Pascual Serrano
Rebelión

A iniciativa del eurodiputado socialista Enrique Barón con el apoyo del grupo popular y parte del grupo socialista, el próximo martes 10 de febrero será recibido en el Parlamento Europeo y posteriormente en la Comisión de Exteriores el presidente de Colombia Alvaro Uribe.

Se trata de una visita largamente buscada por la Administración colombiana donde intentará legitimar su política de "seguridad democrática" que tantos apoyos despierta en la derecha europea, y en especial en la española, pero también en el partido socialista español. La visita tiene también como objetivo lograr la participación de la Unión Europea en la llamada Mesa de Donantes, con la cual quiere legitimar el Plan Colombia, instrumento de intervención militar del gobierno de los Estados Unidos en el país para abordar a sangre y fuego el conflicto que vive Colombia descartando cualquier solución negociada.

En los 17 meses del actual gobierno, en que se ha aplicado esta política de "seguridad democrática", el conflicto no ha hecho más que agudizarse y seguir manchando de sangre y muerte el país.. La aprobación del estatuto antiterrorista, ignorando recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, amenaza seriamente los derechos humanos, ya seriamente afectados por las medidas autoritarias gubernamentales. De manera sistemática el presidente Uribe se ha negado a aceptar las recomendaciones sucesivas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bogotá, lo cual ha repercutido en hechos tales como la persecución sistemática a los opositores de izquierda, sindicalistas, activistas populares y miembros de ONG´s de reconocida trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En la actualidad, la aplicación de la seguridad democrática, lejos de afectar la existencia de grupos insurgentes, cuyo erradicación anunció el gobierno colombiano en el plazo de 18 meses, ya cumplidos, está vulnerando los derechos y libertades de la población civil, víctima de grandes redadas de detenidos y montajes por supuestos nexos con las guerrillas. En la mayoría de los casos, los encarcelados han tenido que ser dejados en libertad, tras semanas y meses de estar en prisión. Según lo reconoció el propio ministro de Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, un promedio de mil ciudadanos están siendo detenidos cada mes, acusados de vínculos con la guerrilla. Casi el 90 por ciento de ellos se reconoce posteriormente su inocencia y deben de quedar en libertad.

Mientras tanto, las vías de participación política de la izquierda sólo están llevando a la masacre de dirigentes y militantes. Desde la creación de la Unión Patriótica, el mayor proyecto político legal de un partido de izquierda en 1985 en lo que podría haber sido el germen de la reinserción de la guerrilla, más de tres mil miembros de la formación han sido asesinados o sometidos a desaparición forzada, incluidos dos candidatos presidenciales. A ellos hay que sumar los dos mil que han sido sometidos a torturas, según datos documentados por las organizaciones de derechos humanos. Se trata de una campaña de exterminio que no cesa. El pasado año fueron asesinados otros 30 líderes de esta organización según denunciaron fuentes humanitarias.

Todo ello provocó que el Estado colombiano fuera demandado en 1993 ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Ese organismo admitió la causa el 12 de marzo de 1997, no como "genocidio", como fue presentada, sino como un "caso colectivo". Un año después, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en los hechos. La directora de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Corporación Reiniciar), Jahel Quiroga, dijo en Bogotá que los homicidios fueron cometidos a pesar de la protección que presta o debe prestar el Estado a los supervivientes de la campaña criminal.

Los continuos asesinatos afectan la credibilidad en el proceso de "solución amistosa" del caso, acordado con el gobierno colombiano a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió la activista.

Los abusos del actual gobierno de Alvaro Uribe afectan a cualquier movimiento de contestación. En el año 2003, fueron 72 los sindicalistas asesinados afiliados a la principal central obrera colombiana, CUT. Solamente en el departamento de Bolívar, se registraron 350 detenciones ilegales por parte de fuerzas de seguridad del Estado el año pasado.

Según un informe elaborado por el director del Departamento de Derechos Humanos de la central obrera CUT, Domingo Tovar, se agrava cada día más la situación de derechos humanos en Colombia. Entre las denuncias de los sindicalistas se mencionan encarcelamientos masivos donde el gobierno no cumple con lo estipulado en los códigos y tratados internacionales, allanamientos ilegales y el asesinato de los 72 sindicalistas.

