Jaime Zalazar F.
Rebelión

El presidente Carlos D. Mesa considera un acto de solidaridad con el pueblo argentino, el convenio de venta de gas que se acaba de firmar, en reciprocidad a que en la década del 90 este país nos siguió comprando este energético, pese a contar con sus propias reservas. Curiosamente en la Argentina nadie, ni siquiera en círculos gubernamentales considera este convenio en términos de solidaridad, sino como un simple convenio comercial, y tienen razón, como expreso un funcionario de gobierno "no es un problema entre Estados sino entre firmas privadas".

Por cierto, solidaridad es una noción difícil de definir con rigor; sin embargo, para la mentalidad calculadora y racional de los neoliberales, existe una definición útil en el derecho comercial: Un nexo obligatorio común que fuerza a cada uno o más deudores a cumplir o pagar por la totalidad de cuanto les exigido por el acreedor o acreedores con derecho. Si se puede hablar de solidaridad con alguna propiedad en el caso del mentado convenio, es en este sentido, en condición de deudores a las empresas petroleras que operan en el país, gracias al prófugo Sánchez de Losada.

El sustrato ideológico de esta definición jurídica del derecho positivo, esta en la economía: Desde Smith hasta las modernas versiones neoliberales , esta doctrina exime al individuo de los deberes religiosos de la compasión y la solidaridad (en su acepción humanista y no mercantil) y ha hecho del egoísmo individual una virtud, una moral natural altruista, porque sostiene que el espíritu de la competencia al impulsar a obtener mayores beneficios y mantenerlos mediante una frugal conducta hace que el individuo tenga ocasión permanente para la ayuda de sus semejantes, ¿ Cómo lo logra? No implorando benevolencia o "solidaridad", sino mediante un sencillo toma y daca. He ahí la mano invisible operando para el bien común.

La realidad desmiente esta hipóstasis. Ese dar y recibir, nunca es equivalente, una parte se lleva la torta y entrega a cambio migajas y en los orígenes de los contratos está presente la violencia y el sometimiento previo. Los contratos petroleros en Bolivia, no escapan a esta regla, basta recordar las masacres de Amayapampa y Capacirca, como una muestra del espíritu de la época en que Goni manejo con discrecionalidad los destinos de la patria.

La solidaridad para ayudar a resolver la crisis energética de la Argentina, es otra falacia. Las informaciones de la prensa denuncian las verdaderas causas de tal crisis y muestran algo distinto a lo que dice el gobierno boliviano:

1º. Que no es la falta de gas en la Argentina la causa de la crisis energética, sino la falta de infraestructura para el abastecimiento interno. Esa es la razón central para la falta de energía y esto obedece a la sencilla razón de que las empresas gasíferas optaron por construir gasoductos para la exportación y no así para garantizar el abastecimiento interno, pese a que el marco regulatorio anterior a la venta de gas a Chile establecía que solo se podría exportar los excedentes de su demanda interna.

2º. La "crisis energética" es también fruto de una maniobra oligopólica de retención de la oferta para obligar a un aumento de precios del gas y las tarifas. No obstante de que la REPSOL YPF -principal operadora de la producción de gas en la Argentina- ya había recuperado la mayor parte de su rentabilidad en la producción a través de la venta directa a los grandes centros consumidores, y las exportaciones a Chile.

3º. La importación de gas de Bolivia solo aporta mayor oferta a la subzona Salta. Lo cual significa que no incide mayormente en la solución de la invocada crisis, ni siquiera suspender el total de las exportaciones a Chile permitiría llegar ese gas a los centros de mayor consumo, porque como se dijo el problema mayor es la falta de gasoductos para el mercado interno.

Todo esto tiene consecuencias para Bolivia. La primera y principal, garantiza el abastecimiento de gas a Chile, huelgan al respecto mayores razonamientos. Se logra justamente lo contrario que el pueblo boliviano clama se impida, vender el gas. si previamente no recobra la soberanía de su recursos y negocia su venta en condiciones más justas que beneficien al pueblo y no a las transnacionales solamente. Con este convenio, los beneficios para el Estado boliviano son exiguos respecto a los verdaderos receptores de excedentes que son las petroleras y, ¡oh! Causalidad, precisamente REPSOL.

REPSOL opera en los tres países: En argentina y Bolivia en la producción y distribución de gas, en Chile es la principal accionista de las empresa generadoras de energía eléctrica en base a gas ¿Quién gana entonces por triple partida?

¿Hay algún beneficio para argentinos y bolivianos? Ninguno, al contrario, en ambos casos la población en general de ambos países sufren las consecuencias de la elevación de los precios del gas de uso doméstico y de la que se usa en movilidades, además hay amenazas de futuras alzas.

Sucede que el gas, en la jerga de los tecnócratas, es un commodity, es decir una mercancía como cualquier otra, ignorando -convenientemente- que se trata de un recurso natural, una materia prima. Esta "pequeña" obviedad, les permite a los eventuales dueños de nuestros recursos fijar precios monopólicos a su antojo, sin tomar en cuenta para nada las necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos.

No hay duda, el gobierno de Carlos D. Mesa es solidario......... Solidario con REPSOL y las demás petroleras.