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En Bolivia se tiene calma, pero todavía nada está dicho. Las fuerzas políticas y sociales del país siguen en un proceso de reacomodo al que se vieron obligadas. El gobierno del presidente Carlos Mesa puede tener hasta un año sin muchos conflictos.

Las masacres de febrero y octubre de 2003 cambiaron el panorama político en Bolivia. Febrero había marcado el primer remezón, o como algunos analistas afirman "el principio del fin" del llamado sistema de la democracia pactada que permitió a los partidos políticos dirigir al país, sin tener interlocutores válidos en la sociedad civil.

Octubre de 2003 fue el fin de la democracia pactada y el ascenso de una corriente de políticos que se declaran independientes y que --aunque muchos fueron parte del MBL, un partido del oficialismo que acompañó al fugado Gonzalo Sánchez de Lozada en su primera gestión de gobierno-- rechazan la militancia política.

El mismo presidente Carlos Mesa llegó al cargo después de haber sido el acompañante de fórmula de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien después de haber caído en desgracia, se ha convertido en una especie de enfermedad que muchos, aún en el MNR, quieren eliminar.

En una actitud que es considerada emblemática de la corriente apartidista (los partidos políticos son, según una encuesta conocida hoy, las entidades menos creíbles de la sociedad) Mesa gobierna sin tener una "mayoría parlamentaria" en el Congreso, un hecho considerado hasta ahora vital parala "gobernabilidad" del país. A esa corriente apartidista, se sumaron los llamados parlamentarios "transversales" que se desmarcaron de las líneas de acción dispuestas por los jefes políticos.

Los más afectados por estas actitudes apartidistas resultaron los ex oficialistas MNR, MIR y NFR, los cuales incluso hoy perdieron algunos de sus parlamentarios, debido a que un grupo de 36 congresistas entre diputados y senadores que, aún sin renunciar a sus partidos, adoptan actitudes independientes.

Las directivas camarales

En este marco existen dos espacios que se convertirán en decisivos para el reacomodo de las fuerzas políticas, la elección de los presidentes de ambas cámaras legislativas en agosto y las elecciones municipales en diciembre.

En el primer caso, se trata de nombrar al presidente del Congreso, tarea que no será tan simple como lo fue hasta el año pasado, cuando aún era presidente Sánchez de Lozada, donde el MNR y MIR, por ser los principales socios de gobierno tenían asignadas estas funciones.

Hoy la decisión pasará por realizar negociaciones con los ex opositores, además de la denominada "bancada disidente o transversal", conformada por 36 parlamentarios que buscan cambios oportunos en el país. En la Cámara de Senadores, cuyo presidente se convierte en presidente del congreso y el primero de los potenciales sucesores a ocupar el sillón presidencial en palacio de gobierno, los votos de los parlamentarios del MAS sumados a los disidentes llegan a 13, un número igual al de los votos de quienes todavía son leales a los viejos esquemas partidarios del MIR y MNR. El voto del único parlamentario eneferista podría convertirse ecisivo en este proceso de reacomodo de fuerzas.

En la Cámara de Diputados el panorama parece estar más claro a favor de una corriente renovadora.

Las elecciones municipales

En el primer caso, los movimientos sociales tienen un escaso margen de acción, pero en las elecciones municipales programadas para fin de año, pueden tener una participación definitiva.

Analistas advirtieron que los movimientos sociales intentarán ganar en por lo menos dos tercios de los 314 municipios del país, sumando en ello las fuerzas del MAS, MIP, PS y el MSM del alcalde paceño Juan del Granado. De lograrse ese objetivo, los movimientos sociales, muchos de los cuales pidieron cerrar el Congreso, tendrían argumentos para cuestionar la legitimidad de la actual representación parlamentaria.

En ese marco, a los partidos llamados tradicionales MNR, MIR y NFR, les queda muy poco para ofrecer, razón por la que se estima que su única opción de sobrevivencia es en el escenario regional en el que exacerbarán algunos reclamos como los originados entre La Paz y Sucre por la capitalidad.

La constituyente

Mesa es un presidente transitorio, así lo ve incluso el Banco Mundial empeñado en que el gobierno actual se concentre en hacer bien sólo algunas cosas.

En ese marco, es posible que Mesa no termine el periodo constitucional que termina el 6 de agosto de 2007. Depende de los movimientos sociales que pueden provocar su renuncia con nuevos movilizaciones (razón por la que el cargo de presidente del Senado tiene mayor importancia) o simplemente la Asamblea Constituyende decida convocar a nuevas elecciones. Esto lo saben los organismos internacionales y también el presidente quien declaró varias veces que "él no se aferra al poder".

En esas condiciones, por lo pronto Mesa puede gozar de un periodo de relativa calma que puede extenderse hasta diciembre próximo o principios de 2004. No por nada, incluso los dirigentes sociales de El Alto, aquellos que organizaron la movilización de octubre que expulsó a Sánchez de Lozada del poder, le dieron "el beneficio de la duda".