Pablo Alfano
Brecha

La izquierda dio marcha atrás. Ahora quiere que el gobierno congele la caída de las concesiones de agua y saneamiento hasta marzo y frenar las de telefonía celular. Bajo esta aparente contradicción busca ganar tiempo para estudiar el cese de estos contratos con el menor costo para las arcas públicas y, de paso, limar asperezas internas.
Con el aplastante 65 por ciento que votó a favor de la reforma constitucional del agua no fueron pocos los que creyeron que la izquierda iba a apoyar los fuertes vientos de estatización en los servicios de agua potable y saneamiento. Pero a pocos días de haber sido proclamado presidente, Tabaré Vázquez le pasó la pelota al actual gobierno. Como la reforma fue aprobada en esta administración, su aplicación debían ponerla en marcha las actuales autoridades, sostuvo.
Entonces muchos comenzaron a pensar que los fuertes vientos estatistas quedarían reducidos a soplidos. La izquierda no entendía nada cuando el presidente Jorge Batlle resolvió, el miércoles 17, que el Estado se haría cargo en forma "pronta y adecuada" de los servicios de agua potable y saneamiento que brindan 14 empresas privadas en Maldonado y Canelones. De inmediato, Vázquez, el vicepresidente electo Rodolfo Nin y el futuro ministro de Economía Danilo Astori, advirtieron: las concesiones no deben caer. Aunque dentro de la izquierda otras voces discreparon con este categórico pronunciamiento. Se hacía imperioso buscar una rápida solución que calmara los ánimos en la interna frenteamplista y detuviera el repentino impulso estatizador de Batlle, sustentado en el estricto cumplimiento de la Constitución.
La izquierda tuvo entonces que recular y cambiar de postura. La Mesa Política del FA resolvió, el lunes 22, demandar al Poder Ejecutivo que "congele" la caída de las concesiones y deje el destino de estos 14 contratos en manos del próximo gobierno. Increíblemente Batlle aceptó nuevamente el planteo del gobierno electo. A la llegada de su viaje a Costa Rica, el mismo lunes, el presidente admitió que relevar la situación de cada una de las concesionarias llevará entre cinco y seis meses. Aunque no fue explícito, con este anuncio Batlle hizo saber a la izquierda &endash;para su beneplácito&endash; que el destino de las concesiones será definido en el próximo mandato.
Una pista de este viraje gubernamental la había adelantado el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, cuando afirmó que evitar el cese de las concesiones es "jurídicamente imposible". Aunque dejó una puerta abierta: lo que no se puede solucionar jurídicamente se puede resolver políticamente (Código País, Canal 12, domingo 21).
Pero la celeridad con la que el gobierno se decidió a cumplir el pronunciamiento popular sembró muchas dudas, y suspicacias. Algunos dirigentes frenteamplistas consideran que los colorados, derrotados en las urnas, desplegaron su última jugada política para evidenciar las contradicciones internas del EP-FA y de los blancos. Otros, como el Partido Comunista, creen que este apresuramiento se debe a que el gobierno quiere cuidar los intereses de empresas multinacionales. En especial los de Uragua, que ya tenía prevista su retirada aunque la reforma no fuera aprobada, porque su estancia en Uruguay no le ha reportado las ganancias que esperaba (véase BRECHA, 12-XI-04).
UNA RECULADA ESTRATÉGICA. Ahora bien, ¿por qué el EP-FA primero le pidió a Batlle que se hiciera cargo de aplicar la reforma y luego le solicitó que "congelara" todo lo actuado, sabiendo que lloverían las críticas y que esta contradicción puede llegar a tener un gran costo político? Lo que sucedió es que nadie en la izquierda esperaba la intempestiva lectura estatista de Batlle. En la declaración de su Mesa Política, el FA dio marcha atrás, pero con la mira puesta en un objetivo más alto: que la suerte de las concesiones quede en manos de la futura administración.
