Colorados con los pelos de punta

La "decisión política" argentina de auspiciar la investigación de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz pone nerviosos a los colorados, ante la inminencia de revelaciones sobre los motivos de los crímenes y la identidad de sus autores intelectuales.

El Partido Colorado pone las barbas en remojo: todos los esfuerzos por mantener en secreto la identidad de los asesinos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez y de sus autores intelectuales -aquellos que dieron luz verde para los crímenes- resultarán vanos -y los costos políticos, excesivos- cuando la justicia argentina reciba dentro de diez días dos acciones, una demanda y una presentación reclamando la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires.
Las prematuras reacciones del ministro de Defensa, Yamandú Fau, devenido en una pieza clave de la agónica impunidad, sólo confirman los temores existentes en círculos colorados de que finalmente salgan a luz los detalles que con tanto ahínco se pretendieron ocultar mediante una maniobra de inteligencia que hizo abortar, en mayo de 1986 -exactamente diez años después de los asesinatos-, las actuaciones de una comisión especial investigadora de la Cámara de diputados.
"La autoridad argentina, dentro de sus derechos soberanos, puede hacer lo que considere que tenga que hacer y a nosotros no nos corresponde opinar si el gobierno argentino resuelve reinvestigar esos sucesos que ocurrieron en su territorio. El tema es cómo eso puede repercutir en la legislación uruguaya. Yo quisiera tener los exhortos, conocer su contenido, saber en qué se fundan para poder emitir una opinión", dijo Fau cuando trascendió la decisión argentina de iniciar una acción judicial similar a la impulsada en el caso del secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman (véase nota de Fabián Kovacic).
Pero aun desconociendo el contenido de esos exhortos, el ministro Fau se adelantó a opinar que "la decisión del gobierno argentino" de investigar los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz "es una situación compleja" para las autoridades uruguayas. La "complejidad" deriva del hecho de que el gobierno de Néstor Kirchner ha comprometido su voluntad política de respaldar la investigación de estos asesinatos y de los restantes crímenes cometidos contra uruguayos en el marco del Plan Cóndor. A tales efectos, ha instruido a la Secretaría de Derechos Humanos que ante cualquier reclamo particular de investigación se solicite a las autoridades judiciales que desclasifiquen toda la información de organismos estatales amparada en el secreto o la reserva que pudiera facilitar el esclarecimiento de los hechos.
Para el gobierno de Jorge Batlle, para su tutor Julio María Sanguinetti y para el Partido Colorado, la "decisión política" del gobierno argentino supone la eventualidad de que organismos como el Servicio de Información del Estado (SIDE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto revelen detalles ocultados hasta ahora a cal y canto.
De hecho, el ministro Fau pisó en falso al señalar que quisiera conocer el contenido de los exhortos y ver en qué medida colidan con la "legislación uruguaya", un eufemismo para eludir la mención de la ley de caducidad. El ministro da por sentado que habrá exhortos y que en ellos se requerirá la extradición, con vistas a interrogatorios, de oficiales de las Fuerzas Armadas uruguayas. Sin embargo, en sus declaraciones Fau recordó que "la comisión parlamentaria que trabajó con un gran entusiasmo y una gran decisión no pudo llegar a probar la presencia personal de funcionarios uruguayos en esos sucesos".
LA POLÍTICA DEL CAMALEÓN. Hay un gran trecho recorrido por el ministro Fau desde que en 1985 integró como diputado aquella comisión especial, en representación precisamente de la lista 99 que había fundado Zelmar Michelini y con la cual se había integrado al Frente Amplio en 1971. El entonces diputado Fau reclamaba "instrumentar todas las medidas necesarias para que los culpables reciban su castigo. Y el castigo, en nuestro país, así como el juzgamiento y su condena, sólo corresponden a un poder del Estado, el Poder Judicial". Fau sabe positivamente que una mayoría en la comisión "trabajó con gran entusiasmo" para enterrar toda posibilidad de descubrir la verdad, para lo cual instrumentó la filtración de las actas secretas donde constaba el testimonio de una testigo clave, de modo que la comisión resolvió clausurar sus actuaciones por falta de garantías.
