Alejandro Gómez
Revista Memoria

La mayoría de los indígenas colombianos viven hoy una difícil situación debido al abandono estatal y a encontrarse en el vórtice del conflicto armado existente en esta nación desde hace más de 40 años.
Asesinatos, desplazamientos forzados, expropiación de tierras, suicidios colectivos y hasta intentos de exterminio masivo de etnias aborígenes constituyen el macabro precio que pagan hoy tribus como los emberas, kankuanos, arhuacos, paeces, koguis, wiwas, chamíes, tules, waunanas, katíos y comunidades afrocolombianas.
Precisamente, las pésimas condiciones de vida de cuatro etnias (arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas) que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, motivaron una reciente operación del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) para llamar la atención nacional e internacional sobre esa situación humanitaria.

Pero, desde mucho antes, los aborígenes de Sierra Nevada de Santa Marta, en los norteños departamentos de César, Magdalena y La Guajira, son víctimas de represalias por parte de grupos derechistas paramilitares, según denunció la organización insurgente.
Entre las acciones contra esas comunidades indígenas, el ELN mencionó que resultan cotidianos en esa zona del país los homicidios, reclutamientos y desplazamientos forzosos, retenes en las carreteras, vacunas (pago de impuestos) y chantajes para desviar dineros de transferencias.
Asimismo, una reciente reunión promovida por los arhuacos y un consejo de seguridad indígena con la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y altos jefes militares confirmó lo anterior y allí los aborígenes se quejaron además de los bombardeos del Ejército contra sus territorios sagrados y de severos controles sobre el ingreso de alimentos.
Los kankuanos por su parte han tenido que pagar una cuota de 53 líderes asesinados y más de 150 familias desplazadas en lo que va de año, mientras el gobierno nada ha hecho para impedir que continúe la masacre.
Mientras los crímenes contra esa etnia se mantienen, el Ejecutivo sólo anunció la creación de un escuadrón móvil de la policía y una unidad especial de la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad y la posibilidad de montar un batallón de alta montaña.
Desplazándonos, aunque no de manera forzada a otra zona de Colombia, encontramos que entre los indígenas emberas que habitan en el noroeste departamento de Chocó se ha desatado una oleada de suicidios, varios de ellos menores de edad, producto de la difícil situación que atraviesan y por no hallarle salida alguna.
Igual de malas resultan las condiciones que padecen comunidades autóctonas de ese departamento como los chamíes, tules, waunanas y katíos, así como los afrocolombianos que se asentaron allí, al tiempo que el Estado nada hace por mejorarlas.
La Defensoría del Pueblo revela también del ensañamiento que sufren los 120 mil indígenas paeces que viven en el norte del suroeste departamento de Cauca, con un saldo de 54 dirigentes asesinados, cinco masacres y dos desplazamientos masivos entre septiembre de 2000 y enero 2002.
Sobre este punto de los crímenes contra los nativos se recuerdan además el asesinato de más de 100 aborígenes del Alto Naya, el homicidio de cuatro líderes indígenas en dos poblados del Darién, la muerte a bala de Augusto Lana Domicó, gobernador de Porremia, en el noroeste departamento de Córdoba, en abril pasado. Prosigue la lista; el de Gabriel Cartagena, candidato a la alcaldía de Riosucio, en el central departamento de Caldas, en junio último, así como el desplazamiento de casi 400 guahíbos de los alrededores de Betoyes, en el noreste departamento de Arauca por combates entre la guerrilla y los paramilitares, en julio pasado.
La relación de esos actos atroces resulta interminable y el Estado se mantiene "al margen", sin hacer nada por evitar la continuación de esos hechos que amenazan con extinguir comunidades que, de acuerdo con la Constitución, deben ser protegidas por las autoridades oficiales.