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Violencia, represión y muerte acechan en las provincias de La Paz
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La erradicación de la coca excedentaria de los Yungas de La Paz será la tarea principal del gobierno del presidente Carlos Mesa, según encomendó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se viene una ola de violencia, represión y muerte en las provincias de La Paz.
En el Informe del Departamento de Estado sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos se establece, en el caso de Bolivia, que la política de erradicación ha dado grandes frutos en el Chapare de Cochabamba, pero que ahora la tarea es mucho más ardua en los Yungas de La Paz. Con esta orientación, es previsible que, en lo inmediato, los conflictos sociales y la guerra de baja intensidad que se desarrolla en el Chapare se traslade a las provincias de La Paz, con todas sus secuelas de muerte, represión y desconocimiento de los derechos humanos.
"Los Yungas es el área que concentra los mayores cultivos de coca en Bolivia, donde la topografía (cadenas de montañas atravesadas por un solo camino angosto) y una larga historia de cultivo de coca tradicional proveen argumentos en contra de la simple repetición de la exitosa estrategia de erradicación forzosa del Chapare. Esta área constituirá el principal desafío del Presidente Carlos Mesa", dice el Departamento de Estado.
En la percepción estadounidense, "el mayor desafío que enfrenta Bolivia en el ámbito de las drogas es cómo controlar el crecimiento del cultivo ilegal en los Yungas, donde la coca ha sido cultivada por milenios y los cocaleros están dispuestos a luchar para proteger su "derecho" a cultivarla".
Hasta ahora, según el Departamento de Estado, "la violenta oposición cocalera y un terreno geográfico difícil han desalentado la erradicación forzosa en los Yungas. En su lugar, el gobierno de Bolivia ha seguido una estrategia de control basada en la interdicción. Utilizando el mismo terreno montañoso que dificulta la erradicación forzosa, el gobierno de Bolivia ha restringido el movimiento de la hoja, los precursores y las drogas ilícitas a través de los puntos de control. El gobierno de los EE.UU. se encuentra trabajando estrechamente con el gobierno de Bolivia para mejorar la eficiencia y confiabilidad de DIGECO, institución responsable de reglamentar el comercio de coca legal", agrega
EL INFORME
El Informe señala textualmente lo siguiente:
I. Resumen
Las políticas coherentes sobre erradicación forzosa llevadas a cabo por sucesivos gobiernos bolivianos ha eliminado virtualmente la condición del Chapare como importante fuente de producción de coca destinada a la fabricación de cocaína. La impresionante incautación tanto de drogas como de precursores químicos, que rompió el récord en 2003, demuestra el valor de las inversiones a largo plazo que se realizan para el desarrollo de unidades especiales de la Policía en la lucha antinarcóticos (FELCN). Las iniciativas del desarrollo alternativo (DA) en el Chapare continúan proporcionando alternativas legales a la coca y las nuevas actividades del DA en los Yungas están empezando a demostrar su valor. Bolivia es un importante país de tránsito de los precursores de la cocaína.
Los Yungas es el área que concentra los mayores cultivos de coca en Bolivia, donde la topografía (cadenas de montañas atravesadas por un solo camino angosto) y una larga historia de cultivo de coca tradicional proveen argumentos en contra de la simple repetición de la exitosa estrategia de erradicación forzosa del Chapare. Esta área constituirá el principal desafío del Presidente Carlos Mesa. El 2003, el gobierno de Bolivia continuó los trabajos para establecer los mecanismos para el control del mercado legal de la coca e impedir su desvío para la producción de cocaína. Reconociendo la importancia de los temas antinarcóticos , el Presidente Mesa se encuentra presidiendo personalmente el reorganizado y fortalecido Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID).
Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988
II. Situación del País
Bolivia ha cultivado la hoja de coca durante milenios para usos tradicionales. La coca continúa siendo parte central de las ceremonias indígenas y de la medicina tradicional, así como también un estimulante popular legal que se consume en la forma de mate y en la masticación (acullico). La ley boliviana autoriza la existencia de 12,000 hectáreas de cultivo de coca para este mercado, principalmente en los Yungas.
Hasta 1990 la región del Chapare fue el principal proveedor de cocaína con destino al mercado de los EE.UU. A través de una enérgica intervención, el gobierno de Bolivia redujo el cultivo desde su punto más alto en 1989 (de 52,900 a 28,450 hectáreas en 2003), retirando efectivamente al Chapare del circuito coca/cocaína. El 2003, la exitosa reducción del cultivo de coca en el Chapare (que disminuyó en un 15 por ciento) fue contrarrestada por un incremento del 26 por ciento en los Yungas, generando un incremento neto en todo el país del 17 por ciento, o 4,050 hectáreas. Bolivia es también un importante país de tránsito (especialmente para la cocaína peruana) porque sus fronteras recorren los más alejados y menos controlados territorios de sus cinco países vecinos.
III. Acciones del País contra el Narcotráfico en 2003
Iniciativas de Políticas. El Presidente Banzer (1997-2001) modificó la política boliviana de inacción a una de seria confrontación al circuito coca/cocaína. Desde entonces y, a pesar de la tremenda crisis social y política (en parte debido a las políticas antinarcóticos), han continuado la política de erradicación forzosa gobierno de Bolivia en el Chapare y la interdicción cada vez más sofisticada de drogas ilícitas y precursores. Los esfuerzos de los productores de coca ("cocaleros") para detener la erradicación han sido rechazados, sin embargo, el gobierno de Bolivia ha estado dispuesto a analizar una diversidad de otros temas relacionados con la coca en un intento para evitar la violencia y las consecuencias económicas adversas que resultan de las manifestaciones e intimidación provocadas por los cocaleros.
La débil coalición del gobierno de Sánchez de Lozada renunció después de que se produjeron amplias protestas debido en gran parte a temas económicos en octubre del 2003, luego de sólo 14 meses de un período de cinco años. El gobierno sucesor de Mesa confronta mayores desafíos sociales y políticos. A pesar de este contexto, el Presidente Mesa ha asumido la presidencia del CONALTID, el comité interministerial que coordina la política antinarcóticos del gobierno de Bolivia. El CONALTID, reorganizado en noviembre, demuestra un potencial para asumir un papel más fortalecido el 2004.
El principal desafío que enfrenta Bolivia es el crecimiento no contenido del cultivo de coca en los Yungas. La violenta oposición cocalera y un terreno geográfico difícil han desalentado la erradicación forzosa en los Yungas. En su lugar, el gobierno de Bolivia ha seguido una estrategia de control basada en la interdicción. Utilizando el mismo terreno montañoso que dificulta la erradicación forzosa, el gobierno de Bolivia ha restringido el movimiento de la hoja, los precursores y las drogas ilícitas a través de los puntos de control. El gobierno de los EE.UU. se encuentra trabajando estrechamente con el gobierno de Bolivia para mejorar la eficiencia y confiabilidad de DIGECO, institución responsable de reglamentar el comercio de coca legal.
El principal desafío de este esfuerzo ha sido la falta de institucionalización de un servicio civil profesional. La Administración de Mesa ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos que coopere para desarrollar un servicio civil moderno en los departamentos y oficinas comprometidos en el programa antinarcóticos, empezando con el Ministerio de Gobierno.
Logros. El gobierno de Bolivia logró éxito el 2003 en sus tareas antinarcóticos: de acuerdo al informe de satélite del Centro Antinarcóticos (CNC, por sus siglas en inglés), la erradicación forzosa condujo a un descenso del 15 por ciento en el cultivo de coca en el Chapare. Pese al incremento neto del 17 por ciento en la totalidad de la coca, la producción potencial de cocaína permaneció sin cambio debido a la inmadurez de las nuevas plantaciones de coca Las estadísticas de interdicción se incrementaron de manera dramática; y las principales organizaciones traficantes fueron retiradas.
