Baltasar Garzón envió ayer a esta casa editorial una extensa carta en la que se queja por el trato que recibió anteayer en el Reclusorio Norte (Reno) de esta capital, descalifica el trabajo informativo de este diario, tergiversa las posturas editoriales de La Jornada, pontifica sobre lo que cree que son las obligaciones de los periodistas mexicanos y expone una variopinta y muy subjetiva lista de agravios, desde el haberse sentido vejado por el personal del penal, hasta reclamarse como víctima de "manipulación informativa" y de supuestos insultos y denuestos para con su trabajo.

Por principio de cuentas, la acusación de manipular la información es falsa. Tras el incidente en el Reno, Garzón se negó a hablar con los medios y habría sido imposible, por ello, consignar su versión de lo sucedido. Con todo, la historia expuesta por el funcionario español en su misiva es muy semejante a la que aportaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y que fue puntualmente incluida en la edición de ayer de La Jornada, junto con la muy diferente narración de los hechos que aportó la directora del centro de detención, Marcela Briseño.

En otro sentido, y a pesar de los argumentos pergeñados por Garzón en defensa de la supuesta legalidad de su actuación en México, el magistrado ignora, o pretende ignorar, que en este país tiene vigencia un documento titulado Código Federal de Procedimientos Penales, que en su artículo 16 establece: "A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere". El juez peninsular se dice respetuoso del marco legal nacional, pero las víctimas mexicanas de su prepotencia han señalado que fueron interrogadas directamente por Garzón, sin ningún respeto por las formas ni por las disposiciones del Tratado de Asistencia Judicial mutua. Debe concederse, sin embargo, que la responsabilidad principal de esos atropellos no recae en los funcionarios españoles, sino en los mexicanos que se los han permitido.

Al magistrado español le escandaliza, por otra parte, la presencia, en el Reno, "de medios de comunicación incluso con cámaras de televisión con la intención de grabar la diligencia y actuación judicial", circunstancia que hacía imposible garantizar "el secreto que la legislación española impone para las diligencias sumariales". Bien: la legislación española, como su nombre lo indica, rige en España, no en un Estado independiente que se llama México. Líneas abajo, Garzón condiciona la credibilidad de La Jornada a que ésta "exija explicaciones" "del porqué los medios de comunicación, que por cierto cumplen con su obligación de atender a la noticia, fueron autorizados a violar el sigilo de unas diligencias judiciales, y por qué se preparó todo para que la autoridad judicial fuera 'cazada' por los mismos (sic) en el interior del Reclusorio Norte". El dislate es de tal magnitud que resulta obligado explicarle al magistrado un hecho más bien obvio: en México, en frecuentes ocasiones, reporteros y cámaras de televisión se encuentran presentes durante los procedimientos judiciales que se realizan dentro de los reclusorios y que tal presencia se inscribe en el derecho a la información y las leyes que rigen en el país y no tiene por objetivo "cazar" a ningún personaje.

En la última página de su extensa misiva, Garzón comete, él sí, una grosera maniobra de manipulación que linda con la calumnia, al aseverar que La Jornada presenta "como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista". Si el juez español hubiese realizado una lectura mínimamente honesta de lo publicado ayer en este mismo espacio, se habría enterado que el titular sobre la "dignidad restaurada" no hace referencia a ETA sino a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal. Cabe esperar que el magistrado logre comprender que la organización terrorista vasca y el Poder Ejecutivo de la capital mexicana son cosas diferentes.

Para finalizar, la carta del juez Garzón a este diario confirma -en su ignorancia despectiva de las leyes, realidades y prácticas mexicanas, en sus pretensiones de recibir tratos de dignatario, en su afán por dictar a los periodistas de este país cómo deben hacer su trabajo, y hasta en la grafía arcaica y peninsular del gentilicio "mexicanos", que él escribe en dos ocasiones con jota, ignorando la recomendación de la Real Academia Española de usar "las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica"- actitudes más propias de un corregidor colonial que de un moderno investigador judicial "que nunca ha pretendido avasallar a nadie".