El conflicto entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CDPB) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) sirvió para que varios ciudadanos (yo entre ellas) conocieran que esta última tiene como asociada a la Cámara de Hidrocarburos, integradas por las poderosas petroleras que operan en el país. Semejante participación distorsiona el funcionamiento de cualquier entidad corporativa, ya que su peso económico es, por lo menos, cientos de veces mayor al de Bolivia.
Es obvio, además, que los intereses de la British Gas, Repsol (tan vinculadas a negocios en Chile), además de Petrobrás, Amoco o Maxus son antagónicos a los del país en su conjunto. Basta observar la forma en que estas compañías imponen precios internacionales al consumo de nuestros hidrocarburos, se oponen a la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pretenden abastecer con nuestro gas a la minería chilena e industrializar con gas boliviano, en detrimento nuestro, el norte del país vecino y se resisten a incrementar los esmirriados tributos que nos pagan, para confirmar nuestro punto de vista.
No es novedad que el poder petrolero se convierte en un super Estado en los países atrasados y que, con demasiada frecuencia, provocan guerras, invasiones y derrocan gobiernos a su antojo. ¿Habrá que recordar que las petroleras inglesas ahorcaron a Mossadegh en el Iran, en 1953, por haber nacionalizado el petróleo? ¿Es que la guerra del Chaco y la de Perú y Ecuador no fueron causadas por pugnas entre la Standard Oil y la Royal Dutsch Shell? ¿Acaso el poder petrolero no está detrás de los recientes genocidios en Afganistán o Irak y de los intentos por derrocar a Hugo Chávez en Venezuela?
La actitud permisiva de los empresarios de Santa Cruz con las petroleras demuestra, una vez más, las virtudes y limitaciones de los industriales del país. Por una parte, demuestran valentía y audacia al invertir en un país con infraestructura deficiente, con gobiernos que los extorsionan a través de impuestos y coimas, con una competencia foránea ante la que se hallan casi indefensos. Sin embargo, la otra cara de la medalla es patética. La CEPB exigió la liquidación de nuestra petrolera estatal. Entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la ENRON, prefirió a la corrupta empresa norteamericana como socia de PETROBRAS para construir el gasoducto al Brasil. Exigió a gritos al general Banzer la privatización de las refinerías. Ahora que la enajenación de los hidrocarburos ha sido consumada, son los propios empresarios nacionales los que gimen porque sus industrias, en lugar de ser alimentadas por gas y petróleo baratos, como corresponde a un país que posee hidrocarburos, deben comprarlos a precios internacionales, lo que incrementa su marginalidad en los mercados internacionales.
La FEPSC es un poder moral y político muy importante es el país. Su sola palabra sirvió para quebrar en dos a la CEPB. Y pesará aún más en el futuro cercano, cuando los bolivianos debatamos, en la próxima Asamblea Constituyente, temas fundamentales como las autonomías departamentales, la mayor descentralización administrativa, o el federalismo. En estos debates cruciales no deberían estar las petroleras, encubiertas en una sigla nacional. En la crisis de octubre, se reveló que Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) pretendió trasladar el Poder Ejecutivo a Santa Cruz, con el respaldo de las estos consorcios. ¿Lo anterior no es una llamada de atención frente a intentos foráneos que buscan disgregar al país?
Al concluir, invocamos a los empresarios de Santa Cruz a seguir el ejemplo de insignes patriotas del oriente boliviano, como Germán Busch, nuestro máximo héroe de la Guerra del Chaco; Dionisio Foianini, el principal gestor de la creación de YFFB; Humberto Vásquez Machicado, el más ilustre de nuestros historiadores del Siglo XX; y de José Ortiz Mercado, autor de la notable Estrategia Socio Económica para el Desarrollo Nacional 1971 1991, quienes, con toda seguridad, no habrían aceptado que las petroleras se infiltren en el empresariado oriental.
