Hay consenso en el gabinete para derogar el decreto 27060, con el que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada retribuía los favores a la Fuerzas Armadas y consolidaba gigantescas propiedades rurales militares, vulnerando las leyes y la normativa agraria. La única duda es si después el gobierno tendrá la fuerza para recortar esos latifundios y redistribuir la tierra**

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Econoticiasbolivia.com (La Paz, febrero 25, 2004).- El gobierno del presidente Carlos Mesa se apresta a dejar sin efecto un inconstitucional decreto que legalizaba fraudulentamente de facto extensos latifundios militares. El delegado presidencial de Tierras, Gustavo Pedraza, informó que hay consenso en el gabinete ministerial para derogar el decreto 27060, con el que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada consolidaba las propiedades militares, vulnerando las leyes y la normativa agraria.

"Hemos asumido que es necesario derogar el decreto 27068 relativo a las Fuerzas Armadas y su relación con las tierras agrícolas. Lo haremos de forma concertada", dijo la autoridad.

El Decreto 27068, aprobado el 6 de junio de 2003, posibilitaba que, sin demostrar su derechos propietarios ni pagar un centavo, las Fuerzas Armadas podían legalizar el dominio que tendrían sobre por lo menos un millón de hectáreas de tierras rurales y agrícolas, ubicadas en diferentes regiones del país, especialmente en las áreas más fértiles y productivas del oriente. Este decreto, según denunciaron en su momento las organizaciones campesinas e indígenas, constituía el pago que hacía Sánchez de Lozada a los militares por su actuación durante el 12 y 13 de febrero, cuando ahogaron en sangre y fuego una revuelta cívico popular en contra de las medidas económicas de ajuste tributario.

Al derogar este decreto, el compromiso gubernamental es que "las tierras agrícolas de las Fuerzas Armadas van a ser saneadas bajo el marco de la Ley INRA (ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria), pero se debe eximir de este proceso a las instalaciones militares", explicó Pedraza.

Si se cumplieran las normas, las Fuerzas Armadas deberían presentar al INRA todas sus propiedades agrícolas, demostrar que cumplen una función económica y social y, lo más importante, pagar por ellas, en un proceso que aparece como muy complejo y difícil de ejecutar por los grandes intereses que se juegan y la extrema debilidad de las instituciones de regulación del agro.



EL LATIFUNDIO MILITAR

Como institución, los militares detentan extensas propiedades rurales y agrarias en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba y en menor proporción en el sur y el altiplano. En su generalidad, estos predios han sido obtenidos durante las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales al amparo de concesiones ilegales y procesos arbitrarios y muchas veces secretos, que buscaban potenciarlos económicamente y darles un rol más productivo.

Actualmente, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la magnitud de los latifundios militares, que son muchos de ellos revendidos, alquilados o dados en usufructo temporal en provecho directo de la jerarquía militar. En el INRA se asegura que son fundos extensos, y la mayor parte de ellos improductivos.

Los reportes parciales dan cuenta de por lo menos medio millón de hectáreas en las localidades cruceñas de Cordillera, San Ignacio de Velasco, Mineros, Guabirá, Chiquitos y Roboré. En algunas provincias del Beni, como Mamoré, hay fundos que sobrepasan las 100 mil hectáreas, y también son de magnitud las concesiones obtenidas en el norte de la Paz, en el altiplano norte, en el Chaco y en los valles de Cochabamba.



PROCESO DE SANEAMIENTO

Según la explicación de los funcionarios del INRA, las propiedades agrícolas y rurales de las Fuerzas Armadas comenzarán a ser saneadas paulatinamente, siguiendo los pasos que establece la ley. Pero no se especificaron fechas ni plazos, y nadie está seguro de nada, dada la profunda inestabilidad e incertidumbre institucional que se vive en el INRA, agravada por la pugna de poder desatada entre los grandes terratenientes y agroempresarios del oriente con el actual Delegado presidencial y el creciente Movimiento de los Sin Tierra.

Hasta ahora, el INRA no ha podido escapar de la poderosa influencia de los grandes propietarios de tierra, que se han dado modos para neutralizar y esterilizar la actual legislación que buscaba recortar los extensos e ilegales latifundios y entregarlos a cientos de miles de campesinos sin tierra o minifundiarios.



GRANDES TERRATENIENTES

Entre los grandes latifundistas se encuentran muchos ex jefes militares y sus familiares que han logrado concentrar ilegal e injustamente grandes extensiones de tierras fértiles.

Según el experto Miguel Urioste, durante las dictaduras militares se han entregado gratuitamente millones de hectáreas a ex autoridades y sus familiares en regiones altamente productivas. Con la apertura de nuevos caminos, esas tierras están valorizándose rápidamente. Incluso, hay gigantescas propiedades que fueron entregadas gratuitamente por el Estado y que ahora valen individualmente 40 millones de dólares. Toda una fortuna que los nuevos latifundistas han venido defendiendo hasta ahora con la metralla del Ejército y la fuerza de un Estado excluyente y discriminador.

Esta misma dinámica ha ocurrido durante los gobiernos neoliberales, que se suceden en el poder desde 1985, agravando la extrema concentración de tierras, lo que ha provocado que sean cada vez más frecuentes las ocupaciones de predios por parte de los campesinos sin tierras o minifundiarios. Extraoficialmente se estima que hay un millón de campesinos minifundiarios y cerca de 250 mil campesinos sin tierra.

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