Carlos Iaquinandi,
redacción de SERPAL

Tenía 47 años y era un hombre corpulento, como la mayoría de los mineros bolivianos. El martes pasado, mientras los parlamentarios interpelaban al Ministro de Hidrocarburos en el hemiciclo, entró al vestíbulo de una dependencia del Congreso Eustaquio Picachuri, con su casco minero en la cabeza. Advirtió al personal de seguridad que llevaba un cinturón con dinamita, a la vez que mostraba el detonador en una de sus manos.
Picachuri pertenecía a la generación de obreros de la legendaria mina de Siglo XX en Catavi, que fué dejada en la calle en 1985 cuando el Decreto Supremo 21060 puso en marcha las políticas neoliberales en Bolivia. Como tantos otros afectados por la privatización del sistema jubilatorio dispuesta por Gonzalo Sánchez de Losada en 1996, no tenía derecho a pensión a pesar de sus años de aportes. El gobierno abrió entonces las puertas a las AFPs, entidades privadas que llegaron con el auspicio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y dejó desamparados y sin jubilación a miles de trabajadores. Y eso era precisamente lo que fue a reclamar Eustaquio Picachuri. Una pensión para la familia de su hermano Martín, también minero y fallecido en 1992, y una pensión para él, o al menos, recuperar el dinero de sus aportes.
Tres horas duraron las negociaciones. Fue llamado al lugar el director de pensiones Federico Escobar que llegó con el expediente. Y le dijo al minero que "de acuerdo con las normativas vigentes", era imposible atender sus demandas. Eustaquio respondió que venía a reclamar sus derechos y pidió que le resolvieran su pedido. Según el relato de testigos, dijo al funcionario: "No soy asesino ni terrorista, estoy dispuesto a morir si no me devuelven mi dinero".
Pasaron los minutos y el minero no tuvo respuesta. Y él cumplió su compromiso: hizo estallar una de las cargas que llevaba adheridas a su cuerpo, muriendo en el acto. La fuerte explosión provocó también heridas mortales a dos policías que se encontraban cerca del minero.
El final del drama es ya de por sí motivo de conmoción. Pero la gravedad se multiplica si se tiene en cuenta que hay muchos trabajadores que están en su misma situación, afectados por la privatización del sistema estatal de jubilaciones en 1996 y que amenazan con seguir el mismo camino del minero autoinmolado.
El sentido de una muerte más
Bolivia atravesó fuertes crisis en los últimos años. Todas ellas fueron acompañadas por grandes movilizaciones populares y también por la persistente represión gubernamental que fue dejando muertos y heridos en Cochabamba, en la Paz, en Tarija.... Es inevitable preguntarse si esta nueva muerte servirá para sacar del letargo a una clase dirigente que en su mayoría permanece ajena a las necesidades y los reclamos de su pueblo. Los primeros signos no son demasiado alentadores.
El presidente Carlos Mesa se apresuró a calificar el hecho como "aislado y sin connotaciones políticas", como si ese suicidio fuera ajeno a la realidad social de miles de compatriotas. Advertido de que alguna medida debía tomar, intervino el SENASIR, Servicio Nacional del Sistema de Reparto y destituyó a la directora de Pensiones, Evelín Grandy. Ahora gobierno y empresarios hablan nuevamente de "Pacto Social por Bolivia" y las grandes palabras reemplazan una vez más a las acciones que nunca se tomaron.
Cabe recordar que Carlos Mesa, sucedió al presidente Gonzalo Sánchez de Losada, cuando una revuelta popular contra su política neoliberal y de rechazo a su intento de vender a grupos transnacionales las reservas de gas , lo volteó en octubre del 2003. Ya entonces, sectores sociales, movimientos populares y también uno de los principales grupos políticos, el Movimiento al Socialismo, reclamaron el cambio de modelo económico y la adopción de medidas que atendieran las demandas más urgentes. Entre ellas, estaba la reforma de la Ley de Pensiones y la atención a la llamada "generación sándwhich" millares de trabajadores que quedaron sin derecho a pensión estatal
ni privada, ya sea por falta de años de aporte o por falta de edad.
La historia del desembarco neoliberal es similar a la ocurrida en otros países del continente. Los funcionarios del FMI y del Banco Mundial encontraron las puertas abiertas por aquellos que como Gonzalo Sánchez de Losada pudieron estudiar en las mejores universidades del exterior. Los neo-saqueadores hablaron de las bondades de los planes jubilatorios de las empresas privadas, muchas de ellas en mano de capitales españoles. Prometieron que se terminaría la ineficacia y el déficit del sistema estatal.
Ahora la inseguridad es total, los bancos no solamente no pagan intereses por los depósitos, sino que cobran por la "custodia" de los aportes de los trabajadores. Y surge la pregunta que se hacía un periodista boliviano, pero que puede ser común a tantos ciudadanos de este país: " ¿ Hasta cuando el sudor y el trabajo del pueblo tiene que servir para satisfacer las medidas estructurales de la élite dinástica encaramada en los distintos regímenes de turno que se suceden en Bolivia ?"
Dolor e indignación en la tierra minera
Miles de personas acompañaron en Llallagua los restos de Eustaquio Picachuri. Su ataúd fué llevado en hombros por sus cuatro hijos, cubierto por una bandera boliviana y seguido por familiares, ex compañeros, cooperativistas, autoridades del municipio y pobladores que formaron un cortejo tan dolido por la muerte como indignado por la injusticia. Frente a la iglesia de Llallagua, la despedida fue acompañada por gritos contra el gobierno y sus ministros y glorias al fallecido, calificado como "héroe y mártir de los trabajadores".
Ahora se alzan las voces de organizaciones sociales y sindicatos, que reclaman la eliminación de la Ley de Pensiones y que se adopten medidas extraordinarias para atender la situación de miles de ex-trabajadores que no tienen jubilación. Los maestros de La Paz responsabilizan al gobierno y Félix Condarco, dirigente de la Asociación de ex trabajadores mineros afirma que " otros compañeros están dispuestos a sacrificar sus vidas si el gobierno no atiende los reclamos de quienes , después de más de 20 años de trabajo en las minas, están con la salud destrozada y exigen sus derechos." Otro sindicalista, Luis Mamani, dijo que miles de mineros están dispuestos a marchar a La Paz, para tomar "decisiones individuales y colectivas" si no se resuelven sus casos. Y Jaime Solares, secretario ejecutivo de la COB, la Central Obrera Boliviana advertía que los obreros están desbordando a las cúpulas sindicales.
Otra convulsión más de ese volcán social que es Bolivia.
Eustaquio Picachuri, el ex minero de Siglo XX, se funde ahora con esa misma tierra a la que arrancó mineral de sus socavones durante más de 15 años. Su tragedia es la de un pueblo. Su muerte, una impostergable demanda de justicia.
* Carlos Iaquinandi, redacción de SERPAL