Tenemos que respaldar a nuestros pequeños héroes (de esos tenemos muchos. Muchos). Tenemos que combatir guerras específicas con medios específicos. ¿Quién sabe? A lo mejor esto es lo que el siglo XXI tiene guardado para nosotros. El desmantelamiento de lo que es grande. Grandes bombas, grandes presas, grandes ideologías, grandes naciones, grandes guerras, grandes héroes, grandes errores.
Arundhati Roy
"A principios del tercer milenio, por lo menos una persona de cada tres en el mundo sufre penas y apuros a causa del problema del agua. Esta persona es más frecuentemente una mujer que un hombre". He aquí las palabras de Michel Camdessus quien fuera el ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 1987 y 2000: una (tardía) confesión ante el fracaso de las privatizaciones de los recursos acuíferos mundiales que el propio Camdessus impuso mientras estuvo al frente de la institución.
Hoy ya son muchas las voces que anuncian una próxima generalización de guerras internas y conflictos geopolíticos por causa del agua. Así como el siglo XX fue dominado por las guerras del petróleo, afirma la científica india Vandana Shiva, las del siglo XXI tendrán como objeto el agua.
¿Cuál es la situación en México? Igual que China, Israel, India, Bolivia y Estados Unidos, México se encuentra entre los muchos países que, según todos los pronósticos, van a sufrir -si no es que ya sufren- graves problemas en este rubro.
A partir del verano de 2004, las principales estaciones de radio empezaron un agresivo spot publicitario (con gastos a cargo de los contribuyentes) que, después de advertir sobre una inminente y generalizada escasez de agua, terminaba tranquilizando a los radioescuchas con el siguiente mensaje: "en el Senado de la República aprobamos una ley para garantizar la calidad y el buen uso del agua. Que el agua sea para todos, que el agua sea para siempre".
Ante el grave problema que se perfila en el horizonte, se propaga la idea de que los poderes públicos, y concretamente el legislativo, velan por los intereses de la ciudadanía. El propósito es encomiable, pero: ¿qué tanto corresponde a la verdad?
¿Agua para todos?
México es un país con una superficie aproximada de 2 millones de km2; el 52% es árido y semiárido, el 13% es trópico seco, el 20% es templado y el 15% es trópico húmedo; la orografía es muy accidentada el 64% está compuesto por serranías y sólo el 36% presenta pendientes menores al 10%. Las elevaciones varían desde el nivel del mar hasta arriba de los 5,000 m.
El país recibe un promedio de 772 milímetros de lluvia por año; de éstos el 73 por ciento se evapora y el resto escurre por ríos, arroyos o recarga de acuíferos. La disponibilidad por habitante es de unos 56 metros cúbicos por persona por año (correspondiente a unos 153 litros por día), lo cual no ubica a México entre los países de acceso abundante, pero tampoco entre los menos favorecidos.
El problema principal tiene que ver con la irregularidad del régimen de lluvias por un lado y con acceso al agua y su calidad por el otro. Las lluvias se concentran en tan sólo cuatro meses del año y su distribución territorial es extremadamente dispareja: mientras que las regiones del norte y centro (donde vive la mayor parte de la población) reciben un magro 32 por ciento, el 68 por ciento se concentra en las regiones tropicales del sureste.
Históricamente las actividades y asentamientos humanos se han dado en zonas donde el agua escasea, así en un área donde se capta el 20% de la precipitación se encuentra establecida el 76% de la población, 90% de la irrigación, 70% de la industria y se genera el 77% del Producto Interno Bruto.
A estos agudos contrastes regionales y temporales hay que sumar graves desigualdades en el acceso al vital recurso, la cual, evidentemente, obedece a razones socioeconómicas y no naturales.
De manera parecida a Egipto y China, la utilización del agua en México se concentra principalmente en el sector agrícola (83 por ciento), señalándose en este rubro la persistencia de prácticas caciquiles en su distribución. El uso público urbano es del 12 por ciento y el industrial tan sólo del 5 por ciento. Es útil saber que un país como, por ejemplo, Francia, aun contando con la misma disponibilidad de agua por habitante, destina a la industria la mayor parte de sus recursos hídricos.