Por eso, en uno de sus puntos, la declaración solicita a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República un informe sobre los alcances de la reforma, con la secreta esperanza de que los juristas lleguen a la conclusión de que las concesiones deben caer, explicaron a BRECHA fuentes socialistas y del MPP. En la misma línea de razonamiento el FA también solicitó una auditoría en OSE, que busca analizar con urgencia la concesión más polémica: la de Uragua, dijeron a BRECHA participantes de la reunión.
Con esta auditoría se podrá determinar si OSE controló adecuadamente a la empresa española y por qué no rescindió el contrato cuando una larga lista de incumplimientos indicaba que debió haberlo hecho.
La empresa española Uragua (que desde agosto de 2000 tiene la concesión en algunas zonas de Maldonado) sostiene que el Estado le debería devolver los 12 millones de dólares invertidos en obras, tal como lo pauta la reforma.
Pero casi todos los sectores del EP-FA coinciden en que el Estado no debe indemnizar a Uragua, sino que en realidad le debe cobrar por los incumplimientos contractuales. El asunto no es muy complicado.
En diciembre de 2002 Uragua le planteó al gobierno que tras la devaluación de junio habían cambiado las reglas de juego, y solicitó modificar el contrato de concesión original, que era en dólares. Uno de los cambios que logró fue que los 20 millones de dólares en efectivo que tenía como garantía se pasaran a bonos del tesoro a cobrar en cinco años desde el momento en que esa suma fuera solicitada, señalaron las fuentes. En esa época el ABN AMRO Bank le envió a OSE una nota explicando que bastaba con que el ente resolviera unilateralmente rescindir el contrato para cobrar ese monto. Como eso nunca sucedió la garantía continúa en depósito.
Ahora, algunos dirigentes frenteamplistas consideran oportuno anular el contrato de Uragua por motivos obvios: es mejor que el Estado cobre parte de los 20 millones de dólares que la empresa dejó en garantía, que indemnizarla por 12 millones. La situación de la empresa Aguas de la Costa (que opera en La Barra de Maldonado, Manantiales y José Ignacio) es distinta. Según sus propios cálculos deben recibir unos 27 millones de dólares por las inversiones realizadas hasta el momento, que, según la nueva Constitución, deberán cobrar como indemnización. La diferencia con Uragua es que, desde su llegada a Uruguay en setiembre de 1993 (bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle), Aguas de la Costa ha cumplido su contrato al pie de la letra, según sostienen sus autoridades.
Para el sindicato de OSE (FFOSE) los montos que manejan estas empresas superan lo verdaderamente invertido: estima que Uragua debe recibir cinco millones de dólares de indemnización y Aguas de la Costa tan sólo cuatro millones. "Tal vez no haya que resarcir a Uragua por la poca inversión que ha hecho. Si tenemos en cuenta que la recaudación actual anual de esta empresa ronda los 10 millones de dólares, es claro que en menos de un año se estará recuperando el resarcimiento", explicó Adriana Marquisio, vicepresidenta de FFOSE.
Con estas cartas sobre la mesa no parece extraño que la izquierda le haya pedido al Ejecutivo que deje en suspenso el cese de las concesiones, porque la idea es ganar tiempo para estudiar cada contrato en forma pormenorizada y, de ese modo, lograr la menor pérdida económica posible para las arcas públicas. El documento de la Mesa Política también buscó aventar dudas sobre la unidad en la izquierda, luego de que el senador socialista Reinaldo Gargano y la senadora comunista Marina Arismendi discreparan públicamente con la postura de Vázquez, Astori y Nin y sostuvieran que las concesiones deben caer.
Pero, lejos de la unidad, las aguas siguen divididas. El Movimiento 26 de Marzo y el Frente Izquierda de Liberación no respaldaron la declaración, mientras que los comunistas no concurrieron a la reunión, manifestando así su desaprobación. Un comunicado de la lista 1001 ratificó "en todos sus términos su apoyo" a la comisión promotora de la reforma, "que como Frente Amplio también integramos". Sostiene que "para la 1001, el texto aprobado por la ciudadanía no admite interpretaciones. De su lectura se desprende que las concesiones caen".
