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Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 17, 2004).- Con un paro nacional de maestros y movilizaciones programadas en todas las ciudades del país, la Central Obrera Boliviana (COB) inició hoy las protestas contra el gobierno neoliberal de Carlos Mesa, al que acusan de no atender sus demandas sociolaborales ni cumplir con las promesas para superar la crisis económica y recuperar la propiedad estatal del gas y el petróleo
El líder de la COB, Jaime Solares, dijo que en todas las movilizaciones se sentiría el clamor de las organizaciones sociales y laborales para lograr la re-nacionalización del gas y el petróleo, el rechazo a los nuevos impuestos que intenta crear el gobierno y el repudio al nuevo ministro de Hidrocarburos, Antonio Araníbar, el canciller que acompañó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en facilitar el ingreso de la Enron a Bolivia y entregar los hidrocarburos a las transnacionales.

"Este es el inicio de las protestas sociales de los trabajadores en reivindicación de las demandas de octubre durante la guerra del gas (...) Son las acciones de protesta previas al ampliado del 7 de abril en el centro minero Huanuni, donde tomaremos la decisión de qué hacer con el gobierno de Mesa", explicó Solares.

La movilización de la COB está siendo acompañada hoy por el paro decretado por el magisterio urbano, que exige, además de respaldar las demandas del conjunto de los trabajadores, un mayor incremento salarial, la creación de nuevos ítems para maestros y otras reivindicaciones laborales.

La protesta de los maestros tiene también una clara orientación antigubernamental. "Nosotros no tenemos ningún compromiso con el gobierno de Carlos Mesa, que es neoliberal y representante de las empresas extranjeras y de la oligarquía. Si sus más grandes aliados, los empresarios, le dan la espalada es porque está entrando en quiebra (...) Mesa no está haciendo nada de lo que se planteó en octubre. Planteamos la necesidad de que si un gobierno no atiende las demandas del pueblo debe irse", dijo el profesor René Pardo, dirigente de la radical Federación de La Paz.



RECHAZAN EL PACTO SOCIAL

Al igual que la COB, los maestros ratificaron su rechazo al pedido de Mesa y de los empresarios de avanzar hacia un pacto social. "No puede haber pacto social con gente que está nadando en la corrupción", dijo el dirigente José Luis Alvarez.
"El Presidente (Mesa) nos pide un pacto y olvidar la creación de más ítems para el magisterio; pero en el Ministerio de Educación y bajo el amparo de la Reforma Educativa se mantienen la corrupción y el nepotismo. Por ejemplo se recontrató a Gustavo Pérez García, quien manejo 50.7 millones de dólares de un programa de la Reforma y que fue denunciado por nepotismo, ya que contrató a su hermana, una estudiante de diseño, con un sueldo de 17.578 dólares", agregó. En Bolivia, el salario promedio mensual de los trabajadores está por debajo de 100 dólares.

Desde la óptica laboral, un pacto con Mesa sólo significaría que los trabajadores abandonen sus propias demandas para mantener intactos los intereses de las transnacionales y los grupos de poder. "Creo que los sindicatos y la sociedad boliviana necesitamos un nuevo gobierno, que saque la cara y se ponga la camiseta del pueblo ante los organismos internacionales y les diga: señores vamos a gobernar con nuestra propia política nacional", afirmó Solares.

"No nos dejemos convencer por los discursos (de Mesa), el hipócrita puede separar una pareja que está unida por 10 años con una sola palabra, tengamos cuidado de eso. Los trabajadores vamos a seguir conservando la democracia, pero una democracia de verdad, donde nadie nos tome el pelo", agregó.

Similar criterio existe entre los campesinos de La Paz. El dirigente de la Federación regional, Rufo Calle, dijo que su sector estaba en estado de emergencia ante el incumplimiento de las promesas presidenciales. "No hay tregua. Nosotros no estamos dispuestos a apoyar (a Mesa), le hemos dado la oportunidad suficiente de 90 días. El gobierno debe ver otras formas de obtener recursos, por ejemplo suprimir las rentas altas, pero no afectar los ingresos de los más pobres".