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La Paz, febrero 26, 2004.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos intentó lavar de culpa y pena al ex presidente Goni Sánchez de Lozada, a sus principales colaboradores y a su propia representación diplomática en La Paz por las matanzas y crímenes de febrero y octubre del 2003.

En el "Informe sobre la Práctica de los Derechos Humanos en Bolivia - 2003", difundido ayer, el Departamento de Estado sostiene que el gobierno boliviano respetó los derechos humanos de los ciudadanos y atribuyó toda la responsabilidad de las masacres, en las que fueron asesinadas a bala y metralla más de un centenar de personas, a los excesos de algunos miembros de la Policía y del Ejército.

Este informe fue de inmediato cuestionado y condenado por representantes de los Derechos humanos en Bolivia, parlamentarios y organizaciones sociales y populares.

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que era inaceptable que el informe estadounidense exima de responsabilidades y culpa al ex presidente Sánchez de Lozada por estos crímenes de lesa humanidad. Asediado por una rebelión popular, el ex presidente tuvo que abandonar el poder el 17 de octubre, bajo la cobertura y apoyo de la Embajada de Estados Unidos en La Paz que lo respaldó hasta el último momento.

"Los militares y policías dispararon contra un pueblo indefenso. Ha sido un genocidio, un delito de lesa humanidad (...) Pero hay que aclarar que las tropas actuaron cumpliendo ordenes del Capitán General de las Fuerzas Armadas, que era el mismo Sánchez de Lozada", explicó.

En el mismo tono condenatorio, el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, descalificó también el informe del Departamento de Estado norteamericano, que obvia cualquier enjuiciamiento al pasado gobierno.

Según reporta la agencia Prensa latina, el activista humanitario manifestó que el régimen de Sánchez de Lozada fue el peor violador de los derechos humanos desde el restablecimiento de los gobiernos civiles, hace más de dos décadas, inclusive sin considerar la matanza de octubre, que cobró 60 víctimas según cifra oficial.

Las críticas al informe norteamericano fueron similares entre los parlamentarios indígenas y de izquierda, así como en las organizaciones humanitarias, sociales y laborales. Todos cuestionaron la posición estadounidense de intentar eximir de culpa a los ex gobernantes y a la propia Embajada en La Paz, exigiendo en cambio el esclarecimiento de los hechos y sanciones ejemplarizadoras para Sánchez de Lozada y su gobierno, que fue respaldado hasta casi el final por las transnacionales, los empresarios nacionales y su vicepresidente Carlos Mesa, convertido hoy en el nuevo presidente constitucional.

EL INFORME

El informe difundido por el Departamento de estado señala textualmente:

"Bolivia es una democracia constitucional pluripartidaria, gobernada por un presidente electo y con una legislatura bicameral; se divide en tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y cuenta con una fiscalía general independiente de los tres poderes. El 17 de octubre, manifestantes forzaron al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que había sido electo en las elecciones libres y justas de agosto de 2002, a renunciar a su cargo. Luego de efectuarse una votación en el Congreso, el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert asumió la presidencia y restauró el orden. Mesa designó a un gabinete no político y prometió revisar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente.

La Constitución establece un ministerio público independiente; sin embargo, este adoleció de corrupción, ineficiencia y manipulación política.

La Policía Nacional tiene como primera responsabilidad la seguridad interna, pero se puede acudir a las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Policía en circunstancias críticas. La Policía Técnica Judicial (PTJ) lleva adelante investigaciones de delitos comunes (casos que no involucran narcóticos). La Policía brinda seguridad para los grupos de erradicación de la coca en la región del Chapare. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que incluye a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), se halla abocada a la interdicción de narcóticos.

Las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad; sin embargo, elementos rebeldes de las fuerzas policiales llevaron adelante un motín contra la autoridad del gobierno durante las manifestaciones de febrero. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos en contra de los derechos humanos.

El país tiene de una economía de mercado. Existe una pobreza extensa y un 65 por ciento de su población de 8,4 millones de habitantes vivía por debajo de la línea de la pobreza. Muchos de sus ciudadanos carecen del acceso a los servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, electricidad y atención en salud primaria. El país es rico en minerales e hidrocarburos; sin embargo, la mayoría de los trabajadores participa de la agricultura tradicional y muchos ciudadanos están apenas vinculados a la economía monetaria. Durante este año, la economía creció aproximadamente en un 2,5 por ciento. El gobierno mantuvo una alta dependencia de la asistencia extranjera para financiar proyectos de desarrollo.

El gobierno, en general, respetó los derechos humanos de sus ciudadanos; sin embargo, hubo serios problemas en ciertas áreas. Las fuerzas de seguridad mataron a docenas e hirieron a cientos de manifestantes en episodios de violentas protestas. Asimismo, un total de 27 miembros de las fuerzas de seguridad fueron muertos y docenas resultaron heridas en manifestaciones o al intentar hacer cumplir las políticas de erradicación de la coca, que gozan de apoyo internacional. Existieron acusaciones, sin confirmar, de tortura por parte de la Policía y las fuerzas de seguridad. Hubo informes que gozan de credibilidad sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluso el uso excesivo de la fuerza, extorsión y arrestos indebidos. Hubo informes de que se maltrataba a los conscriptos militares. Las condiciones penitenciarias fueron duras y la violencia en las penitenciarías fue un problema. Hubo informes que gozan de credibilidad sobre arrestos y detenciones arbitrarios. El encarc elamiento prolongado siguió siendo un problema grave. El gobierno continuó la implementación de la nueva Ley del Ministerio Público con el fin de adaptar la función de las fiscalías en el sistema judicial a los requisitos del Código de Procedimiento Penal (CPP). Entre otros problemas destacaron la violencia doméstica y discriminación de la mujer imperantes, el abuso de la niñez, la discriminación y abuso del indígena y la discriminación de los ciudadanos afro-bolivianos. También fueron problemas serios el trabajo infantil y las condiciones inhumanas de trabajo en la industria minera. Asimismo, la trata de personas fue otro de los problemas.