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Mediante dos resoluciones, que aún deben ser refrendadas por la Cámara de Diputados para tener rango de ley, el Senado dio este miércoles carta blanca para que todos los delitos y casos de genocidio y crímenes de guerra no sean investigados ni sancionados por tribunales imparciales y justos.
En la primera resolución, los senadores neoliberales, entre ellos algunos ex ministros del genocida ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ratificaron el Convenio de Inmunidad
firmado en el 2003 por los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos y que establece que los militares y ciudadanos norteamericanos no podrán ser juzgados en la Corte Penal Internacional (CPI) por casos de genocidio y crímenes de guerra cometidos en territorio nacional, a excepción de un pedido expreso de su país.
En la segunda resolución, el Senado estableció que, durante la vigencia del 'Estado de sitio' que se dicta cada vez que hay convulsión social, todos los delitos y crímenes que cometan los militares bolivianos serán juzgados y sancionados por el Tribunal de Justicia Militar y ya no por la justicia ordinaria civil.
Ambas resoluciones merecieron la repulsa de los sectores sociales y sindicales reunidos en el Ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), que otra vez llamó a la población a movilizarse para cerrar el Parlamento, que está controlado por los partidos neoliberales que gobernaron con Sánchez de Lozada.
Este mismo Congreso es el que debe decidir si se enjuicia o no al ex Presidente por el genocidio de febrero y octubre, y definir también si acepta o no una nueva Ley de Hidrocarburos que nacionalice el gas y el petróleo, como demandan los sectores laborales y sociales.
Convenio de inmunidad
El Convenio de Inmunidad había sido firmado durante la presidencia de Sánchez de Lozada por el ex canciller Carlos Saavedra (alto dirigente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria del ex presidente Jaime Paz Zamora), el 19 de mayo de 2003 y desde entonces había sido rechazado por los sindicatos y organizaciones sociales y populares.
Este convenio contraviene otros tratados que firmó Bolivia al adscribirse el 27 de junio del 2002 a la Corte Penal Internacional, entidad creada para combatir la impunidad, el genocidio y las violaciones a los derechos humanos.
Al refrendar el Convenio de Inmunidad, Bolivia se ha convertido en uno de los pocos países de Latinoamérica que se ha sometido a esta imposición norteamericana. La Embajada de Estados Unidos había advertido que si el Convenio no es ratificado por el Congreso se suspendería la ayuda militar de dos millones de dólares anuales.
Militares bolivianos
Para dar impunidad a los militares bolivianos, el Senado aprobó un proyecto de Ley de Interpretación de la Constitución Política del Estado para impedir que los militares sean juzgados por los tribunales civiles, tal como determinó el Tribunal Constitucional en el caso de cuatro militares acusados de asesinar a una enfermera que socorría a los heridos en la revuelta cívico policial de febrero del 2003.
El documento aprobado por los senadores neoliberales señala textualmente lo siguiente:
Artículo 1.- (Interpretación Constitucional). En el marco de la atribución conferida al Congreso para dictar leyes interpretativas de la Constitución Política del Estado, conforme dispone el Artículo 233 de la misma, la presente Ley define los alcances del artículo 299 de la Constitución Política del Estado.
Articulo 299. La Organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo constitucional no realiza acción política, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley.
Artículo 2.- (Jurisdicción Militar). La Jurisdicción Militar, integra el Poder Judicial Ordinario del Estado, administra justicia de acuerdo a los principios de la Constitución Política del Estado. El ejercicio de la potestad jurisdiccional militar, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los asuntos de su competencia, corresponde exclusivamente a los órganos judiciales militares.
Artículo 3 (Competencia). La jurisdicción Militar se extiende a materia penal, tutela jurisdiccional en la vía disciplinaria y demás materias que en garantía de algún derecho y dentro del ámbito estrictamente castrense, vengan determinadas por las leyes, así como las que establezcan la declaración de Estado de Sitio.
La jurisdicción Militar será competente en materia penal para conocer de los siguientes delitos:
1. Los comprendidos en el Código Penal Militar. La actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas encuentra su límite en los derechos y garantías señalados por la Constitución Política del Estado. El nexo de causalidad exigido entre la función encomendada y el delito imputado, debe fundarse en el principio de legalidad y en las normas del Código Penal Militar.
2. Los cometidos durante la vigencia del Estado de Sitio, que se determinen en su declaración, conforme al Decreto que determine el Estado de Sitio.
3. Aquellos que señalen los Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales en que Bolivia sea parte en los casos de presencia permanente o temporal fuera del territorio nacional de Fuerzas o Unidades Bolivianas.
Artículo 4.- (Independencia). Todos sin excepción están obligados a respetar la independencia de los Órganos que ejercen la jurisdicción militar. Los órganos de la propia jurisdicción no podrán corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por órganos judiciales inferiores, sino en virtud de la resolución de los recursos que las leyes establezcan, ni dictarles instrucciones a éste respecto.
Artículo 5 (Coordinación), Los Órganos Judiciales Militares podrán requerir la colaboración necesaria en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto de todas las personas y entidades públicas y privadas con las excepciones que establezcan la Constitución y las Leyes.