Clarín. ANSA, AFP, DPA Y EFE.

La inmolación, el martes, del minero Eustaquio Picachuri en el Congreso de Bolivia, que además provocó la muerte de dos policías, desató un cuadro de emergencia en el país, porque otras 35 mil personas sufren el mismo problema que llevó al suicida a hacerse explotar: la deficiencia del sistema jubilatorio.

La reforma previsional del gobierno del derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada dejó a esas personas sin jubilaciones ni pensiones. Y ayer los sindicatos amenazaron con tomar medidas.

Picachuri, de 47 años, entró al Congreso con dinamita en el cinturón y el chaleco, y tras tres horas de negociación con la policía no aceptó ceder y detonó la carga: se mató a sí mismo, a dos agentes e hirió a varias personas.

La dinamita es de uso habitual en los socavones de los yacimientos mineros bolivianos. El suicida sabía cómo usarla, ya que trabajó en ellos hasta 1997.

Ayer, testigos relataron parte del dramático diálogo que el minero mantuvo con quienes querían evitar que se inmolara. "Me sacan, me mueven y se mueren", les advirtió a esos policías. "No soy asesino ni terrorista, estoy dispuesto a morir si no me devuelven mi plata", gritó desesperado.

El jefe de la Asociación de ex Trabajadores Mineros, Félix Condarco, dijo: "Estamos dispuestos a sacrificar más vidas si el gobierno no cambia la ley de pensiones. Muchos de mis compañeros con más de 20 años de trabajo en las minas ya escupen sangre y exigen sus derechos".

El Gobierno ya anunció medidas en el sistema jubilatorio a ser estudiadas con el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento.

Otro dirigente minero, Luis Mamani, informó que miles de mineros marcharán a La Paz y tomarán "decisiones individuales y colectivas" si no se resuelven sus casos.

Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, advirtió que los obreros están desbordando a las cúpulas sindicales.

El gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, volteado por una revuelta popular en octubre de 2003, reformó el sistema jubilatorio en 1995/97, dentro de su plan de ajuste y privatizaciones. Igual que otros países, convirtió el sistema público y solidario de reparto en otro de capitalización individual (que como en Argentina, potenció el déficit fiscal). En Bolivia es de 8,5% del PBI y la mitad lo explica la privatización de las jubilaciones.

Al elevar la edad para acceder a una pensión, dejó a una "generación sándwich" sin pensión estatal ni privada, ya sea por falta de edad o de años de contribución. La historia de Picachuri conmovió al país. De 47 años y con siete hijos, desocupado y activista gremial, no tenía más recursos y reclamaba sus aportes y los de un hermano fallecido en una mina en 1992, además de una pensión para su ex esposa. "Sólo quiero que me traigan la plata", fue otra frase desgarrada que dijo antes de accionar los detonadores. Por la reforma, ese tipo de demandas quedaron en un vacío legal entre el régimen viejo y el nuevo.

Picachuri estaba separado de su esposa y vivía solo en El Alto, ciudad aledaña a La Paz, con 80% de población indígena, mayoría aimará, y más de la mitad de la gente hundida en la pobreza. El Alto fue un gran foco de resistencia al anterior gobierno.

Según el presidente Carlos Mesa, vice de Sánchez de Lozada y quien asumió la transición para convocar a nuevas elecciones, la decisión del minero fue "individual y no comprometía la estabilidad social ni democrática". Pero el clima de tensión social no mitigó desde la revuelta popular de octubre. Y ayer el diario La Razón criticó a Mesa porque no se basó en una investigación del hecho como para afirmar rápidamente que era algo individual. Luego, el Gobierno reconoció que debía actuar y anunció medidas.

También La Prensa recordó que las protestas de la generación "sándwich" comenzaron en 1996: "Ya entonces advirtió al gobierno que la reforma condenaba a los trabajadores 'a una muerte lenta y sin jubilación'". Y la Iglesia católica boliviana cuestionó ayer la falta de soluciones.