9 de marzo del 2004

Econoticiasbolivia.com

La Paz, marzo 5, 2004.- Arrinconado por las transnacionales petroleras y los empresarios nacionales, el presidente Carlos Mesa dejó de lado otra vez la presentación de la reforma de la ley de hidrocarburos, anuló el proyecto sobre el patrimonio que afectaba a los segmentos de mayores ingresos de las clases medias y empresariales y lanzó el "doble impuestazo" sobre todos los propietarios de inmuebles y vehículos.

La acción gubernamental ocasionó, de inmediato, el aplauso empresarial y el repudio popular, especialmente entre los sectores más empobrecidos de las clases medias, que hasta ahora habían sido la base social de apoyo al régimen que emergió en octubre, tras que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fuera derribado por una insurrección popular.

"Mesa se ha bajado los pantalones ante los empresarios de Santa Cruz y ahora quiere que seamos nosotros los que paguemos por ellos", dijo anoche a las cámaras de la Red Unitel uno de los vecinos de la populosa zona de La Paz de Villa Copacabana. Similares reacciones de protesta e ira se conocieron en varios barrios de La Paz y El Alto ante la decisión gubernamental que obliga a todos los propietarios de inmuebles, que tengan un valor catastral mayor a los 80 mil bolivianos (10 mil dólares) a duplicar su actual pago de impuestos, uno para la Alcaldía y otro para las desfallecientes arcas del Tesoro General de la Nación. Según este proyecto de ley, que debe ser aprobado por el Congreso para ser efectivo, todos los propietarios de vehículos deben cumplir también con la misma obligación.

Con este "doble impuestazo", el gobierno pretende recaudar 40 millones de dólares, cinco millones más que con el anulado Impuesto al Patrimonio Neto (IPN), que gravaba con el pago del 1,5 por ciento a los inmuebles y propiedades de más de 80 mil dólares. El IPN había sido severamente cuestionado por los empresarios nacionales, que lo consideraban como recesivo y contrario a la reactivación económica y no, como había sido presentado por Mesa, como el impuesto sobre la riqueza.

Otro proyecto de ley que ha sido modificado en las últimas horas es el de las Transacciones Financieras, al reducirse la alícuota del 3 al 2 por ciento, también bajo la exigencia de los empresarios nacionales, especialmente de los asentados en la región oriental y sur del país, los que habían respaldado hasta el final al ex presidente Sánchez de Lozada y abogado en varias oportunidades en defensa del proyecto de exportación de gas a los Estados Unidos y de las petroleras extranjeras que mantienen gran influencia en el país.

Precisamente estas petroleras lograron, mediante presiones y amenazas, que el gobierno retroceda otra vez en su declarada intención de presentar un proyecto de modificación de le Ley de Hidrocarburos. Este proyecto sustituía el Impuesto a las Utilidades Extraordinarias (Surtax) por el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos, con un similar rendimiento tributario aunque más fácil de ejecutar y cobrar, además de impulsar un parcial potenciamiento y resurgimiento de la empresa estatal del petróleo.

Aunque el impacto fiscal de esta reforma era mínimo, ya que significaba apenas una recaudación tributaria adicional de 50 millones de dólares, representaba para las petroleras extranjeras un cambio en los contratos existentes y un peligro de sentar jurisprudencia para posteriores modificaciones profundas en su privilegiada relación con el Estado boliviano.

Según informaron altas autoridades de gobierno y diputados de la Comisión de Energía, las transnacionales petroleras han amenazado con iniciar acciones legales y juicios en tribunales internacionales contra el Estado boliviano. Otras presiones han corrido por parte de las embajadas de España, Brasil y Estados Unidos.

Todo ello, ha desalentado al gobierno de Mesa, que ha decidido archivar por el momento su proyecto de reforma, dejando sin fecha ni plazo su presentación ante el Congreso, lo que había sido comprometido en varios mensajes presidenciales a la nación. Este proyecto, incluso, había sido presentado oficialmente días atrás por el ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, a los niveles directivos del Banco interamericano de Desarrollo, BID, en Washington.