Esfuerzos para la Aplicación de la Ley. Los gobiernos de Bolivia y de los Estados Unidos continúan trabajando conjuntamente para ampliar las capacidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y sus unidades especializadas, incluyendo: incremento de personal, mejoramiento de la infraestructura física existente, y construcción de nuevas bases. Como resultado directo, las incautaciones de interdicción mejoran anualmente y el año 2003 fueron tres veces más altas que aquellas para el 2002 con 152 toneladas métricas de hoja de coca y 12.9 toneladas métricas de cocaína capturada.
Corrupción. Las organizaciones traficantes de Bolivia parecen no ejercer mayor influencia corruptora en los niveles más elevados del gobierno de Bolivia. Los recientes gobiernos no han condonado, alentado o facilitado aspecto alguno del tráfico de narcóticos. El gobierno de Bolivia ha investigado enérgicamente las acusaciones y, al parecer, se encuentra preparado para asumir la acción adecuada en casos donde las investigaciones sugieren que la Policía Boliviana Nacional u otros oficiales se encuentran comprometidos o implicados de otra manera en actos de corrupción relacionados con narcóticos. La reciente creación de la Oficina de Responsabilidad Profesional en la FELCN y la Policía Nacional ayudará a minimizar las oportunidades de corrupción entre los miembros de la institución y a incrementar su capacidad de asuntos internos. El gobierno de los Estados Unidos alentará a establecer una unidad similar en la oficina de los Fiscales de Sustancias Controladas. El 2003, no hubo proceso alguno relacionado a casos de narcotráfico que comprometiera a oficiales de alta jerarquía, pese a que cuatro jueces fueron suspendidos y se encuentran bajo proceso jurídico-administrativo. Luego de la conclusión de este proceso, se determinará los cargos oficiales para el enjuiciamiento.
Acuerdos y Tratados. Bolivia es integrante de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), y la Convención de las Naciones Unidas sobre Substancias Psicotrópicas de 1971. Bolivia suscribió, pero aún no ratificó, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra el Tráfico de Migrantes; ambos han sido aprobados por el Senado, pero continúan en la Cámara de Diputados para su aprobación final por más de un año. En noviembre del 2001, Bolivia ratificó el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas. El 10 de diciembre del 2003, Bolivia suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Extradición. Bolivia y los Estados Unidos suscribieron un tratado bilateral de extradición en 1995, que entró en vigencia el siguiente año y dictamina la extradición de nacionales por delitos mayores incluyendo el narcotráfico. No hubo extradición de Bolivia a los EE.UU. el 2003, ni hubo petición alguna. La última extradición relacionada con narcotráfico de Bolivia fue en agosto de 2001.
Cultivos y Producción. El gobierno de Bolivia prosiguió con la erradicación forzosa en el Chapare. El informe de satélite del CNC calculó que el cultivo de coca en los Yungas se incrementó al 26 por ciento, generando un área total de cultivo en Bolivia de 28,450 hectáreas, que representa un incremento neto del 17 por ciento en relación al 2002. La Ley 1008 autoriza hasta 12,000 hectáreas de cultivo de coca legal para la provisión al mercado legal. La producción total potencial de cocaína en Bolivia disminuyó de un estimado de 240 toneladas métricas en 1995 a 60 toneladas métricas el 2003.
