El Presidente Uribe Vélez se enfrenta al problema provocado por el atentado a Carlos Castaño y al dilema derivado de no reconocer que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son una organización criminal ligada directamente a la mafia italiana y al antiguo cartel de Cali.

Y no lo reconoce porque las implicaciones del Gobierno y del Presidente en el surgimiento de las AUC son conocidas por las policías de todo el mundo, por más que la política exterior colombiana las quiera disfrazar con operaciones de imagen que atacan a los organismos y activistas de derechos humanos.

El punto siete del comunicado presidencial que dice textualmente "La extradición no es tema de negociación. Quienes quieran evitarla, deben demostrar a la comunidad internacional su buena fe y propósito de enmienda", muestra bien a la claras la inviabilidad del discurso del Estado colombiano, porque de eso se trata.

Es inaceptable que la máxima autoridad de un Estado diga que para no ser extraditado deben demostrar "su buena fe y propósito de enmienda", como si de una reprimenda a Boy Scouts se tratara. Podría pensarse incluso que son frases sacadas del metalenguaje mafioso italiano.

Las normas del derecho penal internacional no dependen, por suerte, de la buena fe de los narcotraficantes colombianos, dependen de las pruebas que se hayan presentado ante un juez y de la gravedad de las acusaciones; las organizaciones criminales mafiosas tienen entre sus cualidades intrínsecas la falta de buena fe y su finalidad es el delito, no la beneficencia.

Uribe Vélez y Pacho Santos deben entender que existe un avance importante en el estudio de la economía del crimen organizado, de la teoría del estado y las organizaciones criminales, e incluso, análisis tan sofisticados como el costo de la transacciones financieras de la mafia italiana, y que por lo tanto un discurso como el del presente comunicado puede ser considerado una ofensa a la razón y la buena fe de muchas organizaciones que llevan años haciendo frente a este fenómeno criminal que ha costado muchas vidas, incluida la de personas que, como el juez Falcone, en Italia, sabían que les iba la vida en ello. No es casualidad que Pino Arlacchi titulara precisamente una de sus obras, sobre las confesiones de Antonino Calderone, "Los hombres del deshonor", un libro clásico en la lucha contra la mafia.

Pero más terrible es que se oculte al pueblo colombiano que una organización mafiosa como la N'Drangheta, que es uno de los modelos de organización criminal, es la que está negociando en condiciones de igualdad jurídica con el propio Estado colombiano, y que es a este tipo de organización criminal a la que el Jefe del Estado le pide un ejercicio de "buena fe y propósito de enmienda".

Mientras tanto, el propio comunicado condena toda posibilidad de negociaciones con las FARC sobre la base de la tautológica "política de seguridad democrática", como si un Acuerdo Humanitario o un canje de prisioneros no estuviera previsto en el Derecho Internacional Humanitario.

Este comunicado presidencial no es más que el definitivo reconocimiento de que Colombia se ha convertido en una "narcodemocracia", sólo comparable a la Birmania del Triángulo de Oro de la década de los 70 o al Afganistán de la década de los 80.

Por más que las agencias de imagen, con el apoyo de los servicios de inteligencia militares agrupados en las embajadas europeas de Madrid, Bruselas y Lisboa, preparen giras y seminarios para facilitar la presentación maquillada del Estado colombiano, la verdad es imposible de ocultar.

Texto del comunicado de la Presidencia de Colombia http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/uribe13.html