Según las cifras oficiales, en el año 2000, el 87.8 por ciento de la población del país cuenta con agua potable dentro de la vivienda, aunque cinco entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, donde se concentra la población indígena) tienen menos del 70 por ciento de su población cubierta. Además, mientras que la población de las ciudades alcanza, en promedio, una cobertura de casi el 95 por ciento, en el medio rural esta sólo alcanza el 68 por ciento. Ahí el 25 por ciento de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad siguen acarreando agua a sus hogares: en México el agua fluye hacia los ricos.
Crear la escasez
A partir de los años ochenta, el estado dejó de asumir el rol ordenador y director del desarrollo social para limitarse a ser garante de la viabilidad del mercado. Ante la retirada del sector público, el rubro del agua se fue perfilando como etapa de una estrategia para incorporar los abundantes recursos naturales del país en los mecanismos de la acumulación capitalista.
De acuerdo con los imperativos neoliberales en boga, era necesario desarticular los últimos vestigios de todo tejido social comunitario. No importó que el país contara con tradiciones milenarias precisamente en el ámbito de la gestión comunitaria del agua. Algunas, como los jardines flotantes o chinampas, de Xochimilco y las "cofradías del agua" de Tehuacán, todavía existían y eran objeto de admiración a nivel internacional.
Las agencias gubernamentales empezaron a difundir una cultura de la "escasez" del agua que, según el ecologista Jean Robert, tiene origen en un malentendido. Es verdad –afirma- que, en todas partes, la oferta de agua dulce es limitada; siempre fue así y siempre lo será. Lo que es nuevo, y «específicamente moderno», es pretender que, dada esta limitación, no hay agua para todos.
En realidad –sigue Robert- la existencia de una oferta limitada de cualquier bien es absolutamente compatible con bajos niveles de escasez, pero también, y más comúnmente, se presenta la situación contraria: una oferta inmensa coexiste con niveles insoportables de escasez.
En el caso del agua, un ejemplo de lo primero nos lo ofrecen las culturas del desierto. En algunos pueblos de Egipto, hasta la fecha los vecinos acostumbran dejar una jarra de agua en la puerta de sus casas para que el caminante pueda saciar la sed. En el frente opuesto, se puede citar (entre muchos otros) el caso de los indígenas mazahuas del Estado de México quienes viven en una región que abastece de agua al Distrito Federal y, en buena parte, carecen de acceso a la red hídrica.
Proclamar la escasez de un bien común no es inocente. Es el antecedente necesario para introducirlo en el circuito del mercado ya que la escasez ocupa un lugar central en los mecanismos inefables de la economía.
Pero: ¿qué es la economía? La economía, contesta Serge Latouche, es un lugar de malentendidos, contradicciones y paradojas. Se presenta a sí misma como una «ciencia natural» pero, al parecer, tiene que ver más bien con la religión, sus ídolos y sus dogmas.
Una de esas paradojas es que la economía inventa literalmente la escasez al extender el régimen de propiedad privada a los bienes colectivos y a los recursos naturales.
Sobra añadir que denunciar las trampas del discurso económico no implica negar la existencia de graves problemas en el ámbito del agua. En el caso de México, los niveles de los mantos acuíferos bajan año con año contaminándose cada vez más. Reportes científicos señalan que en los últimos cincuenta años se acabaron reservas de agua que tienen entre 10,000 y 35,000 años de antigüedad.
En la región de La Laguna -ubicada en los norteños estados de Coahuila y Durango- el agua para consumo humano se extrae desde profundidades cada vez mayores presentando un alta composición de sales, incluidas las de arsénico. De ser manantial de vida, el agua acaba siendo fuente de envenenamiento.
La desertificación avanza año con año y la Ciudad de México, antaño conocida como la "Venecia de las Américas" se está hundiendo mientras drena sus últimos manantiales.