La declaración de la Mesa Política también fue rechazada por los sectores llamados "radicales" que no tienen representación en ella, como el Movimiento 20 de Mayo, la Corriente de Izquierda y el Partido por la Victoria del Pueblo. Como remate, el senador de Asamblea Uruguay Alberto Cid sorprendió con una confidencia en el programa Noveno mandamiento de fm Futura: "Yo creo que nos compramos un problema. Es más, le voy a hacer una confesión pública que la hice en la reunión (de los senadores cabeza de lista): cuando leí los alcances de esta reforma constitucional resolví no votarla, cosa que hice".
FALTA DE SERIEDAD Y LIGEREZA. El presidente del Directorio blanco, Jorge Larrañaga, se mostró molesto con la decisión de la izquierda de no apoyar en el Parlamento la ley interpretativa que presentó su partido. "Vázquez un día expresa que este tema lo debe resolver el gobierno y luego de que nosotros presentáramos una iniciativa legal, le pide al gobierno que no se haga cargo, que posponga todo lo actuado. Estos cambios son poco serios", sostuvo. Larrañaga tampoco ahorró críticas contra el gobierno de Batlle, "que un día dice que va a formar una comisión para estudiar el tema y al otro anuncia que ya resolvió que todas las concesiones caen".
En su esmero por marcar las diferencias internas de sus rivales políticos Larrañaga parece olvidar que el proyecto interpretativo presentado por los blancos también sirvió para suavizar profundas diferencias internas dentro de su partido. En la campaña electoral el sector de Larrañaga apoyó la estatización del agua, actitud que lo enfrentó con el Herrerismo y con Correntada Wilsonista, ambos sectores contrarios a la enmienda. Sin embargo, el proyecto de ley que establece que la reforma no es retroactiva luce la firma de legisladores de todos los sectores blancos, iniciativa que sirvió para matizar sus diferencias preelectorales.
El gremio de OSE también criticó a la izquierda porque apoyó la reforma sin haber hecho "un análisis profundo" de sus consecuencias. Esto llevó a la dirigencia de FFOSE a asegurar que el EP-FA actuó con "ligereza". "Nosotros siempre dijimos que la reforma pretendía el rescate de las concesiones", mientras que en la izquierda algunos sectores apoyaron la enmienda con la convicción de que caían las concesiones y otros entendían lo contrario, señaló el dirigente Carlos Sosa. Antes del 31 de octubre "estábamos enfrentados al EP-FA porque independientemente de lo que Vázquez y Astori dijeron en España nosotros siempre aseguramos que las concesiones caían y se debía indemnizar" a las empresas, recordó.
En julio pasado Vázquez y Astori recogieron las inquietudes del empresariado español sobre los efectos que traería la reforma (véase BRECHA, 9-VII-04).
El más interesado en conocer los alcances de la enmienda fue Juan Antonio Hernando, director de Aguas de Bilbao, una de las empresas socias de Uragua.
Hernando fue al grano: ¿qué pasaría con Uragua en caso de que la reforma se aprobara? La respuesta de Astori fue que, a través de una ley reglamentaria, se aseguraría el respeto a los derechos adquiridos.
En FFOSE también causó sorpresa que la Mesa Política del FA resolviera retirar a su representante, Carlos Coitiño, de la comisión que impulsó la reforma, con el fundamento de que el objetivo de la comisión ya fue cumplido. Pese a que Coitiño formalmente no integra más la comisión, fuentes consultadas por BRECHA no descartaron que sea convocado, a título personal, cada vez que se requiera de su participación.
Mientras tanto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT respaldó a FFOSE y a la comisión y reclamó que "se respete el pronunciamiento ciudadano, que no deja lugar a dudas de que las prestaciones de agua potable y saneamiento deben ser asumidas por el Estado". La central sindical también advirtió al actual gobierno que "debe abordar con responsabilidad este tema teniendo en cuenta los intereses generales del país, y evitar soluciones que puedan comprometer el erario público en perjuicio de nuestro pueblo". Ahora que los fuertes vientos de la estatización amainaron, los sindicatos y varios dirigentes de izquierda esperarán expectantes hasta marzo para que no se conviertan en una suave brisa