Editorial de Buscando Camino. Camino Alternativo Nº 50, abril 2004

El pasado viernes 26 de marzo el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió un claro y duro mensaje al gobierno de Mireya Moscoso y a los candidatos a la presidencia. Para que no hubiese la menor duda sobre la naturaleza imperativa del mensaje, este vino firmado directamente por el Consejo Ejecutivo del FMI. No se trata, por tanto, de "sugerencias" que puedan ser aceptadas o rechazadas por quienes detentan o detentarán después de las elecciones el poder político en nuestro país. Se trata de instrucciones u ordenes bien claras y precisas, dictadas por la voz del amo que manda y ordena.

El gobierno nacional, es decir los administradores del poder público, tiene que proceder " a una reforma completa del sistema de pensiones ". Se les instruye, por tanto, para que actúen con urgencia notoria y suban la edad de jubilación, aumenten el número de años mínimos necesarios de cotización para alcanzar ese derecho, y aumenten el número de años para calcular el promedio de las mismas, disminuyendo de esa manera su cuantía. De igual forma, se les exige a nuestros gobernantes que individualicen las cuentas, acabando de una vez por todas con el principio de solidaridad, e inicien el proceso para que los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte sean privatizados, entregándoselos a los bancos, administradoras de fondos de pensiones y financieras, que de sólo pensarlo se les ensancha el bolsillo.

Pero el FMI pide más, mucho más. En efecto, solicita que sin contemplación alguna el nuevo gobierno de Panamá tome medidas para " reducir la rigidez del mercado laboral ", lo que en buen panameño significa una nueva reforma del Código de Trabajo, con el objetivo declarado de volver aún más frágil la débil estabilidad laboral existente y minimizar los costos del despido. No en vano la Fundación Libertad, paraguas del pensamiento neoliberal más troglodita, y cuyos miembros están presentes en las cuatro candidaturas , defiende con desparpajo la eliminación del Código de Trabajo y el salario mínimo.

No satisfecho con lo anterior, el FMI "advierte" sobre la necesidad de una nueva " reforma del sistema tributario ". Ciertamente, dicha institución financiera internacional considera que el atraco que significó la pasada reforma tributaria mireyista dejo demasiado dinero en el bolsillo de los humildes, y pide en consecuencia la ampliación de la base impositiva a todos los servicios, y aumentarla muy probablemente del 5% al 7%.

De igual manera, el FMI ha girado instrucciones para que se proceda sin tardanza a la " reforma de la administración pública ". Debemos tener muy claro que tras este eufemismo se oculta la ya iniciada privatización de los servicios que brinda a la población el Ministerio de Salud, así como el cobro de los servicios que siga brindando el Estado, tal cual resulta del anteproyecto de ley enviado por el Ministro Gracia a la Asamblea Legislativa. Se trata, a no dudarlo, de una exigencia para acelerar el proceso. Por otra parte, la enigmática "reforma de la administración publica" contempla igualmente una nueva ley general de educación que elimine la estabilidad de los docentes, facilitando de esa manera la destrucción de sus organismos gremiales y, con ello, la desaparición de los aumentos salariales establecidos por ley. El objetivo final sería la Ley General de Sueldos que unificaría, a la baja, los salarios que devengan los servidores públicos, a la par que se eliminaría la estabilidad laboral conquistada por algunos sectores del funcionariado ( contraloría, salud, docentes de todos los niveles, etc.).

Finalmente, el FMI le recuerda a sus marionetas que no deben "depender demasiado de los recortes en las inversiones del Estado para cumplir con el límite de endeudamiento externo , pues la infraestructura es esencial para impulsar las perspectivas de crecimiento en Panamá." Dicho de otra manera, todas estas medidas están fundamentalmente dirigidas a garantizar el pago de la deuda externa, lo que debe hacerse profundizando los recortes del gasto social , sin afectar con ello la inversión en la infraestructura necesaria para el crecimiento de los buenos negocios….privados.

Frente a este descarado ataque al ya deprimido nivel de vida del pueblo trabajador y la muchedumbre desempleada, al conjunto de la clase media y a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, ¿qué nos proponen los cuatro candidatos a la presidencia de la República? Por respuesta nos dan el más hermético de los silencios, cuando no nos lanzan a bocajarro un discurso propio del mismísimo Cantinflas.

Para detenerlos, para impedir que se cometa este crimen social sin nombre, es urgente la construcción de una corriente popular y ciudadana dispuesta a enfrentarlos y hacerlos retroceder, y para ello el recurso del voto en blanco es el primero de los pasos posibles en el camino de levantar una alternativa política antineoliberal , mientras se pone en pié, al mismo tiempo, un movimiento social unitario y democrático abierto a todos los panameños y panameñas que quieran sumarse a la lucha contra esta barbarie.