El hoy ministro fue de los diputados de la oposición que tenían la convicción, e innumerables indicios, de la participación de militares uruguayos en los asesinatos de mayo de 1976. En la comisión se habían recabado los antecedentes de la investigación judicial argentina y numerosos testimonios, entre ellos los del senador Alberto Zumarán y de monseñor Carlos Parteli, quienes revelaron una información atribuida al brigadier José Pérez Caldas (amigo de Jorge Batlle) según la cual los asesinatos habían sido aprobados por una mayoría de cinco a dos en una reunión del Cosena, integrado por los tres comandantes, el jefe de Estado Mayor Conjunto, dos ministros y el presidente Juan María Bordaberry.
Por ello, cuando la comisión clausuró sus actuaciones, el diputado Fau reclamó la presencia en sala de los ministros de Defensa, Juan Vicente Chiarino, y del Interior, Carlos Manini Ríos, para que brindaran toda la información existente en los organismos de inteligencia. Lo que el actual gobierno argentino está dispuesto a hacer lo negó el entonces presidente Sanguinetti. El ministro Fau fue de los diputados que, ante la falta de voluntad y de cooperación del gobierno de Sanguinetti, resolvió elevar los antecedentes de la investigadora a la justicia.
Desde su estratégico puesto en el gabinete de Batlle, el ministro Fau comparte hoy el criterio que cuestionó hace diez años: mantener en un estado de viscosidad la cuestión de la participación de militares uruguayos en los operativos Cóndor de Buenos Aires que en 1976 se desplegaron a partir de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. El carácter "institucional" de los crímenes de mayo fue un escollo importante en las deliberaciones de diciembre de 1986, cuando se discutió en el Senado la aprobación de la ley de caducidad. En una primera instancia los proyectos analizados, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, descartaban expresamente a los responsables de los asesinatos del Toba y Zelmar de los beneficios de la ley. Ello implicaba que los senadores tenían al menos la convicción (algunos sin duda conocían detalles más concretos) de que ambos legisladores habían sido ultimados por militares uruguayos. Horas después, durante la tumultuosa discusión, la mención a Michelini y Gutiérrez Ruiz fue escamoteada del texto aprobado, de modo que quienes la votaron sabían que había que amparar con la impunidad a militares uruguayos vinculados a aquellos asesinatos; de lo contrario no había que temer los resultados de una investigación judicial.
Pero como la demanda judicial -la que había promovido entre otros el diputado Fau- seguía en pie, el presidente Sanguinetti debió firmar, en marzo de 1989, una comunicación a la Suprema Corte ordenando el archivo del expediente radicado entonces en el juzgado en lo penal de 11º turno. El argumento de Sanguinetti era de antología: los militares acusados "quedarían fuera de la aplicación de la ley penal uruguaya" porque, como coincide ahora el ministro Fau, los delitos fueron cometidos en Argentina. Pero, "no obstante ello, y para el caso de que la opinión expuesta pudiera ser controvertida, el Poder Ejecutivo considera que los hechos investigados se encuentran comprendidos en el artículo 1" de la ley de caducidad.
En torno al caso -y en general a toda aplicación de la ley de caducidad- hay un costado de hipocresía: ¿participaron o no militares uruguayos en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz? Si no participaron entonces no se justifica la inclusión del caso en la ley de caducidad. Si se lo incluye, como lo hizo Sanguinetti en 1989 y como sugiere hoy el ministro Fau, entonces se está admitiendo que tales homicidios fueron cometidos en cumplimiento de órdenes de los mandos militares de la época, en primer lugar del teniente general Julio César Vadora, entonces comandante en jefe del Ejército, y del general Amaury Prandt, entonces jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa.
EL NERVIOSISMO Y SUS MOTIVOS. Ésa es la verdadera razón de todo el esfuerzo desplegado para evitar una investigación de esos asesinatos: tal como sostiene la familia Michelini, los crímenes de Buenos Aires tuvieron por objeto eliminar las cabezas visibles de un proceso de negociación con sectores políticos y militares que a mediados de 1976 promovían una transición a la democracia. Según el senador Rafael Michelini el objetivo inicial era el secuestro de los dos legisladores exiliados en Buenos Aires, pero el plan fue cambiado "sobre la marcha". Rafael Michelini recibió el testimonio del agente del SIDE argentino Eduardo Ruffo -el mismo que proporcionó los datos para la ubicación de Simón Riquelo-, según el cual los asesinos de su padre son militares uruguayos. Ruffo, lugarteniente de Aníbal Gordon, participó con Gavazzo, Cordero, Campos Hermida, Ricardo Medina y Jorge Silveira en las atrocidades del centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, el centro de operaciones del Cóndor en Buenos Aires, de donde desaparecieron prisioneros uruguayos, argentinos, bolivianos, chilenos, brasileños y cubanos. (Una información en poder del senador Michelini sostiene que familiares de Prandt llegaron a ver los cuerpos de Michelini y Gutiérrez Ruiz antes de que aparecieran en la cajuela de un auto).
