Erick Fajardo Pozo

Las repercusiones por la muerte de un rentista minero que se autoeliminó en predios del Congreso de la República, en protesta por una década de postergación en la cancelación de sus rentas, han empezado a sentirse en todo el país. El suicidio de Eustaquio Vicachuri Ollaca, jubilado minero (49) que demandaba desde hacen 7 años el pago de sus beneficios sociales o la devolución de los aportes realizados, conmovió a la opinión pública nacional e internacional, pero además puso en tapete una vez más la naturaleza inhumana de las leyes de "reforma" aprobadas durante la primera gestión de Sánchez de Lozada (1993 - 1997) y que a la luz de los sucesos resultan aún más nocivas que las acciones de represión y violación a los derechos humanos, tan comunes durante su último gobierno.

Quizá la más estridente de las manifestaciones públicas posteriores a la tragedia sea la del sector de los maestros sindicalizados, el último de los grandes gremios asalariados en el país. Federico Pinaya, dirigente de la Federación Nacional de Maestros de Bolivia, le dijo a Adital que es innegable la responsabilidad de la política de neoliberalización de la economía boliviana en una tragedia que comparten dos millares de trabajadores cesantes.

Semanas atrás la Unión Revolucionaria del Magisterio (URMA), otro importante sector de maestros, de línea trotskista, manifestó mediante su líder nacional Vilma Plata, que revertir la miseria en el país pasaba por la derogatoria de las denominadas "leyes malditas" de Sánchez de Lozada.

Las leyes a las que aluden los maestros son la Ley de Capitalización (que expropió empresas estatales para permitir la explotación privada de recursos), la Ley de Flexibilización Laboral (que legalizó el despido masivo de 30 mil trabajadores del sector público estatal) y la Ley de Pensiones. Precisamente esta última permitió que un enorme número de jubilados quedara "atrapado" entre el sistema de aportaciones "solidario", que proporcionaba seguridad social mediante el "relevo" generacional (trabajadores activos aportan el sustento de los pasivos), y el nuevo sistema de Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFPs), transnacionales privadas que desde 1995 prevén la individualización de las aportaciones de cada trabajador en una cuenta separada, dejando así a casi dos mil jubilados sin la fuente de sus rentas. Estos trabajadores, al margen de ambos sistemas, quedaron a cargo del estado que adquirió un incremento en el déficit del 5% para poder cubrir sus rentas. Este déficit se estima que será recién cubierto en 50 años más. Para Federico Pinaya y los maestros sindicalizados existe sólo una solución posible: Volver al sistema antiguo de pensiones; una solución que es descartada sin vuelta por los capitales transnacionales cuyos intereses representan los partidos tradicionales afincados en el parlamento y que siempre han jugado a la consolidación de la economía de libre mercado.

Entretanto otros dos mil jubilados y sus familias han intentado todo; tanto en el marco de las gestiones legales como en el marco de la protesta; y la tragedia de Eustaquio Vicachuri es sólo el corolario de la impotencia que experimentan los rentistas de la llamada "generación sándwich".

El actual Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) aliado del depuesto Sánchez de Lozada, minimizó la tragedia de los rentistas incidiendo más bien en el fallecimiento del Coronel Flores, Jefe de seguridad del parlamento, que también sucumbió víctima de la explosión.

Pese a que tanto los rentistas "sandwich", como el sector del magisterio demandan del gobierno soluciones inmediatas, este es un problema estructural, resultado de la acción sectaria de partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), cuyos máximos dirigentes han estado y están vinculados económicamente a los intereses de grupos económicos que pretenden la venta de hidrocarburos a Chile y la consolidación de la liberalización económica del estado boliviano.

Precisamente el MNR, tienda política de Gonzalo Sánchez de Lozada, encabeza las acciones desestabilizadoras desde el parlamento y se ha convertido en el paradigma del boicot a la democracia.

El hecho de que el rentista Vicachuri haya elegido el frontis del Parlamento para consumar su sacrificio y la acogida cordial que se le proporcionó al presidente Mesa en el velorio del jubilado, son el mejor testimonio de la conciencia ciudadana de que el máximo órgano legislativo del país es hoy por hoy el deliberado gestor de la crisis.