La crisis energética de Argentina y la decisión de este país de restringir la venta de gas a Chile no solo provoca enfrentamientos diplomáticos entre los dos países sino que tensiona la situación interna de Bolivia en donde las organizaciones sociales se oponen a la venta del gas boliviano a Argentina por considerar que beneficiará a Chile y a las transnacionales.
Argentina vive una aguda crisis energética, que se expresa en cortes y racionamiento de energía eléctrica. Unos atribuyen este problema al aumento de la demanda que provoca la reactivación económica y a la escasez de lluvias. Pero el presidente Néstor Kirchner ha culpado a las empresas petroleras multinacionales que controlan la producción petrolera, gasífera y la electricidad por la falta de inversiones que han conducido a la actual crisis energética. Las transnacionales por su lado han venido presionando por el aumento de los precios del gas, la electricidad y los servicios en general. Kirchner se había negado para no afectar más a los sectores sociales golpeados por la crisis económica. El Fondo Monetario Internacional, como siempre, actúa al lado del capital transnacional poniendo incluso como condición las alzas de tarifas para la renegociación de US $ 21.500 millones de la deuda externa en los próximos tres años.
Para paliar la crisis energética, el gobierno de Kirchner decidió recortar las exportaciones de gas a Chile y Uruguay e importar gas de Bolivia y Venezuela, y comprar energía eléctrica a Brasil. A su vez Kirchner cedió a las presiones de las transnacionales y llegó a un acuerdo el pasado 2 de abril mediante el cual se compromete a aumentar progresivamente el precio del gas a cambio de lo cual las empresas se comprometieron a producir 121 millones de metros cúbicos diarios. Sin embargo, esto no resolverán los problemas de largo plazo ya que éstas no van a invertir capital adicional en exploración.
Chile se verá seriamente afectado por los recortes del gas argentino, pues aunque se abastece mayoritariamente de energía hidroeléctrica, desde fines de la década de los 90 cuando la sequía produjo cortes de luz, optó por otras fuentes de energía como el gas. Es probable que las empresas transnacionales que controlan la energía suban las tarifas a los usuarios entre el 2 y el 3 por ciento.
Las restricciones de la venta del gas argentino a Chile ha provocado un impasse diplomático entre los dos países.
Chile envió el 7 de abril una queja formal a Argentina en tanto que el presidente Ricardo Lagos dijo que la medida ha minado la confianza entre los dos países. Según Chile se ha vulnerado el Protocolo de Integración Gasífera firmado en 1995, suscrito entre los dos países cuando se inició la construcción de los gasoductos a través de la Cordillera de Los Andes. Chile está recibiendo un 14 % menos del envío diario, lo que equivale a 2,3 millones de metros cúbicos al día.
Para Argentina, la compra del gas boliviano también se presenta como problemática. El gobierno boliviano de Carlos Mesa ha ofrecido vender a Argentina entre dos y 4 millones de metros cúbico de gas e incluso le ha ofertado electricidad. La firma del acuerdo de la venta del gas será oficializado durante el encuentro entre Kichner y Mesa previsto para los días 13 y 14 de abril en la población fronteriza de La Quiaca. Pero el tema del gas es un asunto muy sensible en Bolivia. Solo la posibilidad de que Chile pueda beneficiarse de esta transacción ha causado preocupación y rechazo. El Ministro de Desarrollo Económico de Bolivia, Xavier Nogales, advirtió que si una "molécula de gas es vendida" a Chile, esa sería causa suficiente como para cerrar la llave y terminar el contrato con Argentina. Se debe recordar que el intento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de vender gas para y por Chile provocó una revuelta popular que culminó con su caída en octubre del año pasado.
Organizaciones sociales y laborales bolivianas exigieron al presidente Mesa suspender la firma del convenio de exportación de gas a Argentina por considerar que beneficiará a las transnacionales petroleras y a Chile. En una carta enviada al presidente Mesa demandan la aplicación de una política soberana en esta materia aprobando una nueva Ley de Hidrocarburos que permita rescatar el gas de las manos de las transnacionales. También demandan la salida del ministro de Hidrocarburos Antonio Araníbar, quien ha sido involucrado "en el ingreso ilegal de ENRON a Bolivia y en el gracioso regalo de 130 millones de dólares a esta empresa" estadounidense. (Ver carta en: http://alainet.org/active/show_text.php3?key=5934) La Carta de los movimientos sociales de Bolivia pone el dedo en la llaga pues los principales involucrados en la crisis energética son actores transnacionales que buscan incrementar sus ganancias y no resolver los problemas energéticos de nuestros países. En Argentina, la española Repsol YPF controla el 50% de la producción del gas. En Bolivia, esta misma transnacional posee reservas de 12,9 trillones de pies cúbicos de gas, de los 54,9 trillones de pies cúbicos existentes en territorio boliviano, lo que equivale al 24,8% La petrolera francesa Total, Petrobras, Maxus, Móvil, Arco, BGBC, Chaco y Vintage poseen igualmente importantes porcentajes de las reservas gasíferas bolivianas. Petrobras también actúan en Argentina. La española ENDESA controla en Argentina el 20% de la capacidad eléctrica instalada y la distribución a 2,1 millones de clientes en Buenos Aires, a través de EDESUR.
Esta misma transnacionales esta presente en Chile a través de ENDESA Chile.
La Central Obrera de Bolivia (COB) decidió realizar una marcha nacional el 15 de abril y una huelga indefinida a partir del 2 de mayo en oposición a la venta de gas natural a Argentina que reportará, según los sindicalistas, 500 millones de dólares para Repsol/YPF y Petrobrás y menos de 25 millones de dólares al Estado boliviano.