Aun así, las estrategias de privatización planteadas por el gobierno y las agencias internacionales de desarrollo son parte del problema y no son la solución. Ponerle un valor de mercado al agua es confundir la enfermedad con la cura.
El Banco Mundial, por ejemplo, sostiene que el agua es una necesidad humana y no un derecho humano. Como señalan Maude Barlow y Tony Clarke, esta no es una cuestión meramente semántica. Las necesidades humanas pueden ser satisfechas de muchos modos, especialmente a base de dinero, pero (hasta ahora) nadie ha puesto un precio a los derechos humanos.
Privatizarlo todo
La mercificación del agua sigue varios caminos. Uno tiene que ver con la entrega a particulares de la gestión de mantos acuíferos, pozos, acueductos y canales.
En México, las reformas para estimular este tipo de mercado encuentran ciertas resistencias porque la Constitución establece que las aguas nacionales son bienes públicos y como tales son inalienables e imprescriptibles. Es decir, en principio se encuentran fuera del comercio y sólo pueden ser concesionadas a particulares por un tiempo limitado.
Las dificultades legales se sortean con la "descentralización", palabra engañosa ya que en realidad, "descentralizar" quiere decir entregar los sistemas hidráulicos a los gobiernos estatales y municipales con el único objetivo de abrir el paso a la privatización.
Otra vía de la mercificación es el consumo de agua en botellas y garrafones en detrimento del grifo, lo cual, como se sabe, es una estafa colosal ya que las embotelladoras no usan agua de manantial, sino que ponen su sello al agua de la red pública.
México siempre fue un gran consumidor de refrescos de cola y es ahora el segundo consumidor per capita de agua embotellada, precedido únicamente por Italia. La Coca Cola –uno de cuyos antiguos gerentes es hoy presidente de la república- posee aquí una red de 17 empresas embotelladoras, frente a las 6 que tiene Pepsi. El resultado es que un litro de agua embotellada cuesta ahora igual que un litro de gasolina.
El efecto combinado de estos factores llevó a un aumento de tarifas que, poco a poco, se fueron acercando al precio "de mercado", tal y como lo prescribe la teoría económica neoclásica. Fue cuando los grandes monopolios internacionales dedicados a la gestión de los servicios hídricos dirigieron su mirada hacia México.
Las últimas barreras cayeron cuando, el 29 de abril de 2004, los legisladores del Congreso de la Unión aprobaron una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (la misma que los senadores pregonan con tanta insistencia) que, al favorecer las concesiones a empresas privadas en perjuicio de los organismos municipales, renuncia a los principios básicos de justicia social.
¿Un ejemplo? De acuerdo con la nueva ley, las compañías que construyen las presas tendrán también el derecho de ponerlas en operación y de vender sus servicios. Por otro lado, los usuarios, al no contar con medidor, se harán acreedores a una multa de 225 mil pesos, lo cual, en el caso de campesinos cuyos ingresos raramente rebasan los 50 pesos diarios, representa obviamente una cifra enorme.
Pocos meses después de la entrada en vigor de la ley, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas Jiménez, declaró que no se cansará en su afán de subir el precio del agua, "incluso hasta que duela". Y, en efecto, ya duele. Según investigaciones recientes, actualmente los sectores marginados gastan hasta 30 por ciento de sus recursos en comprar líquido vital.
Las fechorías de Vivendi Universal
Desde que nació, el mercado global del agua tiene un carácter particular ya que es el único dominado por unos cuantos gigantes de origen europeo, mismos que exhiben una vocación igual o más predadora que sus contrapartes norteamericanas. Las dos compañías más grandes, Suez y Vivendi Universal, son francesas y juntas se reparten el 70 por ciento del mercado mundial del agua: la primera opera en 130 países, la segunda en 90.
El discurso que pregonan es sencillo: "ante la ineficiencia de las instituciones públicas, entreguen los recursos hídricos a la empresa privada que es dinámica, productiva y honesta". En México, su penetración apenas está empezando, sin embargo, ya existe por lo menos un caso, la norteña ciudad de Aguascalientes, que permite sacar conclusiones significativas.
