"Acto notoriamente ilegal", la intervención del juez, afirman abogados penalistas Critican expertos la injerencia de Garzón Intenta presionar a PGR y SRE para lograr extradición de los vascos detenidos, opinan ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Mientras que integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) consideraron que la intervención del juez Baltasar Garzón y del fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, en el juicio de extradición de seis vascos viola la soberanía del PJF y las garantías procesales de los detenidos, especialistas en derecho penal aseguraron que la presencia de ambos funcionarios españoles en la Procuraduría General de la República (PGR), y su intención de acudir al Reclusorio Norte para participar en una diligencia (ayer se les negó el acceso), "son medidas de presión a las autoridades mexicanas" y "un acto notoriamente ilegal".
En entrevista con La Jornada, jueces de distrito en materia penal, que solicitaron el anonimato, refirieron que en un procedimiento de extradición "lo único que hace el juez del país donde se encuentre un reclamado es emitir una opinión jurídica, y como no se está juzgando a la persona, no tiene por qué interrogársele, algo que mucho menos pueden hacer autoridades de la nación que reclama".
Si eso está ocurriendo (en el caso de los vascos), es una violación no sólo a sus derechos procesales, sino al tratado en materia de extradición y hasta la Constitución mexicana en lo referente a la soberanía nacional, agregaron.
Los funcionarios añadieron que de comprobarse la "intervención directa" en México de Baltasar Garzón y Molina Benito como "autoridad reclamante" en el procedimiento de extradición de Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrotxategui, Asier Arronategui Duralde, Ricardo Ernesto García Sáenz y Luis Castañeda Vallejo, a quienes España vincula con la organización armada ETA, sería "lamentable" para la soberanía de México, porque "se trataría de una injerencia extranjera en el desempeño del Poder Judicial mexicano".
Por su parte, Benjamín Orozco, abogado penalista y especialista en temas de extradición, aseguró que "es claro que la presencia de Garzón tiene un efecto: presionar a las autoridades judiciales mexicanas, así como a la PGR y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento, con la finalidad de lograr la extradición" de los vascos.
El litigante precisó que con este caso "vuelve a ratificarse que los procedimientos de extradición se convierten en un asunto más de diplomacia que de proceso jurídico". Por eso hay tantas injusticias en esos procesos, "porque es simplemente una cortesía que tienen los países entre sí, más que un juicio propiamente hablando en el que deba agotarse cada uno de los pasos conforme a derecho".
Como se recordará, el pasado miércoles estuvieron presentes en las instalaciones de la PGR, durante la comparecencia ministerial de tres mexicanos acusados -y ya liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de ETA, el juez y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, pese a la inconformidad de la abogada Bárbara Zamora, defensora de los tres involucrados.
Para justificar la presencia de la "parte reclamante", Mario Arzabe, director de la Unidad Especializada contra Secuestros de la PGR, alegó que existen convenios de cooperación entre México y España que permiten la presencia de la autoridad extranjera en nuestro país, "en su calidad de interesada" en una extradición.
En respuesta, la litigante refutó al fiscal al asegurar que "no hay tratados ni acuerdos internacionales que posibiliten la participación directa en México de alguna autoridad que reclame a un extraditable".
A su vez, Julio Hernández Pliego, especialista en derecho procesal, aseguró que es "totalmente ilegal" la participación en México de la autoridad de otro país que reclama en extradición a los ciudadanos vascos, y aclaró que eso "deja en evidencia que hay una incidencia abierta".
Asimismo, indicó que la presencia de Baltasar Garzón en diligencias ministeriales, en torno al juicio de extradición de los seis vascos referidos, viola el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimientos Penales y el tratado de extradición entre México y España.
Por su parte, al salir del Reclusorio Norte, la abogada de los detenidos, Bárbara Zamora, anunció ayer que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el intento de violación de garantías en el proceso de extradición contra sus defendidos.