Empresarios presionan para que gobierno mexicano no autorice radios comunitarias
IFEX
Los concesionarios de la radio y la TV mexicana, entre los que se encuentran Televisa y TV Azteca, acudieron el 29 de noviembre de 2004 a manifestarle su "preocupación" al Presidente Vicente Fox frente a la posibilidad de que algunos permisos para radios comunitarias sean aprobados por el gobierno. En realidad, se trata de autorizaciones otorgadas en el marco del régimen de derecho vigente, y saludados por la mayoría de los mexicanos y mexicanas como una medida justa que comienza a reconocer el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.
Héctor Villarreal, Director General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, informó que "estos permisos para operar sin fines de lucro se darán con base en la ley y el reglamento de radio y televisión vigentes, y luego de que las comunidades y los grupos que respaldan estas emisoras han integrado un expediente y han cumplido con cada uno de los requisitos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos correspondientes".
A pesar de las presiones, el gobierno parece decidido a seguir adelante con el compromiso asumido con AMARC y varias organizaciones de derechos humanos de México, en un proceso que tiene casi dos años de diálogo. En un proceso de adjudicaciones que se estima comenzará con permisos para cinco emisoras en los próximos días, unas 13 radios comunitarias serían autorizadas a funcionar en un corto tiempo.
Este es un paso importante, pero poco si se piensa en un país casi continente con más de 100 millones de personas y con un nivel de concentración de medios pocas veces visto. Según las últimas cifras, dos empresas, Televisa y TV Azteca, controlan el 86 por ciento de canales de televisión abierta, mientras que 79 por ciento de las concesiones para radio están en manos de 14 grupos.
Trece emisoras que se suman a Radio Teocelo (radio comunitaria y una excepción que tiene ya unos 40 años de existencia "autorizada" y numerosos premios por su función social) no parecen suficientes para cuestionar la concentración existente. Sin embargo, los poderosísimos empresarios asociados en la Cámara de la Industria de la Radio y la TV (CIRT) siguen presionando para que los permisos no se otorguen, así como hicieron antes para que se las reprimiera.
Como ocurre en México y en muchos países de América Latina y el Caribe, los gobiernos y los Estados no son los únicos responsables de la violación a la libertad de expresión. Intereses corporativos de las gremiales de empresarios de radio y televisión también condicionan, presionan u obligan a autoridades, parlamentarios y jueces a limitar el pleno ejercicio de estos derechos, confundiendo la libertad de expresión con la libertad de empresa.