En 1993, el cabildo de Aguascalientes autorizó al presidente Municipal a concesionar el servicio público de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Al mismo tiempo, la Reforma de la Ley Estatal de Agua legalizó la participación de la iniciativa privada lo cual despejó el camino a la empresa Servicios de Aguas de Aguascalientes, S.A. de C.V. -integrada por el Grupo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Banamex y la Compagnie Générale des Eaux (una subsidiaria de Vivendi) que pronto empezó a funcionar.
Las autoridades justificaron la privatización por el mal estado del servicio, pero el principal efecto que notaron los usuarios fue un aumento repentino de las tarifas y la instalación de cortes del suministro por falta de pago. Aunque se esgrimía el argumento de que sólo así se puede fomentar el "ahorro del agua", la situación no tardó en generar una escalada de protestas y conflictos.
La empresa incurrió, además, en malos manejos financieros al acumular deudas, mismas que se volvieron inmanejables a partir de la devaluación del peso en 1994. Para evitar la bancarrota y la consecuente suspensión del servicio, el ayuntamiento tuvo que intervenir aportando grandes cantidades de dinero público. Como siempre los grandes monopolios privatizan las ganancias pero socializan las perdidas.
Para colmo, en 1996 el contrato original fue modificado aún más para favorecer a la compañía, ampliando a 30 años el plazo de la concesión y haciendo todavía más flexibles sus obligaciones y eximiéndola de invertir en rehabilitación y construcción de infraestructura, misma que quedaban bajo responsabilidad gubernamental.
¿Cohecho? Hasta ahora no se ha comprobado nada, pero está claro que el paso del servicio del agua como bien público a la venta del agua como mercancía "escasa", no llevó a un manejo más eficiente del recurso. A pesar de las promesas y los discursos, se descubrió que, en realidad, la empresa privada no tiene ninguna vocación de inversión.
El citado estudio de Clarke y Barlow documenta decenas de situaciones análogas en los cuatro rincones del mundo, pero sobre todo en los países dependientes. Hay casos límite, como el de Chile en donde los Chicago boys privatizaron hasta los ríos. No siempre, sin embargo, la población acepta pasivamente las canalladas de las corporaciones. En 2000, ante los abusos de la empresa norteamericana Bechtel, Bolivia fue teatro de una rebelión popular victoriosa, pasada a la historia como "la guerra del agua".
Un pozo de agua vale más que un pozo de petróleo
En los últimos años, se ha agravado la disputa entre México y Estados Unidos por el control de los ríos y las aguas subterráneas a lo largo de la frontera. La razón principal es que el sureste del país más poderoso del mundo enfrenta un desastre ambiental mayor. Su más grande acuífero subterráneo, el Ogallala –que cuenta con una superficie de medio millón de kilómetros cuadrados y permite irrigar unas 6.5 millones de hectáreas dedicadas al maíz, sorgo, soya y trigo- se encuentra contaminado con plaguicidas, residuos de fertilizantes, desechos agrícolas e, incluso, basura nuclear procedente de la planta de Pantex, Texas. Tratándose de agua fósil, la recarga es muy lenta y de continuar esta tendencia, el acuífero dejará de ser productivo en 40 años.
Actualmente, el conflicto se concentra en la explotación del río Colorado, un gran caudal que nace en las montañas Rocallosas, cruza Colorado, Utah, Arizona y California y desemboca en las costas del golfo de México reducido a un modesto arroyo de aguas pantanosas y tóxicas.
Y es que del lado americano el río concentra el más alto porcentaje de industrias, asentamientos humanos y actividades económicas en el mundo entero. Su sistema abastece a gran parte de las zonas metropolitanas de Los Ángeles, San Diego y Phoenix, sustentando además gran parte de la producción invernal de vegetales del suroeste.
Desde 1944, existe un Tratado Internacional de Aguas que regula el manejo de los ríos fronterizos estableciendo que anualmente Estados Unidos debe destinar a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que del río Bravo se deben enviar al vecino del norte 431 millones de metros cúbicos.
