Nora Di Pacce
Radio Nederland

"Es una propuesta absurda, sin fundamento y rechazada por todo el país". De esta manera se refirió el ministro de Derechos Humanos de Brasil, Nilmario Miranda, a la propuesta del vicegobernador carioca, Luiz Paulo Conde, ampliamente difundida por los medios locales e internacionales, de levantar un muro de cemento alrededor de las "favelas" (barrios deprimidos construidos en lo alto de un monte) de Río de Janeiro.
"Sería como construir un aparthaid, algo intolerable en nuestro país", dijo a Radio Nederland el ministro Miranda.

Fue una Semana Santa violenta en la capital del estado de Río de Janeiro. Dos bandas de narcotráfico que disputan los puntos de venta de droga en las favelas provocaron el pánico de una población acorralada entre las balas de los traficantes y las de la Policía Militar. El saldo hasta ahora es de 10 muertos, entre los cuales hay habitantes inocentes de la favela más grande de Latinoamérica: "la Rocinha".

Más de 200 mil habitantes, miles de comercios, dos bancos, cuatro escuelas. Podría decirse que la Rocinha conforma una ciudad dentro de la ciudad, inclusive promocionada por agencias de turismo de aventura, que ofrecen visitas guiadas para conocer como viven en esta favela personas que, como millones en Brasil, son víctimas de la insoportable desigualdad, producto de políticas económicas neoliberales basadas en una injusta distribución de la riqueza.

Postales de la otrora "ciudad maravillosa": Niños que se pasean entre policías militares con armas largas en mano, preparados para repeler algún ataque sorpresivo de los "soldados del narcotráfico", que en la mayoría de los casos no pasan los 18 años. Balas trazadoras y bengalas que los narcotraficantes lanzan anunciando la llegada de la Policía Militar -como los 900 efectivos que ocuparon este martes la Rosinha.

Los "narcos" se comunican por radio, interfieren la frecuencia policial, y amparados en los montes con vegetación cerrada, típica topografía de Río, disparan con armas largas, ametralladoras y lanzan granadas, mientras los pobladores aterrorizados buscan un refugio que no siempre los salva de las balas perdidas o el fuego cruzado.

El 25% de las favelas de Brasil está en Río, y el 10% de la población de este Estado vive en esos barrios. Pero los sectores elegantes de la ciudad tampoco están a salvo del peligro: están rodeados de favelas que muchas veces se encuentran a escasos metros de distancia. El narcotráfico domina a los moradores de las favelas porque los tiene a merced de su poder.

Dentro de los montes ellos son la ley. En los barrios elegantes, por su parte, viven el miedo de circular entre un monte y otro y quedar atrapados en una lucha entre facciones o, a ser secuestrados.

La idea de construir un muro que rodee la pobreza, no es nueva ni original. Parte de la concepción reaccionaria de criminalizar a los pobres y de la difusión de la mentalidad de que los moradores de favelas son potencialmente peligrosos.

La propuesta del vicegobernador de Río de Janeiro, que finalmente dijo estar "arrepentido" de haberla hecho, pertenece a esa lógica y seguramente aprovechó el momento de confusión ante la ola de violencia, para lanzar un discurso efectista y demagógico que tranquilizara a "las buenas gentes".

Representantes de asociaciones de derechos humanos, como Tortura Nunca Más, denunciaron los peligros de este tipo de política de seguridad, que en vez de combatir sus causas, vincula a la pobreza con la marginalidad y la delincuencia, mientras pretende delimitar las zonas pobres en campos de concentración.

El último informe del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) sobre el crecimiento de la violencia en Brasil, señala como una de sus principales causas al desempleo.

El martes 13 de abril en una reunión entre representantes de las secretarías de Seguridad Pública, estadual y nacional, se descartó toda posibilidad de decretar el Estado de Defensa, mecanismo contemplado en la Constitución brasileña que, entre otras cosas, limita el derecho de reunión y termina con la privacidad de la correspondencia y las llamadas telefónicas.

Con respecto a la eventual participación de las Fuerzas Armadas para colaborar en un asunto de seguridad interna, petición realizada por el secretario de Seguridad de Río, Anthony Garotinho, el ministro Miranda aclaró a Radio Nederland que no tendrían poder de policía, porque no están preparados para la investigación de redes criminales. "Su papel sería el de una presencia ostensible del Estado, algo que ya fue realizado con éxito en ocasión de la organización de la Eco 92".

Pero, una vez más, a pesar de que muchos medios internacionales lo dieron como inminente, la llegada a Río de 4.000 soldados no es segura. El ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, le respondió al secretario Garotinho que las Fuerzas Armadas no son un "instrumento prêt-à-porter", es decir, listo para usar.

Es que hay una serie de requisitos legales que deben ser cumplidos, ya que, para que el envío de tropas con funciones de seguridad interna sea posible, debe estar demostrado que las fuerzas policiales no son suficientes. "Es preciso planificar y organizar la actuación de los militares y en última instancia la decisión es del presidente de la República", explicó Bastos.

Por su parte, Miranda se refirió también a un tema central: la imposibilidad de combatir el narcotráfico dentro de las favelas, sin terminar con "la banda podrida de la policía". Es decir, con la connivencia y la complicidad de los integrantes de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado. "Hay que terminar con la corrupción, la infiltración criminal y también con el abuso de poder de la actividad policial. Para proteger a la población de las favelas que está entre dos fuegos, hay que acabar con la práctica de la tortura, de las prisiones ilegales y las ejecuciones sumarias", dijo durante la entrevista con Nederland, el ministro de Derechos Humanos.

Esta Semana Santa en Río fue sólo un espasmo más de la violencia permanente que implica la miseria extrema en contraste con la ofensiva opulencia de unos pocos, el analfabetismo de millones en plena era de la informática. Miles de jóvenes (y niños) están dispuestos a matar o a morir "trabajando" para el narcotráfico, a menos que se les ofrezcan otras alternativas. Sería injusto no mencionar las muchas iniciativas comunitarias que existen dentro de favelas como la Rocinha, gracias a las cuales la vida de sus habitantes no es aún peor. Pero no alcanzan para cubrir la falta de presencia del Estado, que debería cumplir con la obligación de garantizar los derechos sociales y humanos.

No habrá muro, no será decretado Estado de Defensa y posiblemente no llegarán militares a Río. Sólo diez muertos más que formarán parte de una estadística terrible: Entre 1980 y el 2000 hubo en Brasil casi 600.000 asesinatos. En ese mismo período, la tasa de homicidios saltó de 11,7 cada 100 mil habitantes a 27: 130% más.

15 de abril 2004