El dirigente sindical informó que la mayor preocupación en el momento es el nuevo estatuto antiterrorista, recién aprobado. "Estamos seguros que en ningún momento se le aplicará a terroristas, por el contrario toda esta política está encaminada a golpear y a acabar con procesos organizativos del movimiento social que generan oposición a las políticas del imperialismo norteamericano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez," dijo Tovar.

"Es evidente –añadió- que en Colombia no existe respeto por las libertades de expresión y por ende son callados con actos violatorios a los Derechos Humanos." El gobierno colombiano, invitado ahora al Parlamento, Europeo ha depositado toda la esperanza de paz en la guerra abierta y prolongada, dedicando más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto a agigantar el aparato bélico estatal, mientras no hay dinero para la inversión social y en especial para la salud y la educación. En Colombia, a pesar de poseer grandes riquezas, el 75% de la población sufre de desnutrición (último informe del Banco Mundial) y el 60% vive por debajo del límite de pobreza, de ellos, 11 millones de personas en total indigencia (Contraloría General de la República). La situación de pobreza de la mayoría de la población contrasta con la presencia de tres de sus grupos económicos, ligados a los medios de comunicación, entre las 300 sociedades más grandes del planeta (revista Fortune). Dos millones y medio de campesinos colombianos han sido despojados de sus tierras y obligados a emigrar a las ciudades. Hoy, sólo el 0,2% de la población posee cerca del 50% de las tierras productivas.

Entre tanto, la crisis de la salud se acentúa con el cierre de importantes centros hospitalarios, entre ellos los de la atención a los niños y a la maternidad, y está amenazada la existencia de la educación pública en el país.

El gobierno se opone a cualquier posibilidad de solución política negociada del conflicto con las organizaciones guerrilleras y ni siquiera acepta un acuerdo humanitario, como el que proponen la Iglesia Católica y destacadas personalidades colombianas, agravando las infames consecuencias del conflicto y el deterioro humanitario en el país. Ignora así el clamor de cientos de familias de militares y civiles que le están pidiendo al presidente un acuerdo humanitario con la guerrilla que les permita reencontrarse con sus hijos y maridos capturados. La política y la economía han sido colocadas al servicio de la guerra oficial, en una cruel polarización del país.

El presidente Uribe Vélez y otros altos funcionarios se han pronunciado en contra del acuerdo humanitario y de eventuales diálogos de paz. Hace pocos días, en el Palacio de Nariño (sede presidencial en Bogotá), con ocasión del protocolario saludo anual del Cuerpo Diplomático, el presidente Uribe Vélez, de forma desafiante le dijo a los embajadores: Ustedes dedíquense a promover el diálogo, que yo avanzo con mis soldados y policías para imponer la seguridad democrática.

El Partido Comunista Colombiano ha recordado que "la única puerta abierta al diálogo ha sido para los grupos paramilitares, responsables del tráfico de cocaína y de las peores masacres y vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos. Con el agravante de que el diálogo con estos irregulares se realiza de manera incondicional y con el objetivo de aprobar una ley de alternatividad penal que consagra el perdón y el olvido a los crímenes de los paramilitares".

En esa misma línea se ha pronunciado la organización de derechos humanos Human Rights. Esta asociación ha denunciado que el gobierno colombiano no está atendiendo las demandas de del Consejo de Seguridad de la ONU, que recordó "la necesidad de investigar a los responsables por violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario". Tampoco se están cumpliendo las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha declarado en repetidas ocasiones que "el estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación".

Human Rights ha criticado duramente el proyecto de ley promovido por el gobierno en agosto del 2003, que ha permitido que paramilitares que habían cometido "actos de barbarie y terrorismo", eludan la justicia a cambio de pagos monetarios, sin comprometerse a cumplir, tan siquiera, un sólo día de cárcel. El proyecto de ley, que favorecería a los cerca de once mil paramilitares, ha encontrado una fuerte oposición y está siendo objeto de intensos debates en el Congreso de Colombia".

En noviembre del mismo año, el gobierno presidió la desmovilización de más de 800 presuntos miembros de una facción paramilitar de Medellín, pero no hizo ningún esfuerzo para una verificación independiente de las condiciones de la desmovilización, incluida la relación de los crímenes cometidos por estas personas. Según la última edición de la revista The Economist, "después de tres semanas de un programa de rehabilitación..." los 800 supuestos paramilitares ... regresaron a las calles".

