Marcha Bloque Oriente "María Esther Chiqueno Picanerai"

http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/gmarcha1.html

Después de 12 reuniones con diferentes representantes del Gobierno nacional, desde el 24 de abril hasta ayer 11 de mayo, para que nos den soluciones a nuestra Plataforma de Demandas, los resultados son frustrantes para nuestras organizaciones: Engañando a la opinión pública general y anunciando diariamente que esta Gran Marcha "ya ha firmado un acuerdo con el Gobierno", la verdad de la situación es bien distinta: Respecto al tema del saneamiento agrario de nuestras comunidades, sindicatos y territorios indígenas, las demandas consistían en que el Gobierno acelere actuaciones procesales detenidas arbitrariamente por el anterior INRA desde hacía varios años. Estas actuaciones procesales representan muchas veces la dictación de resoluciones administrativas del INRA para propietarios terceros, inspecciones a campo, notificaciones o franqueo de fotocopias legalizadas. Era de esperar que, después de varios días de caminata y ante planteamientos tan lógicos como justos las autoridades se allanen a estas peticiones.
Sin embargo tres temas centrales respecto al proceso agrario han quedado irresueltos: 1º.- Anulación del Convenio CAO - CONFEAGRO - GOBIERNO, de fecha 5 de abril de 2004.- Se solicitó que el Gobierno se comprometa a promover ante el Parlamento un proyecto de ley derogatorio de la Ley Nº 2493 aprobada por Sánchez de Lozada en agosto del 2003. La Disposición Adicional Segunda de esa Ley, de forma arbitraria e ilegal pretende establecer que la Función Económico Social en el saneamiento agrario sea probada mediante los Planes de Ordenamiento Predial (POP), hechos por un consultor pagado por el propietario y homologado por la Superintendencia Agraria y no ya mediante verificación que el INRA hace en las pericias de campo, en flagrante violación a la Constitución y la Ley y con la intención de evitar controles para consolidar latifundios improductivos.
La Marcha solicitó al Gobierno elevar a rango de resolución administrativa del INRA, una comunicación interna que reafirma los principios constitucionales y legales de que la pericia de campo y verificación en terreno es el principal medio de comprobación de la Función Económico Social (FES). Nosotros queremos que se impida de esta forma consolidar el latifundio improductivo, y que no sean papeles como certificados de vacuna, conciliaciones ilegales y los Planes de Ordenamiento Predial los que prueben la existencia de trabajos agrarios para la consolidación de los predios.
Finalmente habíamos exigido la no reglamentación de la Disposición citada de la Ley 2493, solicitando el compromiso expreso del Gobierno de no dar más seguimiento a este acuerdo irresponsable y sectario, y que se comprometa formal y públicamente a no dictar ninguna disposición legal que pretenda operativizar la Disposición indicada.
Pero ante esto, el Gobierno, más allá de los compromisos verbales, no ha dado cumplimiento a ninguno de estos planteamientos, que son fundamentales para el destino de las tierras en el país y la reconducción del proceso agrario en su conjunto, el que se vería gravemente distorsionado. Por el contrario, a través de sus funcionarios sobrevivientes del anterior régimen, TIENEN PREPARADO UN DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 2493 PARA OPERATIVIZAR EL POP Y SIGUEN DANDO APLICACIÓN AL CONVENIO CON LA CAO, RIÉNDOSE DE NOSOTROS, DE NUESTRA MOVILIZACIÓN.
2º.- Recorte de las concesiones forestales sobrepuestas a los territorios indígenas, que debe realizar el INRA dentro del proceso de saneamiento: Existen varias concesiones forestales entregadas en 1997 por sobre comunidades, TCO, y sindicatos campesinos y núcleos del MST. Por ello la Ley INRA, el reglamento de la Ley Forestal y finalmente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de 5 de mayo de 2000, indican clara y expresamente que estos conflictos de sobreposición se deben resolver en el marco del proceso de saneamiento, por la autoridad competente que es el INRA y haciendo prevalecer los derechos agrarios de comunidades, TCO, sindicatos, propiedades agrarias, por sobre los contratos o concesiones forestales.
