MADRID.- Poner nombre a un gobierno o una multinacional que no respeta los derechos humanos no es fácil. Pero Amnistía Internacional (AI) se ha atrevido con dos de los grandes: la petrolera estadounidense Occidental Petroleum y la española Repsol-YPF, a las que acusa de facilitar ayuda financiera a unidades militares del Ejército colombiano «con vínculos probados» con los grupos paramilitares. versión imprimible En la presentación, ayer en Madrid, del informe internacional Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca, AI denuncia que en este departamento colombiano al noreste del país, en donde operan ambas compañías, se cometen «abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla».

Según Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia, «países y petroleras como la de Estados Unidos y la de España financian y entrenan a unidades militares de las Fuerzas Armadas colombianas que ignoran las torturas y violaciones de los derechos humanos». Una de las unidades es la Brigada XVIII, que opera en Arauca y sobre la que existen claras conexiones con los grupos paramilitares.AI recuerda en su informe que las empresas petroleras «han financiado a esta brigada, así como a la estructura de apoyo a la Fiscalía General, fuertemente criticada por haber respaldado detenciones masivas entre la población civil».

Repsol-YPF es socio minoritario de Occidental Petroleum en la Asociación Cravo Norte, encargada de la explotación del oleoducto de Caño Limón, que transporta el crudo colombiano hacia el Caribe.Y es a través de Cravo Norte desde donde se financia a la Brigada XVIII mediante la entrega de «helicópteros y de dinero para las tropas que protegen Caño Limón» de los ataques de la guerrilla, denunció ayer Pollack.

La sección española de Amnistía ha entregado su informe a los responsables de Repsol a fin de aclarar su actuación en Colombia.Para Esteban Beltrán, director de AI en España, es «inaceptable que vayan fondos a una brigada con vínculos paramilitares». «Es importante que Repsol cumpla con las obligaciones de las empresas transnacionales. Esta empresa forma parte de Global Compact [un grupo creado por la ONU y en el que se integran las grandes compañías privadas comprometidas con los derechos humanos] y pedimos que cumpla en la práctica lo que dice en la letra», añadió. Según AI, la violencia en Arauca aumentó significativamente a mediados de 1980, tras el descubrimiento de petróleo en la región, ya que tanto el Ejército colombiano como los paramilitares y la guerrilla intensificaron su presencia en la zona para tratar de controlarla. Beltrán indicó que el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene «una buena oportunidad para cambiar de política respecto a Colombia», ante la próxima visita del presidente Alvaro Uribe a España.