En los últimos años, aduciendo retrasos en la entrega de las cuotas mexicanas, el país del norte optó por revestir con cemento el Canal Todo Americano, una derivación del río Colorado cuyo manejo no está contemplado en el Tratado de 1944. Puesto que sus aguas recargan la cuenca compartida entre las dos naciones, con esta medida el gobierno de Estados Unidos, estará en condiciones de capturar no sólo el río, sino también las aguas subterráneas de la región fronteriza.
El conflicto es candente, pero, mientras la actuación del gobierno mexicano es más bien tímida,del lado norteamericano se opta por la acostumbrada arrogancia imperial. ¿La justificación? Ninguna, ya que, como explica el neoconservador Robert Kaplan en un texto plagado de reflexiones racistas, México es un país propenso al "despotismo hidráulico" (¡!) e incompatible con la tradición de la democracia anglosajona.
De seguir así –apuntan los compañeros del Equipo pueblo- pronto veremos a los marines abriendo a la fuerza las compuertas de las exsangües presas mexicanas y dejando salir las últimas gotas de agua para que los agricultores de Texas puedan regar los acres que les entre en gana.
Espejismos
Las vías de la razón mercantilista son infinitas. Una de ella pasa por la construcción obras gigantescas que escapan al control de los usuarios. "Hubo un tiempo -escribe Arundhati Roy en un apasionado alegato contra la construcción de 52 presas a largo del río Narmada en la India- en que el mundo amaba las presas. Todos las tenían –comunistas, capitalistas, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas. Las presas no empezaron como una empresa cínica. Empezaron como un sueño. Acabaron en una pesadilla. Es tiempo de despertar."
A lo largo del siglo XX, se construyeron en el mundo más de 40,000 grandes presas para riego, agua potable e hidroeléctricas que, según cálculos conservadores, desplazaron a unos 100 millones de personas. Sus constructores las exhibieron como catedrales de la modernidad, prueba fehaciente de que el hombre puede doblar a la naturaleza. Y sin embargo, las presas no sobrevivieron a la prueba del tempo: duraron únicamente el lapso que la naturaleza necesita para desgastarlas y llenarlas de pantano.
A menudo las cosas acabaron muy mal. En 1982, el Banco Mundial, es decir, el organismo financiero que durante décadas promovió y casi impuso presas en todas partes, se asoció con los militares guatemaltecos para la construcción de una presa más en el río Chixchoy. Puesto que las comunidades mayas que habitaban la región se negaban a ser reubicadas, el ejército reaccionó masacrando a unas 400 personas. Después, el Banco Mundial alegó no saber nada, pero su ignorancia, aun si fuera auténtica, es imperdonable.
Se podrían dar muchos más ejemplos ya que –sigue Arundhati Roy- "las grandes presas representan para el desarrollo de una nación lo mismo que la bombas nucleares para el ministerio de la guerra. Ambas son armas de destrucción masiva. Ambas son armas que los gobiernos usan para controlar a sus propias poblaciones".
Al final, tal vez bajo el acoso de las protestas, el Banco Mundial, se retiró del negocio publicando un notable documento en donde se dice abiertamente que las presas, además de graves daños ambientales, provocan el desplazamiento de grandes cantidades de personas, y particularmente pueblos indígenas, mismos que acaban en condiciones económicas culturales y psicológicas desastrosas.
En México las cosas no fueron diferentes. Igual que en la India, igual que en todas partes, la construcción de presas inició como espejismo desarrollista. Hacia los años sesenta, ante el aumento de la demanda de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementó drásticamente su capacidad de generación, pero al mismo tiempo que avanzaba el desarrollo tecnológico, se agravaban los problemas sociales por la renuencia de las poblaciones afectadas a ser reubicadas.
Hoy, existen decenas de obras hidroeléctricas en la República Mexicana. Mientras gran parte de ellas está cumpliendo su vida útil de 50 años, se inicia un nuevo auge de construcción con el fin de atraer las inversiones extranjeras y poner las bases para la privatización de la industria eléctrica y del agua. La CFE tiene proyectada la construcción de 56 presas, gran parte de ellos en territorios indígenas, lo cual implica quitarle el agua a un sinnúmero de comunidades, intensificando una añeja y obstinada guerra de agresión.