Flujo y Tránsito de Narcóticos. La FELCN tuvo un año excelente el 2003, casi triplicando las incautaciones de cocaína del 2002. Hasta fines del 2003, el gobierno de Bolivia incautó 152 toneladas métricas de hoja de coca, 12.9 toneladas métricas de cocaína y 8.5 toneladas métricas de marihuana (canabis), además de 546,252 litros de precursores químicos líquidos (acetona, diesel, éter, etc.) y 538.1 toneladas métricas de precursores químicos sólidos (ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio, etc.). Destruyó también 1,769 laboratorios de cocaína base y realizó 3,902 arrestos en 4,709 operativos. El gobierno de Bolivia continúa centrándose en la interdicción de drogas ilícitas y sustancias químicas, así como también en la detención y desbaratamiento de organizaciones que internan precursores a Bolivia desde Chile y la Argentina y de aquellas que transportan cocaína de Bolivia con destino al Brasil y la Argentina.
Aproximadamente 30 toneladas métricas de cocaína peruana ingresan a Bolivia a lo largo de los tramos de la frontera compartida del norte de Bolivia, luego atraviesan Bolivia para ingresar al Brasil. Esta cocaína se consume principalmente en el Brasil. Una proporción cada vez mayor de la cocaína peruana que transita Bolivia y de la cocaína boliviana tiene como probable destino: Europa, Argentina, Chile y Paraguay. Una cantidad cada vez mayor se consume en Bolivia.
Desarrollo Alternativo. En el Chapare, USAID respalda la reducción de la coca profundizando y ampliando la asistencia del desarrollo alternativo (DA). Hasta el Año Fiscal 2003, USAID ayudó a unas 26,000 familias agricultoras con apoyo del DA e incrementó los cultivos lícitos (no relacionados con drogas) de 127,013 a 129,703 hectáreas, incluso con una pausa en el programa de dos meses ocasionada por los conflictos sociales, la violencia y los bloqueos. El ingreso familiar promedio de los productos lícitos se elevó de $2,055 en 2001 a $2,138 en 2002 y el número de empleos en la agroindustria lícita ascendió a casi 53,000 hasta fines del 2003. Luego de la crisis económica argentina del 2002, los programas del DA gozan de un sustancial mayor acceso al mercado, con un incremento estimado de 30 por ciento en la exportación de bananas (a 22,000 toneladas métricas) y un incremento del 250 por ciento de piñas exportadas (a 900 toneladas métricas). Asimismo, USAID inició nuevas actividades importantes en la titulación de tierras, salud, medio ambiente y democracia en la región.
El 2003, el programa de DA de los Yungas concluyó 96 proyectos de infraestructura rural y de poblaciones pequeñas, inició 44 nuevos proyectos y empezó el diseño de 40 proyectos. Estos incluyen sistemas de agua potable, escuelas, plantas beneficiadoras de café y otros tipos de infraestructura social y productiva. Además, USAID continuó cimentando el capital social mediante becas para 33 estudiantes universitarios de la región en el campo de la salud y la agropecuaria. Los programas del DA capacitaron a 60,000 residentes de los Yungas de 454 comunidades en prevención de enfermedades, programas para proveer tratamiento médico para la tuberculosis y la lesmaniasis a más de 2,000 pacientes, construyó 240 letrinas beneficiando a cerca de 6,000 personas, realizó el mantenimiento y mejora de 112 kilómetros de caminos vecinales en zonas montañosas (incluyendo la construcción de tres puentes principales) y otorgó asistencia técnica en la cosecha de café y las técnicas de beneficiado en 116 comunidades llegando a más de 5,000 familias (y ayudó a incrementar en especial las exportaciones de café en 300 por ciento llegando a más de $us.1 millón).
El proyecto de la Organización de Estados Americanos, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, para modernizar el cultivo de cacao orgánico y de la banana en los Yungas está mitigando efectivamente la pobreza y previniendo la ampliación del cultivo de coca ilegal en esta región considerada vulnerable. 1,300 familias participan en el proyecto, cada una con un promedio de 2 hectáreas de cultivos y beneficiándose de ingresos entre $1,866 y $2,900 al año, además de los cultivos de subsistencia que se producen para la alimentación y el mercado.