En las recientes sesiones del Congreso de Colombia sobre la desmovilización de paramilitares, organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 600 asesinatos atribuidos a los paramilitares desde que se anunció el cese al fuego en diciembre de 2002. Por su parte, Human Rights Watch continúa documentando lazos entre unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia y los paramilitares. En enero de 2004, por ejemplo, en un enfrentamiento entre tropas militares y grupos paramilitares fueron capturados miembros activos de la fuerza pública, quienes formaban parte de estas organizaciones armadas ilegales.

El Plan Colombia que viene a presentar a Europa el presidente Alvaro Uribe de la mano del Partido Popular Europeo y socialistas españoles tiene un coste aproximado de 7.500 millones de dólares, a desembolsar en cinco años. Hasta el momento, el dinero aportado por Estados Unidos han sido para gastos militares, y nada para acometer la necesaria reforma agraria, la inversión en educación, salud, empleo, que terminen con la pobreza creciente en Colombia y la injusta distribución de la riqueza. Con esos fondos, se ha incrementado el número de soldados profesionales en aproximadamente un 145%, pasando de 22.891 hombres destinados a primera línea de guerra en 1998 a 56.203 en el 2002. Las fuerzas militares ya suman 140.000 soldados preparados para el combate.

Las organizaciones sociales no cesan de denunciar que el objetivo último del Plan Colombia es favorecer a las transnacionales y promover la expansión del comercio de las grandes potencias.

Por ello, un grupo de senadores de EEUU plantea desde el año 1997 que, como condición para aplicar dicho plan, el estado colombiano tiene que darle prioridad a la industria petrolera. De este modo, se reducen los porcentajes (regalías) que las petroleras extranjeras deben abonar a la empresa petrolera nacional (Ecopetrol), es decir, al pueblo colombiano. Pasan del 16% al 5% y la participación de las compañías sube del 25% al 50%.

De este modo han sido entregadas a las transnacionales Chevron, Harken y Occidental (EEUU); BP y Shell (Reino Unido); Canadian-Oxy, Alberta, Mera-Mills (Canadá) y Repsol (España), milímetro a milímetro, las reservas petroleras de Colombia, y es justamente en estas zonas donde se lleva a cabo el llamado Plan Colombia.

Este plan, y sus elementos complementarios, como la denominada Iniciativa Andina, siguen siendo planes estratégico-militares para el control de los recursos naturales (oxígeno, biodiversidad, agua dulce, petróleo) de Sudamérica. Todo ello se enmarca dentro de la estructura el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). De ahí que interesen tanto las tierras donde se proponen los grandes megaproyectos, concentrándose en estas regiones la mayor intervención militar norteamericana.

La visita del presidente colombiano a Europa ha despertado la indignación de ciudadanos colombianos y europeos en la medida en que consideran que supone un apoyo implícito a las políticas de represión y guerra de los gobiernos colombiano y norteamericano y una acción más de sumisión y aceptación de los gobiernos europeos a los intereses económicos de Estados Unidos que se imponen por la vía militar. Así lo han entendido también tres grupos políticos del Parlamento Europeo que han expresado su rotundo rechazo a esa visita. El Grupo de Izquierda Unitaria (GUE/NGL, 49 diputados), los Verdes (45 diputados), y del grupo Liberal (53 diputados), justificaron también su oposición en "la gestión muy negativa de su gobierno en materia de derechos humanos y de paz".

Por su parte, la derecha europea, con el eurodiputado español y vicepresidente del Partido Popular Europeo José Ignacio Salafranca al frente, y con el apoyo de los socialistas españoles se han convertido en el mejor socio de las políticas de guerra y saqueo para Colombia. Sin embargo, eurodiputados socialistas italianos, daneses, suecos, noruegos y alemanes han criticado la visita.

La movilización europea no se ha hecho esperar, una lluvia de manifiestos están llegando a las instituciones europeas y los colectivos sociales han convocado manifestaciones bajo el lema "No al terrorismo de Estado. Stop Uribe" que van desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo el martes 10 de febrero a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores español el día antes.

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