Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión

Una jueza que dé verdaderas garantías y no acepte testigos sin rostros solicita a la Corte de Apelaciones de Temuco, capital de la Novena Región, la defensa de los mapuche acusados por el gobierno y los empresarios de la zona de "asociación ilícita terrorista". Se les imputa vinculación con la Coordinadora Arauco Malleco, la organización más radical de ese pueblo, que apoya la recuperación de tierras ancestrales. La magistrado Isabel Uribe Molina, cuyo cargo es de "jueza del Juzgado de garantías de Temuco", según el léxico de la Reforma Procesal Penal, denegó el pasado 16 de marzo la petición mapuche de renunciar a la defensa y acto seguido se opuso a inhabilitarse para seguir viendo la causa.

El hecho ocurrió durante la Preparación del Juicio Oral en que los acusadores son el Ministerio Público, el Gobierno de Chile, la empresa forestal Mininco y la Alcaldía de Temuco. Todos contra 18 hombres y mujeres mapuche a quienes se acusa de terroristas por apoyar la lucha de recuperación de tierras ancestrales hoy ocupadas por empresas forestales exportadoras y depredadoras del medio ambiente, llevada adelante en comunidades de la octava y novena regiones. De esta manera, el juicio político del año no logra iniciarse, llegando así a la tercera suspensión en el curso del mes.

Protesta a viva voz

El gesto de protesta y renuncia a la defensa, protagonizado en la sala por los imputados, respondió a que la jueza poco antes había denegado la solicitud que a nombre de los defensores públicos hizo Sandra Jelves, para que se conociera la identificación de los testigos que declaran en la causa. Uno a uno, ante una incómoda jueza y una audiencia expectante, los imputados se levantaron para dar a conocer a viva voz su decisión, asegurando que están siendo sometidos a un juicio político que no da garantías, donde atestiguarán "los históricos usurpadores y los encubridores del asesinato de Alex Lemun, a través de 44 testigos sin rostro". Entre los procesados están cuatro mujeres indígenas, Angélica Ñancupil, Bernardita Chacano, Mireya Figueroa y Patricia Troncoso, así como el líder de la comunidad El Malo de Tirúa, José Huenchunao, el lonko Aniceto Norín y otros miembros de comunidades ubicadas en comunas de la novena y décima regiones: Oscar Higueras Quezada, José Llanca Ailla, Marcelo Quintrileo Contreras, los hermanos Pascual y Rafael Pichun, Mauricio Contreras Quezada, José Llanquileo Antileo, Jorge Aelino, Huaiquin Antinao, José Ciriaco Millacheo Lican y José Cariqueo Saravia. En la sala se vivieron momentos de gran conmoción, pero la jueza Uribe denegó de inmediato la petición. Los analistas y académicos que evalúan la implementación de la Reforma Procesal Penal deberán incorporar el incidente en sus registros.

Luego del incidente la magistrado dio el único "sí" de la jornada, al aceptar el receso pedido por los defensores para reunirse con sus representados. En la reunión, los imputados aclararon que su decisión respondía a los testigos secretos y no a la labor realizada por la defensa. La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos mapuche señaló en una declaración pública fechada el 16 de marzo en Temuco, que el defensor Regional de la Araucanía, Claudio Pavlic, presente en la reunión, "concordó que la presencia de testigos secretos vulneró el derecho a una defensa efectiva. La defensa sostiene que al desconocer la identidad de los declarantes no se puede establecer su credibilidad, ni los móviles que tienen para declarar contra los imputados, ni menos es posible presentar pruebas que desvirtúen sus declaraciones."

Tercera suspensión

Al concluir el receso la jueza Uribe se negó a declararse inhabilitada y suspendió la audiencia hasta el pronunciamiento de la Corte en Temuco. Esta es la tercera suspensión que afecta a la causa iniciada a comienzos de marzo.

La Agrupación de Familiares y Amigos de los PP mapuche sostiene en su declaración que al igual que sus defensores, espera que otro Tribunal vea la causa, para hacer efectivo el derecho esencial de toda persona a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial como lo señalan los pactos de San José de Costa Rica y los pactos civiles y políticos manifestaron los defensores.

Aberraciones jurídicas

Observadores del juicio estiman que la incorporación de la nueva especie de testigo "encapuchado" o sin rostro, vulnera normas básicas del debido proceso y deja de lado el principio de que las leyes más favorables a la fecha de la comisión del delito se aplican con preferencia a otras posteriores que pudieran perjudicar a los imputados. En este caso, la Jueza autorizó los testigos sin rostro en virtud de la ley del 31 de mayo de 2002 que modificó la Ley Antiterrorista, en fecha posterior a los delitos expuestos por la Fiscalía en su acusación.

Por otra parte, ya hay precedentes de que la Reforma penal no cambia nada para los mapuche. Así lo indica la condena de los lonkos de Traiguén, ratificada por la Corte Suprema en enero pasado y basada en pruebas inexistentes y testigos sin rostro. El derecho a la defensa pasa a ser así una mera formalidad y los derechos humanos del pueblo mapuche, una vez más, son gravemente vulnerados.