Carlos Montemayor
La Jornada

La carrera armamentista va creciendo en varias regiones del planeta, decíamos en un artículo anterior. Pero ésta forma parte de un proceso más amplio. Por ejemplo, no siempre notamos que hay una corriente relevante de "privatización" de los ejércitos. En México sólo es notable la proliferación de organizaciones de policía privada, que dan servicios de escolta personal y de seguridad de inmuebles. Pero hay fuerzas privadas integradas por ex soldados que ofrecen servicios de protección y seguridad muy amplios y especializados en varias regiones del mundo.

La Organización de Naciones Unidas ha contratado estos ejércitos privados para dar seguridad a países en proceso de pacificación en el centro de Africa. Gobiernos como Angola y Sierra Leona los han contratado para proteger zonas de extracción petrolera y yacimientos de diamantes. El crecimiento de la militarización abarca también este fenómeno de milicias privadas. Según reportes franceses, tales ejércitos cuentan aproximadamente con 2 millones de "trabajadores" (antes se les llamaba mercenarios); de ellos, 800 mil están en Europa, Africa y Medio Oriente.

Los servicios de esas fuerzas tienden a ser más amplios que solamente la aportación de un contingente mercenario. Por tratarse de un mercado obligadamente internacional, las "compañías" deben ofrecer diagnósticos sobre los perfiles de riesgo que ciertos países, regiones, poblaciones o industrias pueden representar para los inversionistas. Dado el inmenso volumen de dinero que se mueve alrededor de la industria armamentista, otra de las funciones esenciales atiende el asesoramiento a países y ejércitos en la compra de equipo. Así pues, estas compañías privadas pueden aportar contingentes profesionales para la guerra o bien asesorías en análisis social y económico, organización militar, entrenamiento de fuerzas de combate especiales y adquisición de equipo.

Es posible que el surgimiento de esas fuerzas armadas privadas se derive de la desmovilización de cerca de 5 millones de efectivos, entre los años de 1985 a 1996, los últimos de la guerra fría, principalmente en ocho países: Rusia, Ucrania, Bulgaria, Francia, Israel, Inglaterra y Africa del Sur. La legislación internacional deberá ocuparse con mayor realismo sobre esas organizaciones mercenarias, a las que los acuerdos de 1977 reclamaban que sobre todo tuvieran "motivaciones idealistas".

La necesidad de una legislación internacional cuidadosa de fuerzas mercenarias deriva de razones pragmáticas. Una, la presunta desaparición en los arsenales de Rusia de 38 misiles con cabeza nuclear. Varios especialistas estadunidenses piensan que los posibles compradores y vendedores clandestinos no tienen la capacidad tecnológica para lanzarlos así. Por el contrario, sería más útil para "ellos" desmantelar la cabeza nuclear y elaborar con ese material bombas más fáciles de vender, transportar y detonar. No solamente se desconoce ahora el paradero de esos 38 misiles, es muy probable que en el futuro cercano desaparezcan de los almacenes de países ex soviéticos más misiles.

Difícil negar, además, que otro tipo de fuerzas armadas "privadas" no se estén incorporando en dos áreas fundamentales de la clandestinidad de nuestro tiempo: la criminalidad organizada y especializada en narcotráfico y en robos a gran escala de transportes, mercancías y personas, y el sector llamado desde la perspectiva estadunidense "terrorismo", la mayor parte del cual es en realidad una amplia gama de fuerzas de resistencia social y regional a invasiones, ocupación de territorios, represión y miseria. Han trabajado mercenarios ingleses e israelíes en protección a narcotraficantes de Colombia, particularmente con Gonzalo Rodríguez Gacha. En México, según apuntó recientemente Alejandro Gutiérrez en la revista Proceso, desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano se han constituido como la organización armada de mayor preparación al servicio del narcotráfico, particularmente del cártel del Golfo. Miembros de ese grupo, conocido como "los zetas", fueron posiblemente los actores del asalto al penal de Apatzingán en el estado de Michoacán y quizás los responsables de la ejecución de dos elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de un capitán segundo del Ejército mexicano en la carretera a Toluca.

Los grupos paramilitares constituyen otro segmento importante en el desarrollo de la privatización, formación o impulso de organizaciones armadas. En Colombia constituyen ahora uno de los más severos obstáculos para la pacificación del país. En Haití están a punto de negociar de nuevo con el poder. En el caso de México, los grupos paramilitares en Chiapas han surgido con la misma dinámica de estrategia contrainsurgente: el ejército nacional alienta, enseña, asesora y protege a los paramilitares como fuerzas de socavamiento de las bases sociales de apoyo de luchas guerrilleras.

A nivel de industria militar, de comercio internacional, legal o clandestino, esta amplia gama beneficia a los grandes productores de armamento del mundo. Estos productores no son innumerables ni desconocidos; constituyen parte esencial del poderío económico e industrial de los dueños de la guerra. Destruyen Irak para luego continuar los grandes negocios de reconstrucción. Amenazan al mundo entero para acrecentar la industria de la devastación. Aun los hilos clandestinos de tal entramado benefician a este poder industrial y político situado en países del primer mundo.

En este contexto, por tanto, el papel de los ejércitos en países como el nuestro se reduce considerablemente. Desde la primera Reunión de Ejércitos de las Américas, en 1992, cuando el general Barry McCaffrey estaba a la cabeza del Comando Sur, describió los planes militares de Estados Unidos para el siglo XXI como protección hemisférica, no solamente regional. Ahora sabemos que ya no es hemisférica, sino mundial. Cuando McCaffrey se convirtió en el zar antinarcóticos durante la administración de Clinton, explicó a la prensa de su país que sería un gravísimo error exponer al ejército estadunidense al alto poder de corrupción del narcotráfico, porque ello pondría en grave riesgo la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, el mismo general pidió que fuera obligatorio para todos los ejércitos latinoamericanos participar en la lucha antinarcóticos; es decir, exponerlos al fuerte poder de corrupción del narcotráfico. Es posible que en los planes estadunidenses de seguridad mundial esté convertir a los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de complemento, en reservas domésticas. Lo sabremos pronto. Quizás lo saben ya los altos mandos de nuestros ejércitos.