Nuestra demanda es entonces concreta, exigimos que el INRA, en aplicación a la normativa citada, dentro del proceso de saneamiento, libere nuestras comunidades y territorios de las concesiones sobrepuestas, y se nos consolide esa superficie sobrepuesta.
Los territorios que actualmente se encuentran con problemas gravísimos de sobreposición con concesiones forestales y para los cuales pedimos una solución inmediata, puesto que el INRA tiene competencias administrativas para ello son: TCO MONTE VERDE, TCO BAJO PARAGUÁ, TCO PANTANAL, TCO GUARAYOS, TCO ESECATATO AUNA KIICSH (Chiquitana de San Rafael de Velasco).
Sin embargo, acorralado por los intereses de madereros (Familias Antelo, Roda, Roig, y otros barones de la madera) e instituciones internacionales que les apoyan (Cooperación EEUU, Suecia, Holanda, Dinamarca y otros países), EL GOBIERNO SE RESISTE A OBSERVAR LA LEGALIDAD AGRARIA VIGENTE, PUESTO QUE A TRAVÉS DE SU OBSERVANCIA ESTRICTA, RECUPERARÍAMOS NUESTROS BOSQUES ANCESTRALES ATRAPADOS DENTRO DE LAS CONCESIONES, queriendo llevar este conflicto fuera del proceso de saneamiento inviabilizando la solución legal, justa e inmediata a nuestra demanda.
3.- Dotación y redistribución de las tierras declaradas fiscales y las improductivas a indígenas, campesinos, originarios y del MST que no tienen tierras o a poseen insuficientemente.
Nuestra demanda concreta fue que se aprobara un Decreto Supremo que establezca literalmente que todas las tierras declaradas fiscales hasta la fecha y las que sean en el futuro, quedan exclusivamente destinadas a su dotación a favor de pueblos y comunidades indígenas y originarias, comunidades campesinas y de colonizadores, así como familias sin tierra.
La demanda hasta la fecha no tiene respuesta concreta, significando que las tierras fiscales irán a engrosar las posesiones de los terratenientes ilegales, relegándose una vez más nuestro anhelo de vivir con tierra suficiente para desarrollarnos como bolivianos.
Ante esta grave situación y con el dolor que nos ha provocado la muerte de nuestra hija María Esther Chiqueno Picanerai, nos vemos obligados a determinar lo siguiente: 1.- Continuar la Gran Marcha del Bloque Oriente hasta la consecución de nuestros objetivos centrales plasmados en nuestra plataforma de demandas.
2.- De inicio al procedimiento parlamentario para aprobación de una Ley abrogatoria de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Nº 2493 de 4 de agosto de 2003.
3.- Liberación de las sobreposiciones de nuestros territorios Monte Verde, Bajo Paraguá, Pantanal, Esecatato auna Kiicsh con las concesiones forestales, por parte del INRA, dentro del proceso de saneamiento y aplicando la Ley INRA, el reglamento de la Ley Forestal y la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de mayo de 2000.
4.- Promulgación de un Decreto Supremo que establezca que todas las tierras fiscales identificadas y por identificar sean reservadas a la dotación, para pueblos indígenas, comunidades campesinas, colonizadores, y el Movimiento Sin Tierra.
Nuestra hija no ha muerto en vano.
Pailón, 12 de mayo de 2004 Firman: * Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC); * Pueblo Chiquitano * Organización Indígena Chiquitana (OICH) CICC, CIPSJ, CICOL, CIBAPA, CICHIPA. CIRPAS. CICHGB; CCISM, ACISARV, ACISIV; * Pueblo Ayoreo * Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) * Pueblo Guarayo * Central Inter- Étnica de Ascensión de Guarayos (CIEA) * Central Comunal de Urubichá (CECU) * Central Indígena de Mujeres Guarayas (CMIG Ascensión) * Pueblo Yuracaré Mojeño * Consejo de Pueblos Yuracaré Mojeños (CPIM), * Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM-B) * Subcentral Bella Selva * Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz y del Gran Chaco (MST-SC y MST-B) * Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz de la Sierra (FSUTC SC) * Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz (FMC-BS) * Federación Departamental de Colonizadores de Santa Cruz, (FDCSC) * Federación Especial de Colonizadores San Julián (FEC-SJ) * Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo (CEDETAC)