El Ejercito perdió la escasa confianza que tenía en el endeble e improvisado gobierno de Carlos Mesa, el neoliberal que llegó a la Presidencia con la rebelión inconclusa de octubre y que hoy no es garantía ni para los de arriba ni para los de abajo.

En una abierta insubordinación, los militares, que no acatan un fallo inapelable del máximo Tribunal Constitucional de Bolivia, le reclaman a Mesa que cumpla el compromiso que asumió después de la insurrección popular, cuando garantizó que las Fuerzas Armadas no serían hostigadas ni sus miembros investigados por su actuación en las masacres de febrero y octubre del 2003. Una tarea que luce casi imposible para un Presidente que no tiene apoyo parlamentario estable, ni tiene partido político detrás de él, y tampoco controla el Poder Judicial como usualmente lo hacen los que gobiernan Bolivia.

Mesa, que asumió el cargo el 17 de octubre por ser vice del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por la rebelión popular, había hecho promesas contradictorias y contrapuestas tanto a los militares como a la población masacrada por los uniformados.

A pocos días de su posesión, en una concentración en la ciudad de El Alto, donde los militares descargaron fuego, muerte y metralla, Mesa prometió que no daría paso "ni a la venganza ni al olvido". "Justicia", dijo ante las masas dolientes de El Alto, que aceptaron con lágrimas y aplausos el compromiso oficial de castigar a los gobernantes y militares que dejaron en septiembre y octubre más de 80 muertos y casi 400 heridos a bala.

Pero esa promesa de "justicia" se tradujo, a las pocas horas, en la decisión de encargar al Congreso Nacional, dominado en sus dos tercios por militantes de los partidos neoliberales que gobernaron con el genocida de Sánchez de Lozada, la potestad de enjuiciar o no al ex Presidente fugado a los Estados Unidos. La "justicia" de Mesa era encargar a los verdugos que se enjuicien a si mismos.

Así, anulada la posibilidad de un juicio independiente contra Sánchez de Lozada, se cerraba también la posibilidad de enjuiciar a los militares que por orden del ex presidente habían ensangrentado al país en octubre. Y para que no queden dudas, Mesa ratificó al Alto Mando Militar que condujo la represión y la masacre.

Todo estaba encarrilado para mantener la impunidad hasta que la pasada semana un fallo del Tribunal Constitucional instruyó que cuatro militares acusados de haber disparado y asesinado a una enfermera durante la rebelión cívico policial de febrero sean juzgados por la justicia civil, dejando sin efecto la absolución que éstos tuvieron en la Justicia Militar.

Este fallo crea jurisprudencia y reabre la posibilidad para que otros militares que dispararon contra el pueblo desarmado en febrero y octubre sean también enjuiciados.

De inmediato, esta decisión irrevocable del Poder Judicial fue desacatada por los militares, que se acuartelaron y, en traje de combate, presionaron a Mesa durante todo el fin de semana y este lunes para revertir el fallo inapelable de la justicia.

En el entorno íntimo de Mesa, había la certeza de que el fallo, que abre la posibilidad de impartir algo de justicia en un país donde la regla es la impunidad, tenía una finalidad "desestabilizadora".

"Yo estoy convencido de que en todo este proceso de desestabilización está la mano negra de Sánchez de Lozada (...) Él ha sido el que ha ordenado disparar en octubre", dijo Gregorio Lanza, alto funcionario gubernamental que cree que el fallo del Tribunal le abre un nuevo y peligroso conflicto al Presidente.

Desde ya, con el acuartelamiento militar, todas las labores de control y despeje de las carreteras están ahora en manos de la Policía, tal como aseguró el comandante de esta fuerza, el general Jairo Sanabria. Lo mismo acontece con el intenso patrullaje en las ciudades, controlando muy de cerca las movilizaciones y manifestaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que también condenó la insubordinación militar que podría agravarse en las próximas horas.

Para el diputado cocalero y jefe del progubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el Presidente Mesa debería cambiar de inmediato al Alto Mando Militar. "Están cometiendo el delito de sedición y deberían ser procesados", dijo.

Hasta el anochecer de este lunes no se conocía la decisión de Mesa, pero se mantenían la incertidumbre y los rumores sobre un posible golpe de Estado. Ante esta eventualidad, el líder de la COB, Jaime Solares, instruyó la profundización de la movilización social no sólo para lograr la nacionalización del gas y acabar con el neoliberalismo, sino también para enfrentar y derrotar a los militares fascistas.

"Como en febrero y octubre, sólo con la movilización, con la huelga general y el bloqueo de caminos vamos a derrotar a los enemigos del pueblo", aseguró.