militarización que corren paralelas a estas negociaciones, resultando en más desplazamientos.

La principal arremetida hacia la intensificación de los conflictos está siendo el 'Plan Patriota', que pretende enviar alrededor de 15 mil soldados contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las regiones de más difícil acceso controladas por la guerrilla al sur del país. Se estima el aporte de 110 millones de dólares del Plan Colombia para esta ofensiva, que contará además con el emplazamiento de contratistas, personal mercenario militar contratado especialmente por el gobierno de EEUU, nueva táctica para evitar perder soldados en guerras ajenas.

Incluso la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha confirmado la mayor presencia de militares del país directa e indirecta en Colombia. El órgano legislativo decidió aumentar de 400 para 500 el número de efectivos con nacionalidad estadounidense y eliminar el límite para la presencia de contratistas privados en el país.

Toda esta movilización está implicando el recrudecimiento de los embates entre ejército, guerrilla y paramilitares. De acuerdo a un comunicado de las FARC, sólo en los primeros veinte días de abril han muerto 202 militares de las Fuerzas Militares de Colombia y otros 249 heridos en enfrentamientos con las diferentes unidades de las FARC que hacen parte del Bloque Oriental. El país está divido en dos frentes de guerra: el este y el oeste, cada cual sobre la responsabilidad de un bloque de la organización guerrillera.

Aún conforme con el documento, las FARC reconocen la muerte de quince de sus combatientes y de otros diez heridos, desmintiendo declaraciones del gobierno de que los embates han representados grandes bajas para las FARC. De ahí se entiende la ampliación de la ayuda militar estadounidense y la retomada de los acuerdos con los paramilitares, que siguen batallando en contra la guerrilla y provocando advertencias de la Organización das Naciones Unidas (ONU) delante de los impactos de las escaramuzas de esta pluralidad de actores armados.

También en abril un equipo humanitario de la ONU en Colombia afirmó temer el aumento de desplazamientos de la población civil en el departamento del Chocó si el gobierno no interviene para restaurar la seguridad. Según la misión conjunta de cinco agencias de la ONU que se encuentran en esa región en el noroeste del país, unos 1.200 indígenas de la etnia Emberá han sido desplazados.

En esa zona se han registrado enfrentamientos entre las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia. La región selvática del Chocó es considerada como un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está exigiendo a los grupos armados guerrilleros y paramilitares de Colombia que respeten a la comunidad indígena Paez. Los Paeces fueron víctimas de varios ataques que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Toribio, a 500 kilómetros de Bogotá, por parte de las FARC y los paramilitares.

De acuerdo a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el problema de desplazamiento atinge a 816 municipios de los 1.100 que tiene Colombia, es decir el 75% del país. Según estimativas del organismo, casi un millón de personas ha sido forzada a emprender el éxodo interno por cuenta de amenazas a propia vida en virtud del conflicto.