ASISTE EN MEXICO A LA COMPARENCIA DE TRES MEXICANOS A QUIENES SE LES ACUSA DE ESTAR LIGADOS A ETA.
Denuncia la abogada Zamora "actos ilegales" de la PGR para complacer al juez español EL HECHA CAUSA GRAN REVUELO Y DESAPROBACIÓN BLANCHE PETRICH (de La Jornada, de México)

El juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, asistieron ayer a las comparecencias de tres mexicanos acusados -y liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de la organización armada vasca ETA, que tuvieron lugar en las oficinas del subprocurador de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos.
El juez y el fiscal españoles anunciaron que también asistirán a otras diligencias que tendrán efecto este jueves en el Reclusorio Norte, a las que fueron citados los seis ciudadanos de Euskadi detenidos en esa cárcel desde hace seis meses, sujetos a un proceso de extradición solicitado por Garzón, artífice del embate del gobierno de José María Aznar contra el independentismo vasco, como presuntos responsables de "asociación con terrorismo y lavado de dinero".
Hasta ayer se había mantenido en secreto la presencia de Baltasar Garzón y Enrique Molina en México.
La abogada defensora del coacusado Pedro Ulises Castro Vargas, Bárbara Zamora, alegó durante la diligencia -que presidió el agente del Ministerio Público y director de la Unidad Especializada contra Secuestros, Mario Arzabe- que la presencia de los dos funcionarios extranjeros, que además representan a la parte acusadora, contraviene la Ley Federal de Procedimientos Penales (artículo 16).
Señaló que fue un acto "inconstitucional, de intimidación y violatorio de las garantías" de su cliente, y demandó que Garzón, Molina y cuatro agentes de la policía española que se encontraban presentes desalojaran la sala.
Arzabe sólo accedió a desalojar a los policías extranjeros, pero defendió la presencia del juez y del fiscal "en su calidad de interesados", y esgrimió los convenios de cooperación México- España para justificarse.
Finalizadas las diligencias, que se realizaron bajo protesta de la defensa, el juez Garzón se despidió de la abogada Zamora.
-Nos vemos mañana -le dijo, aludiendo a las diligencias en el Reclusorio Norte.
-Ah, ¿va a estar usted allá? -A eso vine -respondió el juez español.
Zamora advirtió a este diario: "Desde luego vamos a volver a objetar la presencia y participación de los funcionarios extranjeros en estas comparecencias. El artículo 16 del código que rige estas actuaciones judiciales es muy claro en delimitar quiénes tienen derecho a estar en estas audiencias: el agente del Ministerio Público, los secretarios o testigos de asistencia, el inculpado y su defensa. Nadie más".
La semana pasada el juez quinto A de distrito, Javier Zamudio, resolvió un amparo contra la detención formal con fines de extradición de los seis vascos detenidos: Juan Carlos Artola y su esposa, María Asunción Gorrotxategui; Ernesto Alberdi, José María Urkijo, Asier Arronategui y Félix Salustiano García.
Sin embargo, pese a reconocer que la forma como fueron arrestados fue ilegal, no decretó su libertad inmediata, sino que concedió al juez que dictó la orden de arresto, César Flores, una nueva oportunidad para "reformular" la documentación formal. Esta "orden", solicitada por Garzón el 14 de julio del año pasado, se ejecutó cuatro días después durante un operativo de la Agencia Federal de Investigación, que lanzó una cacería simultánea en Cancún, Monterrey, Puebla, Puerto Escondido y Cuautitlán Izcalli.
Baltasar Garzón los acusa de "asociación delictuosa, terrorismo, blanqueo de capitales y falsificación de documentos" como presuntos integrantes de una célula de logística de ETA.
Junto con ellos fueron detenidos tres mexicanos: Pilar Sosa Espinosa, Noé Camarillo y Pedro Ulises Castro, quienes fueron mantenidos en arresto domiciliario por periodos de entre 50 y 90 días. Al final, la PGR no encontró elementos para inculparlos y decretó su libertad.
El 22 de enero los tres mexicanos recibieron un citatorio de la Unidad Especializada en Investigaciones de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, cuyo titular es Jorge Serrano Gutiérrez, para comparecer "como indiciados" ante la agencia del Ministerio Público situada en Plaza de la República 43.
La víspera, sorpresivamente, se les notificó que la diligencia se haría en la sede de la PGR, en Reforma 23. Al llegar los tres citados con sus defensores fueron conducidos al piso 8, oficinas del subprocurador Santiago Vasconcelos, donde ya los esperaban Garzón, Molina y cuatro agentes españoles.
Durante la audiencia de Castro, Arzabe explicó que Garzón había ampliado su comisión rogatoria "porque -explicó Zamora- nos dijo que están investigando otras conductas de los indiciados. O sea, otros delitos distintos a los de la averiguación previa, lo cual en principio es ilegal".
Antes de iniciar el trámite, la defensora pidió que la diligencia se sujetara a lo establecido por la ley federal sobre la formalidad de estos procedimientos, y exigió que quienes fueran ajenos al citatorio abandonaran la sala.
Arzabe aceptó la salida de los cuatro agentes, pero alegó el derecho de los dos funcionarios españoles a asistir al interrogatorio que ellos mismos formularon "en el marco previsto por la comisión rogatoria y por el tratado de extradición bilateral".
Al final, en el acta se asentó la objeción del inculpado y su defensa.
Además, Arzabe no permitió a Zamora el acceso a copias de la "comisión rogatoria" del juez Garzón, que presumiblemente contiene nuevos elementos para sustentar la acusación, en aras de estar "protegida por el sigilo debido en una averiguación previa".
Bárbara Zamora advirtió que la PGR y el Ministerio Público están incurriendo en actos ilegales "por presión y para complacer a Garzón y a Molina", y estimó que en la Audiencia Nacional de España "hay nerviosismo, tienen miedo de que el gobierno mexicano no conceda la extradición, ya que la demanda de la defensa de que los seis vascos tienen que ser liberados de inmediato está muy sustentada, al grado de que la semana pasada obtuvieron un amparo. Por eso están buscando a ver qué les fabrican".
FUENTE: LA JORNADA (29 de enero 2004)