Después de tres años, la justicia ha fallado en el caso de los irlandeses acusados por la Fiscalía de "entrenamiento a las FARC en actividades ilícitas" y uso de documentos falsos. Por la primera acusación fueron absueltos; por la segunda condenados. El juez, un hombre recto e independiente, consideró que los argumentos de la Fiscalía sobre entrenamiento no eran sólidos. En efecto, se basaban en el testimonio de un oficial del ejercito que de "oídas" supo que los irlandeses entrenaban a las FARC; en testimonios falsos de dos ex guerrilleros que buscaban prebendas; en el de un inspector de policía local que tampoco dio pie con bola; en vestigios de materiales explosivos en la ropa de los implicados que nunca pudieron ser comprobados técnicamente; en una comunicación radial borrosa entre subversivos que tampoco fue aceptada como prueba. En general, un caso montado con una tosquedad que delata, ante todo, la ignorancia que en materia jurídica tienen los militares, puesto que todas las pruebas fueron facilitadas directa o indirectamente por ellos mismos.

Igualmente queda claro el "segundazo" de la Fiscalía al tratar de trasformar en evidencia lo que eran meros indicios. Que un capitán ensaye esta alquimia podría entenderse, pero que todo un fiscal que ha estudiado leyes lo haga, muestra que la institución no es sólo manejada con criterios políticos sino que se ha convertido en un sórdido instrumento de los militares. Los uniformados prestan poca atención a las mediaciones lógicas del derecho porque sus argumentos son siempre de autoridad y están acostumbrados a que se obedezcan.

Lo triste -y peligroso- es que una instancia civil lo haga con tal servilismo.

En realidad de verdad el juicio no era contra los irlandeses. Era contra la zona de despeje, contra el proceso de paz. Por los mismos días en que cogieron a los irlandeses se sindicó a la ETA de estar apoyando la Caravana por la Paz, que decían que no era otra cosa que un recurso para limpiarle la imagen al ELN y en efecto, el show montado por los generales Tapias y Mora para eso sirvió. Quizás hasta sabían los generales que en el juzgado las pruebas serían deleznables, pero ante la opinión pública su alegato cumpliría la función, porque ahí los titulares de prensa hacen las veces de jueces y no necesitan demostración. Un simple juego de imágenes, un rápido cambiazo de mensajes subliminales y ya está: los irlandeses eran del IRA; la inteligencia militar los seguía; sus ropas estaban impregnadas de sustancias explosivas; el uso de los cilindros como morteros es una enseñanza del IRA; donde dice "salchichón" -en las comunicaciones radiales- debe entenderse misil tierra aire para derribar aviones norteamericanos... en fin, toda la fantasía paranoica puesta al servicio de un objetivo político: mostrar el área despejada como un santuario del terrorismo internacional. Que ese hubiera sido el propósito militar, era hasta comprensible.

Lo que es vergonzoso es el papel que los medios cumplen en el manejo de la información, la manera como se pliegan a los propósitos castrenses, sabiendo de ante mano el daño que le causan al país y lo que en sangre cuesta la manipulación de la opinión publica. El caso de los irlandeses debería advertirle al país sobre la manipulación mañosa que el gobierno hace de la información relacionada con el conflicto armado. Si las cifras que se aducen para mostrar que el orden público está a punto de ser controlado son hechas con la misma metodología con que elaboran las pruebas jurídicas, estamos ante una farsa. No hay derecho a que los medios sustituyan a los jueces, y menos a que los militares instruyan procesos judiciales.