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Redacción de Econoticiasbolivia.com (La Paz, abril 15, 2004).- La nueva Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente Carlos Mesa, está hecha a medida de las petroleras extranjeras, al garantizarles la continuidad de todos su privilegios, entregarles el control absoluto y la propiedad de todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia y modificar parcialmente los tributos pero sin obligarles a entregar más dinero al Estado.

El proyecto de Ley, presentado ayer por el nuevo ministro de Hidrocarburos, Xavier Nogales, establece que se respetará todos y cada uno de los más de 80 contratos que las petroleras tienen suscritos con el Estado y que les permite disponer libremente de toda las reservas y la producción hidrocarburífera dentro y fuera del país.

"Vamos a respetar los contratos para no ahuyentar la inversión extranjera", dijo Nogales al justificar esta decisión gubernamental que va a contramano de lo que exigían las organizaciones y movimientos sociales y populares, que insisten en la idea de que los bolivianos nacionalicen esta lucrativa industria y recuperen el control y la propiedad sobre el gas y el petróleo, perdida al calor de las reformas neoliberales.

Otra demanda popular que no encuentra eco en la propuesta gubernamental es la referida a que las petroleras tributen mucho más al Estado. Así, de aprobarse la propuesta de ley de Mesa, y las modificaciones tributarias incorporadas en ella, las petroleras que ya operan en Bolivia no pagarán mucho más de lo que aportan ahora, por lo menos en el corto y mediano plazo, aunque formalmente las autoridades presentan estos cambios impositivos de otra manera, intentando confundir a la población y desinflar las protestas sociales.

SUSTITUCIÓN DE IMPUESTOS

Según el ministro Nogales, las petroleras extranjeras paulatinamente pagarán más impuestos hasta llegar a un 50% de contribución, con la creación del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH).

"Hasta el 2007 se aplicará el 10% del ICH que sumado al 18% por regalías (la actual contribución de las petroleras) suman el 28 por ciento de tributos. A partir de 2008 se cobrará el 12% y se llegará progresivamente al 32% el 2011, que sumado al 18% de regalías resulta el 50% de impuestos", dijo.

Sin embargo, otra es la realidad. El Impuesto Complementario a los Hidrocarburos sólo sustituye al Surtax, que era el Impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas y que es eliminado en la nueva ley. Este tributo era de difícil cobro, por lo que ahora el ICH, que puede ser descontado del pago sobre las utilidades, sólo garantiza que las petroleras paguen por adelantado el impuesto a las utilidades, explicó el economista Carlos Villegas, director del Post Grado de la Universidad estatal de La Paz.

"Las empresas no pagarán mucho más que antes", dijo al explicar, además, que para aplicarse el nuevo impuesto se necesitaría que la producción de las petroleras aumente en proporciones gigantescas en los próximos años, lo que es muy poco probable. Sólo en ese caso, las petroleras tendrían que pagar algo más en tributos, aunque su incidencia sería mínima para el fisco, algo inaceptable sin embargo para las transnacionales que han convertido a Bolivia en su hacienda.

"En los hechos no se ha cambiado nada. El impuesto Complementario es un engaño (....) No hay un aporte nuevo de las transnacionales", complementó el especialista petrolero Enrique Mariaca, presidente del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, y que junto a otros expertos evaluó el proyecto gubernamental en un seminario realizado ayer en La Paz.

CONTRATOS ONEROSOS

Según Mariaca, la única forma para que Bolivia recupere el control y propiedad de sus más de 54 trillones de pies cúbicos de gas, una de las más importantes de Sudamérica, radica en anular los contratos que tienen las petroleras extranjeras con el Estado y volver a "refundar" Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la ex empresa estatal del petróleo que concentraba más del 85% de la exploración y producción de hidrocarburos y el 100% de la refinación, comercialización, exportación y distribución de carburantes.

"La única salida para recuperar el gas y el petróleo es la nacionalización de toda la industria", agregó Carlos Arze, el especialista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

DOMINIO PETROLERO

Según Arze, el nuevo proyecto gubernamental está ratificando que las petroleras extranjeras son las que controlan la política hidrocarburífera del país y tienen en sus manos casi todas cartas para definir los temas de exportación e industrialización, según sus necesidades y proyecciones, incluso sometiendo a su voluntad al propio Estado.

Este sería el caso, por ejemplo, de la exportación de cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas que Repsol/Ypf y Petrobras proyectan llevar hacia la Argentina desde mediados de año, lo que posibilitará que estas empresas logren aumentar sus beneficios en el vecino país, al presionar a las autoridades argentinas para que den vía libre al aumento interno de precios.

Este proyecto también posibilitaría reanudar el suministro del energético a Chile, lo que ha exacerbado aún más la oposición interna en Bolivia a esta venta. Pese a ello, y a los escasos beneficios monetarios que reportará esta operación a Bolivia, la exportación ha sido aprobada por el gobierno de Mesa, que paradójicamente ha desarrollado en los últimos seis meses una intensa campaña antichilena, exigiendo una salida al mar perdida en la guerra del pacífico hace 125 años.

Así, bajo la presión de las petroleras, el presidente boliviano se ve en el penoso trance de romper sus promesas de no exportar gas sin realizar antes un referéndum y a favorecer indirectamente a Chile.

"Lo que se ve en este negocio es que los países sólo son fichas que manejan las grandes empresas", agregó Arze.

Los informes oficiales del gobierno boliviano establecen que las transnacionales, que han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas en Bolivia, tienen los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos y vender su producción en el mercado interno y de exportación al precio internacional. Todo ello ratificado y refrendado por el nuevo proyecto de ley.