Raúl Wiener

Por delante y antes de cualquier otra consideración hay un problema moral que debe resolverse. El presidente y miembros prominentes de su gobierno, han sido señalados como responsables de haber mantenido tratos clandestinos con elementos claves de la corrupción del régimen anterior, para conseguir de ellos ventajas políticas y materiales.

Esta es la más grave traición que podía hacerse a la lucha democrática del año 2000, a las promesas de los Cuatro Suyos, a las esperanzas de un país diferente.
Si Toledo, por resistencia a asumir su responsabilidad, presión del entorno, cree aún que puede salvarse y se aferra al poder con cualquier fórmula: gabinete conversado, independiente, multipartidario, o lo que fuese, la carga de la responsabilidad se trasladaría inevitablemente a los partidos representados en el Congreso. Si ellos concilian y no proceden a sancionar la cuestión moral, quedarán involucrados. Se habrá establecido que hay razones políticas superiores a las éticas.
Lo mínimo que se esperaría es que el Congreso declare una investigación sobre el presidente para deslindar el tráfico de vídeos y audios, y la oscura manera como se manejó la cuestión de los canales, los juicios a la corrupción, la llamada colaboración eficaz y los beneficios penitenciarios. Esto exige la suspensión de Toledo en sus funciones y la salida de Olivera de todo cargo público. Lo máximo sería la destitución de ambos personajes y su incapacitación moral para ejercer responsabilidades públicas en el futuro.
Resuelto el problema moral, se plantea recién lo que se debe hacer con la crisis terminal del régimen. Es ahí donde entra la opción del gobierno provisional y la Asamblea Constituyente. ¿Quién nomina?, ¿quién convoca?, ¿quiénes lo integran? Mi respuesta es que este es un tema a resolverse de acuerdo a la conducta de los actores.
Veamos: Toledo renuncia o es destituido dentro de un proceso institucional regular. En tal caso, una posibilidad es que asume el vicepresidente y se constituye en gobierno provisional que convoca a la Constituyente, que será la que decidirá lo que hace con el presidente y el Congreso. Es un camino. También cabe que el vicepresidente caiga con el presidente, por su decisión, o porque lo arrastra la crisis. En tal caso, quién esté al frente del Congreso en ese momento puede ser el que tome la provisionalidad. En alguna manera como ocurrió con Paniagua, pero no para 'completar el mandato', sino para dar vía a una transición verdadera que permita la reconstitucionalización del país.
Pero también puede ocurrir que el Congreso resista con Toledo la necesidad del cambio político. En esa situación puede terminar cayendo junto con el presidente y el ejecutivo. La presión social puede ser determinante. ¿Quién es el gobierno provisional y el que convoca al Constituyente en ese escenario? Todo depende. Mientras se pueda jugar a las instituciones existentes habrá una baraja de posibilidades: presidente de la corte suprema, defensor del pueblo, fiscal de la nación, alguno de los presidentes regionales nombrado por sus pares, etc.
En política no hay vacíos definitivos. Si toda la institucionalidad política heredada del fujimorismo se desmorona, surgirán otras alternativas. Pero quizá no vale la pena adelantarse.