Programas Nacionales (Reducción de la Demanda). En marzo del 2003, se trasladó el Viceministerio de Prevención y Rehabilitación del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Salud, medida que ha debilitado aún más los proyectos bilaterales de reducción de la demanda. El gobierno de los Estados Unidos ha sugerido al gobierno de Mesa restablecer esta función a su Ministerio original, colocándola bajo el Viceministerio de Defensa Social, el "zar de las drogas" del gobierno de Bolivia. A fines de año, el CONALTID estuvo planificando volver a enfatizar la reducción de la demanda como uno de los cuatro pilares de la política antinarcóticos del gobierno de Bolivia y considerar dónde ubicar la función de coordinación.
IV. Iniciativas y Programas de la Política de los EE.UU.
Iniciativas de Políticas. Los principales objetivos de la lucha antidroga del gobierno de los Estados Unidos en Bolivia son: sacar a Bolivia de la producción de la coca para la producción de cocaína; promover el desarrollo económico y establecer cultivos alternativos legales y mercados para proveer a los agricultores opciones viables al cultivo de la coca; desmantelar la producción de cocaína en Bolivia; prohibir y destruir las drogas ilícitas y los precursores químicos que se trasladan dentro y a través del país; reducir y combatir el mercado para el consumo interno de cocaína y otras drogas ilícitas; e institucionalizar un sistema profesional de cumplimiento de la ley profesional. El gobierno de los Estados Unidos trabaja a través de diversos programas para promover la reforma institucional y fortalecer los elementos al interior del gobierno de Bolivia dedicados a tratar los temas antinarcóticos.
Cooperación Bilateral. El gobierno de Bolivia y la Embajada de los Estados Unidos se reúnen habitualmente en todos los niveles y a través de diversas entidades para coordinar políticas, implementar programas y operativos y resolver diversos temas. La Oficina para Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), a través de la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la Embajada de los EE.UU. y su Programa Aéreo, respalda y asiste a todas las fuerzas de interdicción y erradicación. Este respaldo está definido por un Convenio Bilateral suscrito anualmente con el gobierno de Bolivia.
El Camino a Seguir. Actualmente, Bolivia está experimentando su más grave inestabilidad política desde la Revolución de 1952. El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el mando el 2002, a la cabeza de una débil coalición y fue obligado a renunciar en octubre del 2003, durante una serie de protestas masivas violentas y bloqueos de carreteras dirigidos por diversos grupos radicales de la oposición. La agitación demostró una generalizada corriente de insatisfacción popular con el sistema político de larga data. El actual Presidente, Carlos Mesa, dirige un gobierno "apolítico", cuyos ministros se desempeñan sin vínculo alguno con partidos políticos. Sin embargo, gobernar bajo la constante amenaza de una renovada protesta popular y requerimientos financieros masivos impone un tremendo desafío.
Evo Morales, el más conocido líder radical cocalero, recibió la segunda mayor votación en la elección presidencial del 2002. A su vez, él dirige un movimiento político constituido por un conglomerado de elementos políticos dispares que realizan campañas en contra del status quo. Existen otros líderes antisistémicos compitiendo con Morales por el liderazgo de Bolivia, cada uno buscando beneficiarse políticamente del creciente sentido de exclusión y frustración evidente en muchos votantes, especialmente aquellos provenientes de las planicies montañosas, el altiplano boliviano.
Las implicaciones de la situación política sobre la capacidad de Bolivia para cumplir sus obligaciones bajo la Convención de 1998 y el Convenio Bilateral con el gobierno de los Estados Unidos son difíciles de predecir. Actualmente, la política para continuar la interdicción cuenta con el apoyo de muchas agrupaciones políticas.
El mayor desafío que enfrenta Bolivia en el ámbito de las drogas es cómo controlar el crecimiento del cultivo ilegal en los Yungas, donde la coca ha sido cultivada por milenios y los cocaleros están dispuestos a luchar para proteger su "derecho" a cultivarla.
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