Andrés Soliz Rada
Econoticiasbolivia.com

El periodista y ex diputado Andrés Soliz muestra la forma en que las autoridades, encumbradas por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y ratificadas por Carlos Mesa, hacen millonarios e ilegales negocios en torno a las empresas capitalizadas y ponen impunemente en riesgo los aportes y patrimonio de los ciudadanos

La Paz, febrero 20, 2004.- Una de las técnicas del dominio oligárquico reside en dictar normas que concentren el poder de decisión en una sola persona, para luego designar en el cargo "clave" al funcionario de confianza de esa misma oligarquía. Así, por ejemplo, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) promulgó la Ley del Bonosol" (28-XI-02), posesionó en la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros (SPVS), a Guillermo Aponte, ex síndico de la petrolera "Transredes" y ex empleado de las compañías aseguradoras privadas de Gonzalo Bedoya.

"Transredes" está integrada por dos compañías corruptas: La ENRON y la Shell. Bedoya es Presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), "Futuro", desde donde desplegó un vergonzoso tráfico de influencias al vender a la "capitalizada" Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) pólizas de seguro de su empresa particular, en tanto el Presidente de la otra AFP, "Previsión", el finado Raúl Garáfulic, usó su cargo para comprar, en su propio beneficio, el paquete accionario del mismo LAB. El "Bonosol" es un beneficio anual que se debería pagar a los mayores de 65 años, con las utilidades de la "capitalización", las que nunca alcanzaron para cubrir ese beneficio.

El poder de Aponte es tan grande que, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley del Bonosol, aprueba la nómina de candidatos a Directores de las "capitalizadas", elaborada por las AFPs, a nombre, supuestamente, de los ciudadanos bolivianos. En otras palabras, nadie puede ser director o síndico de Transredes, Chaco, Andina, Entel, Guaracachi, Enfe o LAB, en representación del 50 % de acciones manejadas por las AFPs., sin el visto bueno del protegido de Bedoya, quien, a su vez, ha mantenido estrecha amistad con Carlos Sánchez Berzaín, el "Vladimiro Montesinos" del régimen de GSL.

Las conexiones de Aponte alcanzan a los actuales ministros de la Presidencia, José Galindo, y de Hacienda, Javier Cuevas. Lo anterior explica el por qué Carlos Mesa promulgó el decreto 27238, de 4-XI-03, por el que se viabiliza la fusión del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), integrado por acciones de las empresas "capitalizadas", con el Fondo de Capitalización Individual (FCI), constituido por los aportes inalienables e inafectables, que los trabajadores destinan a su jubilación.

Tal fusión es una confiscación inconsulta de los aportes privados de los trabajadores, lo que originó intensas protestas ciudadanas que culminaron, tres semanas más tarde, con la abrogación del citado decreto. Lo insólito del caso es que, con la complicidad de Aponte, el FCC, en los pocos días en los que tal disposición estuvo vigente, vendió al FCI dos de las 24 "fracciones iguales" en las que han sido divididas las acciones de la capitalización. El FCI, a su vez, ha pagado por esa transferencia 2.6 millones de dólares con fondos expropiados a los jubilados.

El hecho ha sido denunciado inclusive por personas que aceptan la "capitalización", pero que advierten que el gobierno de Mesa, en materia de pensiones, ha sobrepasado toda barrera legal y que postulan la anulación de la mencionada transferencia. Tal el caso de la ex Viceministra de Pensiones, Helga Salinas, quien advirtió la irregularidad en artículos publicados en"Nueva Economía" (7-XII-03) y "ABC", "Economía y Finanzas" de diciembre último. La SPVS, en lugar de observar el decreto 27238, lo avaló con la Resolución Administrativa No. 647, de 14-XI-03.

Las acciones que deberían beneficiar a los bolivianos y que se hallan en el FCC (administrado por las AFPs) han sido evaluadas, inicialmente, en 1.600 millones de dólares. No sólo este dinero está en riesgo de esfumarse, sino también parte importante de los aportes de los trabajadores. Los abogados de la "capitalización", entre quienes sobresalen varios columnistas del periodismo nacional, nunca han explicado, en caso de quiebra de alguna "capitalizada", si las pérdidas serán absorbidas por el Estado, por las AFPs o por los superintendentes que actúan de manera irresponsable.