Humberto Márquez
IPS

La oposición venezolana hizo un alto en su reclamo de un referendo para intentar el desalojo de Hugo Chávez de la presidencia, y se entregó a la tarea de participar en las elecciones regionales y municipales del 1 de agosto.

Candidatos opositores a las 23 gobernaciones estaduales y 335 alcaldías del país desfilan este martes ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral para inscribir sus nombres, luego que los oficialistas hicieron lo propio en días anteriores.

Pero ese poder electoral es el mismo contra el cual litiga la oposición en el Tribunal Supremo de Justicia, acusándolo de ser parcial a favor de Chávez en los trámites para accionar el referendo revocatorio de su mandato.

En tanto, la televisión, la prensa y las radioemisoras privadas, que hacen campaña opositora, acusan al mandatario de liquidar la autonomía de los poderes y de estar a un paso de la dictadura.

Los partidos de oposición "no han tenido más opción. a acudir a estos comicios legitiman los poderes electoral y judicial, y aportan una vitrina a Chávez, que puede mostrar ante el mundo la existencia de una democracia con elecciones en Venezuela", observó a IPS el politólogo Alberto Garrido.

"Una cosa no tiene que ver con la otra. Hay un pueblo que quiere votar, nos costó 30 años conseguir la descentralización y no lanzaremos ese logro por la borda. Vamos a elecciones regionales y seguimos luchando por el referendo", aseveró a IPS Henrique Salas, líder del partido opositor Proyecto Venezuela, de raíz socialcristiana.

Leopoldo Puchi, secretario del Movimiento al Socialismo (MAS, centroizquierda), dijo a IPS que "aunque el árbitro no sea confiable, debemos ser pragmáticos y conservar los espacios importantes que mantiene la oposición, así como los liderazgos regionales".

De los 23 gobernadores, 15 son oficialistas, pero varios de los ocho opositores dirigen estados ricos y poblados, como los petroleros Zulia (en el oeste), Anzoátegui y Monagas (en el este), el sudoriental Bolívar (con industrias básicas) y los centrales Carabobo y Miranda, sedes de numerosas industrias manufactureras.

También es opositor el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, quien dirige la Policía Metropolitana, una fuerza de 8.000 efectivos que custodia las multitudinarias marchas que se realizan en la capital a favor y en contra de Chávez.

Las elecciones regionales "deslegitimarán o darán una nueva legitimidad al chavismo gobernante", observó a IPS el analista Fausto Masó.

En tanto, el presidente del MAS, Felipe Mujica, lanzó la consigna de que "con el referendo revocamos a Chávez, y con las elecciones regionales revocamos al chavismo".

Mujica también advirtió que "la oposición tiene serias dificultades para vencer al chavismo si no se une y presenta (en cambio) varias candidaturas en cada estado o municipio".

Los partidos tradicionales Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, socialcristiano, que gobernaron Venezuela durante varias décadas hasta la primera victoria de Chávez en 1998, habían decidido semanas atrás acudir a los comicios regionales.

Pero formaciones más recientes, como el centroderechista Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo (socialdemócratas disidentes) y Causa Radical (obrerista), reclamaron hasta último minuto la abstención, si no se despejaba antes el camino al referendo revocatorio sobre el mandato de Chávez.

"No estamos en una democracia que está tambaleando, sino entrando en una dictadura", dijo a IPS Leopoldo López, joven líder de Primero Justicia y alcalde del municipio Chacao, el más rico del área metropolitana de Caracas. "La gente no va a asumir que tomemos el atajo de la elección regional", agregó.

Julio Borges, presidente de Primero Justicia, se preguntó: "Si volvemos a maquillar al árbitro (el Consejo Electoral), ¿qué pensará la comunidad internacional de esta dirigencia opositora?" Un total de 27 partidos están reunidos en una Coordinadora Democrática que ha conducido las huelgas y marchas de la oposición, y recogido las firmas con las cuales solicitaron al Consejo Electoral el mecanismo de referendo sobre Chávez.

Sin embargo, según encuestas, asambleas de ciudadanos opositores y el pulso de los analistas en las marchas, el grueso de la población contraria a Chávez -seis de cada diez electores según la consultora opositora Datanálisis- no es capitalizable por un partido o líder y sigue a la Coordinadora para apartar del poder al actual presidente.

Además, y pese a una ruidosa campaña en su contra que incluyó un fallido golpe de Estado en abril de 2002 y una huelga petrolera entre diciembre de ese año y febrero de 2003, Chávez conserva una popularidad de 37 por ciento, algo de lo que no pueden jactarse muchos mandatarios latinoamericanos.

Garrido sostuvo que "una de las incógnitas de este proceso es si la población opositora se motivará por las elecciones regionales sin un referendo revocatorio decidido".

Fuera de la Coordinadora actúa la agrupación Bloque Democrático, para el que el proceso electoral es una farsa y la ciudadanía debe declararse en "desobediencia activa", de modo que las Fuerzas Armadas se decidan a obligar la salida del presidente.

Aunque ese Bloque aparece principalmente con la inserción de comunicados en la prensa, y sus responsables son sexagenarios a los que no se ve en demostraciones callejeras, fuentes concordantes le atribuyen la difusión, sobre todo vía Internet, de instrucciones para organizar los desórdenes que agitaron Caracas a comienzos de mes.

Decenas de accesos a urbanizaciones de clase media fueron bloqueados con barricadas a las que se prendió fuego, y muchos manifestantes chocaron con la militarizada Guardia Nacional. Los disturbios y su represión dejaron un saldo de 10 muertos, medio centenar de heridos y 30 supuestos agitadores detenidos y en manos de la justicia.

Luego del reflujo de las demostraciones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo ordenó al Consejo Electoral (tres de cuyos cinco miembros han favorecido al oficialismo) que contase las firmas de la solicitud de referendo de un modo claramente proclive a la oposición, pero la Sala Constitucional desautorizó ese mandato.

Mientras se resuelve el litigio en el poder judicial, la Coordinadora y el Consejo Electoral negocian las modalidades de la fase de reparos (impugnaciones o ratificaciones) de las firmas que solicitan el referendo presidencial.

El tiempo es la clave de este ajedrez político, porque si el referendo se efectúa antes del 19 de agosto y Chávez lo pierde, habrá una nueva elección presidencial, pero si esa hipótesis se materializa después de esa fecha entonces el vicepresidente, designado por el actual jefe del Estado, completará el período hasta enero de 2007.