Andrés Soliz Rada
Bolpress

En América Latina, la sobrevivencia de una petrolera estatal en medio de transnacionales es más difícil que la de un carnero en jaula de leones hambrientos. La empresa pública molesta a las compañías porque reinvierte sus utilidades en el país, difunde un sentimiento de orgullo nacional y forma parte de las estrategias de desarrollo de nuestros países.

Quienes sostienen que estos conceptos son anticuados, deberían recordar que, entre 1996 y 2003, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), de Chile, invirtió 500 millones de dólares en la modernización de sus refinerías (Humberto Campodónico: "La República", de Lima, 21/1/04) y que las inversiones de las compañías de Venezuela, Brasil y México se mantuvieron en ascenso.

Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) redujo al Estado a la condición de protector del capital forá! neo. En ese marco, impuso el denominado triángulo energético, integrado por la "capitalización" (sinónimo de liquidación) de YPFB, la Ley de Hidrocarburos de 1996 y la exportación de gas al Brasil. Tal exportación fue arbitrariamente condicionada a la aniquilación de YPFB. Parecía que Carlos Mesa, al abrogar el Decreto Supremo 24806, por el que se transfirió la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales en boca de pozo, abriría nuevos rumbos a la política energética. Infelizmente, tales esperanzas se diluyeron al observarse que el ministro Xavier Nogales reconoció que los beneficios de tal abrogatoria emergerán en los futuros contratos, en tanto que en los vigentes, que suman 84, se tendrá que esperar 40 años, es decir hasta que concluyan ("La Prensa", 3/2/04).

Tampoco se logrará el incremento de regalías. Se obtendrá, en cambio, una nueva escala de tributos, la que beneficiará muy poco al Tesoro General de la Nación (TGN), aunque la última palabra en el tema la! tendrá el Parlamento, donde la mayoría de los partidos políticos se ha pronunciado por incrementar las regalías, las que son fáciles de fiscalizar. En cambio, la evasión tributaria ha sido advertida inclusive por el delegado presidencial, Juan Carlos Virreyra. Para contenerla, el Gobierno debe mejorar la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos (SIN), garantizando su acceso a la contabilidad nacional e internacional de las petroleras, así como a los informes que presentan a sus casas matrices. Esta es la única forma de evitar que nos engañen, como hasta ahora, escondiendo utilidades, pagando sueldos de 60.000 dólares mensuales, inflando gastos y sobrefacturando importaciones.

El Gobierno de Mesa, al pedir al Congreso un "perdonazo" tributario para el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), estuvo a punto de beneficiar con similar medida a las angurrientas petroleras. Felizmente, los parlamentarios frenaron ese antinacional intento. En otra muestra de su debilida! d, aprobó el decreto 27238, de 4/11/03, por el que, al autorizarse la fusión del Fondo de Capitalización Colectivo (FCC), con el Fondo de Capitalización Individual (FCI), se abrían las compuertas para la "monetización" (o venta) de las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas. El decreto fue abrogado por el reclamo ciudadano que percibió que, por ese camino, desaparecerían las rentas a los jubilados del país. Sin embargo, en el lapso que transcurrió entre la aprobación decreto y su abrogación se enajenaron dos de los 24 paquetes accionarios de las empresas capitalizadas (del porcentaje correspondiente a los ciudadanos bolivianos), sin referéndum alguno, como el que se anunció para la refundación de YPFB.

El ministro Xavier Nogales explicó en el programa "De Cerca", de la red televisiva PAT, del 3/2/04, que el Decreto Supremo 26366, de 24/10/01, firmado por el ex presidente Jorge Quiroga (y por el propio Nogales), dividió las parcelas concedidas por los ! contratos de riesgo compartido en subparcelas, a fin de que las compañías incumplieran la obligación de perforar por lo menos un pozo, en cinco años, en cada una de ellas. El ministro admitió, de esta manera, que en el país se modifican leyes con decretos y no con otras leyes, como debería ser de acuerdo al ordenamiento constitucional. Lo anterior demuestra una vez más que sólo un pueblo vigilante garantizará la refundación de YPFB, condición sine qua non para industrializar el gas natural en nuestro territorio.