Eduardo Andrade Bone
La Fogata

Ya lo decíamos en su oportunidad, hay que tener "autoridad moral", para condenar a otros, sobre presuntas violaciones de los derechos humanos. Y precisamente los países latinoaméricanos que participaron de las condenas a Cuba, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre ellos Chile, utilizados por los Estados Unidos, para desplegar su política inmoral y agresiva en contra de Cuba, no son precisamente los llamados a dar lecciones de democracia y respeto a los derechos humanos en cual- quier parte del mundo.
Ahora sería interesante saber que piensan los Gobiernos lacayos de EE.UU. que votaron en contra de Cuba en la ONU, ante la conducta asumida por los campeones de las tortu- ras en Irak, Afganistán y el Campo de Concentración de Guantánamo, que están sumidos además en un escándalo internacional de imprevisibles consecuencias, ante el genocidio desatado contra el pueblo de Irak .
Amnistía Internacional, precisamente en estos días ha elaborado un informe en el cual señala que faltan pasos concretos para el fin de la tortura en Chile. El informe agrega que la prohibición de la tortura en la legislación vigente no es suficiente: "Deben adop- tarse medidas concretas para impedir que continúe esta práctica atroz, ha indicado AI" en vísperas de la presentación del examen del informe periódico de Chile por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.
El documento al margen de reconocer que durante los últimos años las autoridades chilenas han realizado una serie de iniciativas que permitan la protección real de los derechos humanos, aún continúan recibiéndose denuncias de torturas y malos tratos en Chile, acentúa el prestigioso organismo internacional.
El informe indica además que el "país todavía no ha adoptado todas las medidas nece- sarias para poner en práctica las obligaciones que han contraído en virtud de la Con-vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que es el Estado es parte".
"Amnistía Internacional espera que todos los casos de tortura sometidos al estudio de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura sean examinados y que se propor- ciones a la víctimas el reconocimiento oficial y la reparación que esperan desde hace más de 20 años", afirma la entidad.
La Institución ha sostenido que "la tortura y los malos tratos no son sólo una cuestión del pasado: todavía constituyen una práctica generalizada en todo el país. Las medidas adoptadas por el gobierno chileno, como la reforma de los procedimientos penales ini- ciada en diciembre del 2000 y la tipificación de la tortura como delito en el derecho in- terno en 1998, deben ahora reforzarse con pasos concretos para que Chile pueda erra- dicar la tortura de una vez por todas".
Una comisión de AI, que visitó Chile en marzo del 2003, señaló que el hacinamiento y otras condiciones de reclusión en las cárceles chilenas son caldo de cultivo de la tortura y los malos tratos. Recordemos además, que anteriormente en informes elaborados por otros organismos independientes, también han llamado la atención sobre la situación generalizada de violación de derechos humanos de los reclusos, que existen en las cár- celes chilenas.
"En enero del 2003, los presos vinculados a hechos políticos que están en la cárcel de Colina II, en la capital chilena, fueron golpeados brutalmente y empapados con agua por guardias penitenciarios y miembros del Grupo Especial Antimotines. También se han recibido denuncias de torturas a manos de los propios militares".
El documento expresa además "que no es raro que los conscriptos que cumplen el servicio militar obligatorio sean sometidos a castigos que constituyen tortura y malos tratos. Cristóbal Auger Hinrishen, de 19 años, ex cadete de la Escuela Militar, fue some- tido a malos tratos por sus superiores en febrero y marzo del 2002. Actualmente el ex cadete sufre estrés postraumático.
Amnistía Internacional ha informado que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura estudiará el tercer Informe periódico de Chile sobre las medidas legislativas administrativas y judiciales y otras que ha adoptado este Estado para aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Además el organismos internacional ha enviado al Comité una recopilación de sus diversos motivos de preo- cupación relativos a la tortura y los malos tratos en Chile.
Finalmente cabe señalar que en Chile, existen aún, un engéndro legal llamado Constitu- ción del 80, elaborado por los esbirro de la dictadura y con la cual los gobiernos de la coalición de partidos denominados la Concertación, han gobernado sin asco, con un estamento legal ilegítimo, y que no ha permitido que se le devuelva la soberanía al pueblo chileno, y que en su seno sigue permitiendo la violación de los derechos huma- nos en Chile.
Actualmente hay en Chile, alrededor de 15 presos políticos mapuches y más de un cen- tenar se encuentran en libertad condicional. Algunos comuneros mapuches se encuen- tran con "prisión domiciliaria". Más de 400 están procesados a la espera de ser condena- dos por la racista "justicia" chilena.
En la cárcel de Alta Seguridad de Santiago hay 22 presos políticos y otros se encuentran repartidos en diversos lugares de reclusión, totalizando una cifra de 33 presos políticos en cárceles chilenas. Otros presos políticos chilenos se encuentran en cárceles del Perú y Brasil constituyendo un total de 44 PP.
Pero no sólo Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la situación de torturas en Chile. El Comité de Torturas de la ONU, hace tan solo algunos días atrás recibió la denuncia de cuatro organizaciones no gubernamentales chilenas, en la que de- nuncian que la policía de este país no ha dejado de utilizar los malos tratos, a pesar de la instauración de la "democracia" en Chile.
Las denuncias fueron efectuadas por la organización de los Derechos Femeninos "La Morada", el Instituto de la Mujer y las ONG "Opción" y "Cintras". En sus aspectos gene- rales más importantes se destaca que el 93% de los jóvenes detenidos son sometidos a golpes y palizas brutales. El 20 % han sido víctimas de intento de asfixia con bolsas de plástico. Un 13 % han sido colgados y un 8% se les ha aplicado electricidad. La mayor parte de las denuncias realizadas terminan en la "justicia militar" y los responsables de los abusos son posteriormente absueltos.
En lo que respecta a las denuncias realizadas a la Comisión Nacional Sobre Prisión Polí- tica y Tortura, ésta solo ha reconocido aquellas violaciones de los derechos humanos ocurridas en recientos oficiales, vale decir cuarteles militares, centros de detención y cárceles, hechos que solo hayan ocurrido en la época de la dictadura.
Las ONG denunciantes además señalan, que de acuerdo a cifras oficiales, 104.000 per- sonas fueron sometidas a torturas durante el periodo que va desde el año 1973 hasta 1990 (dictadura militar) ,pero solo 28 mil personas han realizado las denuncias. Tam- bién se destaca que muchas mujeres fueron violadas en sus casas por los miembros de los aparatos represivos de la dictadura, otras sufrieron vejaciones sexuales en los cen- tros de detención clandestinos y campos de concentración. Sin embargo el Gobierno del Sr. Ricardo Lagos no acepta esas denuncias porque no ocurrieron en prisiones y que la "violación y el abuso sexual no es considerada una tortura".
Las ONG destacan además que las prácticas de tortura en Chile han sido consecuencia de la impunidad reinante por los crímenes cometidos durante el régimen militar. Ahora la concesión de beneficios especiales a los violadores de los derechos humanos, que cola-boren entregando información, no es otra cosa que estar negociando impunidad, por un poco de verdad. Para así, cerrar definitivamente la situación de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura, dando definitivamente por superada ésta etapa siniestra de la historia reciente de Chile. Sin embargo, la propuesta de derechos humanos del gobierno de Ricardo Lagos, en su esencia, lo único que pretende es precisa- mente eso, cerrar su gobierno legalizando la impunidad con el beneplácito de la derecha pinochetista (UDI-RN).