Argenpress.info

Dos organizaciones políticas ecuatorianas realizan hoy los trámites para enjuiciar políticamente al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, a quien acusan de insensibilidad ante los problemas sociales.

Las bancadas parlamentarias del Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik son las autoras de esa solicitud, que levanta expectativas entre otras fuerzas representadas en el Congreso.

El jefe del bloque del MPD, Luis Villacís, denunció la impuntualidad de Pozo en el desembolso de recursos económicos para pagar a profesores y la administración de los centros educativos, especialmente en la región de la Costa.

También lo acusó de retrasar el flujo de financiamiento para atender al sector de la salud, cuyo efecto es más de dos semanas de paralización que cumplen hospitales y otros centros del sector en todo el país.

Villacís señaló que así como Pozo defiende el pago de obligaciones con los acreedores internacionales, en la misma medida debería aplicarse la Constitución cuando se trata de cubrir las contraídas con instituciones.

Por su parte, el movimiento indígena Pachakutik orienta su reclamo a pedir cuentas de la política económica en cuanto a la liquidación de lo adeudado a los ahorristas de la banca cerrada durante la crisis de 1999.

También, le achaca al ministro su posible incidencia en el directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para la destitución de su gerente, Wilma Salgado, según el diputado de esa agrupación Salvador Quishpe.

El caso de Salgado causó enorme revuelo en el ámbito nacional al ser removida de su cargo, desde el cual impulsó acciones de amplia aceptación popular para cobrar a quienes tenían cuentas pendientes con la banca quebrada e incautar sus propiedades.

La ahora ex gerente denunció las presiones para actuar en su contra de los principales deudores, en definitiva quienes ejercer el poder económico y determinan en la actuación del político.

Quishpe señaló que está por aclararse por qué el titular de Economía y Finanzas pidió a Salgado la suspensión de las incautaciones emprendidas por la AGD como forma de sanción a los deudores morosos.

El trámite de enjuiciamiento a Pozo encuentra eco en otras bancadas legislativas, las cuales en sentido general coinciden en que, en el manejo de sus funciones, ha mantenido una frágil sensibilidad frente a los temas de interés social.

La actuación del ministro y su influencia sobre las máximas autoridades del país, sobre todo en las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito, es cuestionada fuertemente por diversos sectores sociales y políticos.

Incluso, algunos de ellos llegan a calificarlo de 'el hombre' del Fondo Monetario Internacional en Ecuador.