Algunos militares del cogollo dictatorial estarán preocupados por la confirmación de ciertos nombres vinculados a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Pero la preocupación del ministro Fau, del ex presidente Sanguinetti, del Foro Batllista y del Partido Colorado, por las revelaciones que puedan surgir en Buenos Aires cuando se concreten las acciones judiciales bajo el amparo de la "voluntad política" del gobierno argentino, tienen que ver, más bien, con los entretelones de la negociación y componenda política que precedieron a los asesinatos de los dos legisladores.
Si el gobierno argentino estimula la apertura de los archivos del SIDE y de la cancillería, y los jueces ordenan tal apertura, entonces podrá saberse quién fue el mensajero del gobierno uruguayo que entregó al ministro del Interior argentino, general Albano Harguindegui, el expediente en el que se "probaba" que Michelini y Gutiérrez Ruiz, por entonces secuestrados pero aún vivos, eran "tupamaros". Podrá saberse qué fue lo que conversaron, a bordo de una embarcación en el río Paraná, los cancilleres Juan Carlos Blanco y César Guzetti 12 días antes de los asesinatos; podrá conocerse el nombre del oficial uruguayo que hizo de enlace ante el SIDE para la coordinación de los secuestros; podrán aparecer las pistas que conduzcan a los autores materiales que, aquí en Montevideo, cambiaron los planes "sobre la marcha" y decidieron que el secuestro se convirtiera en asesinato.
Tales secretos ponen nerviosos a los colorados, cuyos dignos representantes Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco aparecen una y otra vez directamente implicados en aquellos ominosos episodios. Quizás malinterpretando el argumento de que los homicidios "son una cuestión argentina", y dejando escapar su íntima convicción de que los homicidios de Zelmar y el Toba no deben estar amparados por la impunidad, el senador forista Ruben Correa Freitas afirmó, "para que no queden dudas", que tales asesinatos "no están ni amnistiados ni perdonados por la ley de caducidad y pueden ser investigados". Cuarenta y ocho horas después, el senador forista rectificaba sus afirmaciones: "Acá tenemos que aclarar lo siguiente. Ya el Estado uruguayo incluyó dentro de la ley de caducidad las investigaciones que se estaban llevando a cabo en nuestro país. Esa circunstancia lauda definitivamente el tema". Y con respecto a una eventual extradición de militares hacia Argentina, corrigió: "Si se trata de militares y policías comprendidos en la ley de caducidad, yo no tengo ninguna duda de que ellos están amnistiados y están protegidos por el Estado uruguayo. Quiero ser muy claro y muy enfático en este tema".
El giro de apenas 180 grados fue consecuencia de las reacciones que sus declaraciones iniciales provocaron en su grupo político: "Si el doctor Correa Freitas iba a hacer referencia a un asunto de esta magnitud, primero debió tener la delicadeza de exponer al interior del sector político y del partido las razones por las cuales planteaba sus puntos de vista" (diputado Ruben Díaz); "Si de acuerdo a las leyes argentinas estos acontecimientos pudieran ser investigados, entonces que se investiguen en Argentina" (diputado Nahum Bergstein); "Me parece que el señor Correa Freitas está cometiendo un grueso error: está afirmando lo que nadie sabe, que los asesinatos fueron cometidos por uruguayos, y que no están amparados por la ley de caducidad. Si tiene idea de quiénes cometieron estos asesinatos, debería aportar los datos" (senador Pablo Millor).
El diputado Díaz incluyó una amenaza: "Si el senador no cambia de opinión, sería bueno saber por qué esperó 15 años para plantear su posición". Correa Freitas cambió de opinión y volvió a alinearse en la interpretación ortodoxa del Foro Batllista. El incidente sólo sirvió para detectar cuán nerviosas pueden ponerse las huestes de Sanguinetti ante la mera mención de una investigación.