13 de febrero del 2004

Jaime Zalazar F.
Rebelión

Una condición básica para cualquier plan económico, es contar con el financiamiento para hacerlo viable. Bolivia, no cuenta con esos recursos, de ahí el tremendo déficit fiscal del 8 % del PIB y que por medio de las medidas fiscales anunciadas por el presidente se pretende reducir a 6.8 %. Una de las razones principales, como señalan varios expertos, es la pérdida estatal de los excedentes petroleros, consecuencia de las leyes de capitalización. Además, con el D.S. 24806 , el Estado renunció a su participación de las utilidades por la venta del gas y petróleo, el TGN ya no recibe lo que significaba hasta el 65 % del presupuesto General de la Nación.

Cabe recordar que el decreto 24806, al clasificar reservas nuevas y reservas viejas, benefició a las petroleras que operan en el país haciendo que solo paguen 18 % por concepto de regalías y no 50 % como sucedía hasta entonces. Las consecuencias de lo anterior se traduce además, en que el 69 % de todas las reservas del gas de Bolivia están bajo el control de cuatro companias en tres campos, las más importantes -en las que Bolivia tiene un 50 % de acciones- y, como lo expresara cínicamente un funcionario de la British Gas, una de las principales empresas que conforman el famoso consorcio Pacific LNG, "el 75 % por ciento de todo el futuro de Bolivia está en manos de cuatro companias".

Luego del último mensaje presidencial, que entre otras medidas, anuncia la derogatoria del D.S. 24806 y la presentación al congreso de un nuevo proyecto de ley de Hidrocarburos, cabe preguntarse ¿Responden estas medidas a la necesidad del Estado boliviano de recuperar el control y los mecanismos de generación y distribución de los excedentes generados por la explotación del gas e hidrocarburos? ¿Logrará YPFB ser partícipe de los negocios de la venta del gas y del petróleo? El presidente expresa que estas medidas no son solo de ajuste fiscal sino de impulso al desarrollo productivo.

Se puede responder a estas cuestiones no obstante la complejidad de los temas, porque la intencionalidad política del mensaje es manifiesta y sus resultados previsibles, si acaso, una vez más, se logre imponer la voluntad de los poderosos.

En cuanto a la primera cuestión, la respuesta es no, no hay nada en las medidas anunciadas que responda a la necesidad del Estado de controlar y disponer los excedentes económicos para fines de desarrollo económico del país, ni siquiera la certeza de recuperar el nivel del 50 % de regalías que percibía el Estado por la explotación de estos recursos. La progresividad del Impuesto Complementario a los hidrocarburos (ICH), hasta un 32 % tope que sumado a los 18 % por regalías que se paga actualmente sumarían el 50 % en el futuro, depende de factores -por decir lo menos- inciertos.

La liberalización de los precios de hidrocarburos -solo se mantiene un subsidio al GL en garrafas- es funcional a la medida anterior, si bien no se puede calificar de "gasolinazo" sus consecuencias son negativas para la economía popular y sus efectos ya se han hecho sentir, se prevé un incremento de hasta el 6 % en el costo de los hidrocarburos, es un impacto importante ¿ Y en el futuro?

Lamentablemente, las medidas anunciadas mantienen una ecuación inalterable: Superganancias garantizadas para las petroleras y mayores cargas para el pueblo.

La necesidad de recuperar el control de los mecanismos de generación y de distribución de los excedentes por la explotación de nuestros recursos naturales es vital y esto solo es posible si existe la voluntad de restituir las condiciones vigentes de antes de la "capitalización".

En cuanto a que el Estado pueda participar en los negocios del gas y del petróleo. la anulación del 24806 permite eso. La pregunta es ¿Cuál el precio, que debe pagar el estado, para ser parte de futuros negocios? Se propone que los fondos de la capitalización -cerca de 700 millones de dólares- pasen a propiedad de YPFB para su "fortalecimiento" y así participar "así sea como socio minoritario", y esto es lo que se consultaría al pueblo en el referéndum, o sea, permiso para enajenar la propiedad de los bolivianos y poner a YPFB en el papel del pez chico frente al tiburón ¿ Pidió esto el pueblo en Octubre? ¡Que por favor! le dejen tomar leche de su vaca.

¿Qué va a pasar con los contratos suscritos? Que permitieron afirmar arrogantemente al funcionario de British, que Bolivia dependía para su futuro de las petroleras. Al respecto no se explica nada, o será que esto ya esta oleado y sacramentado, si el presidente cree que es así, de muy poco sirve anular el 24806 ¿Verdad? "Los de octubre ya no tienen motivo". Fue la expresión pronunciada por un conocido analista político al explicar su visión del Plan económico que acaba de anunciar el presidente Carlos D. Meza. Es una preocupación legítima tratar de resolver las verdaderas causas que motivaron los sucesos de Octubre, pero, un análisis de las medidas anunciadas nos llevan a una conclusión totalmente contraria. Los motivos -no solo uno- subsisten y tienden a profundizarse. Entonces, si solo se trata de apaciguar al pueblo, hablar de romper con la ortodoxia del ajuste suena irreal, porque romper con esa lógica implica afectar intereses económicos de los poderosos para beneficiar la producción nacional y por esta vía a las mayorías nacionales.

Este "Plan Económico" como lo ha denominado el presidente, esta elaborado a la medida de las petroleras y una vez más, ortodoxamente, castiga al pueblo.

5 de Enero del 2004