Por su parte, trasnacionales españolas como Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, francesas como EDF, alemanas como Siemens, o estadounidenses como AES están ansiosas de invertir sus capitales en este rubro ante las oportunidades que les ofrece la nueva legislación mexicana.
Resistencias
Ante esta situación, los pueblos no permanecen pasivos. En ocasiones, la batalla por un río, un acueducto público o un manantial llega a levantar dudas sobre el sentido de todo un sistema social. Un ejemplo es la lucha contra la presa La Parota, sobre el río Papagayo en el estado de Guerrero, que de realizarse, tendría una superficie tres veces mayor que la bahía de Acapulco, inundando 17 mil 500 hectáreas y 24 poblados.
Desde hace años, pero particularmente en los últimos meses, los 25 mil campesinos afectados se encuentran en pié de lucha. Primero crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras y, el 2 de octubre de 2004, junto a moradores de otras partes del país, dieron vida al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), cuyos integrantes se declaran en "resistencia total y permanente contra la construcción de presas en el país".
El Mapder es una alianza vinculada a nivel continental con la Red Internacional de Ríos con sede en San Francisco, California y al Movimiento Mesoamericano contra las Presas, que se opone a la construcción de unas 350 presas en la región, algunas binacionales México-Guatemala. El movimiento plantea la necesidad de que el Estado mexicano repare el daño histórico ocasionado a cientos de miles de personas por la construcción de presas, así como la recuperación de los ecosistemas dañados.
Exige, además, la modificación de la legislación en materia de agua y medio ambiente y el respeto a los derechos de los pueblos sobre las aguas establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Hasta ahora la lucha de los campesinos guerrerenses ha sido pacífica, pero ante la represión selectiva y el intento por parte de la CFE de dividir las comunidades comprando a sus líderes, podría tomar otros cauces.
Otra guerra del agua es el que se da entre los indígenas mazahuas de la región aledaña al río Cutzamala (Estado de México) y la Comisión Nacional del Agua (CNA). El sistema Cutzamala abastece una parte importante de las necesidades de agua del Distrito Federal y de la Ciudad de Toluca. Anualmente se invierten mil 600 millones de pesos para transportar a la zona metropolitana 19 mil litros de agua por segundo provenientes de este sistema. Cada litro recorre una distancia de unos 160 kilómetros superando gracias a un costoso sistema de bombas un desnivel de mil 366 metros.
Lo absurdo es que, mientras varias comunidades mazahuas carecen de agua potable, un 38 por ciento del agua que entregan al DF se desperdicia por fallas en la red hidráulica.
Hay más. En la temporada de lluvia de 2003, la presa Villa Victoria, una de las siete que abastecen el Sistema Cutzamala, se desbordó dañando los cultivos de las comunidades mazahuas. El 10 de agosto de 2004, después de múltiples y fallidos intentos de diálogo, integrantes Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahuamarcharon a la ciudad de México exigiendo al gobierno federal la indemnización de 300 hectáreas de sus cultivos.
Ante la cerrazón de las autoridades, el Frente estableció un plantón en las inmediaciones de la planta potabilizadora Berros que abastece el valle de México. Acto seguido, las mujeres tomaron en sus manos las riendas del movimiento organizando -en la onda larga de la rebelión de los indígenas chiapanecos- un Ejército zapatista de mujeres en defensa del agua. Armadas con rifles de palo, machetes y herramientas de cultivo, retuvieron durante tres días la dotación de cloro de la planta amenazando con cortar el flujo de agua y hasta hacerse explotar con dinamita si sus demandas no eran atendidas.
El domingo 26 de septiembre, 25 comandantas mazahuas solicitaron una audiencia con el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega, para "tratar asuntos relacionados con la seguridad nacional y plantearle la razón por la que protestamos de manera distinta a como lo habían hecho los hombres".
La misiva reiteraba que la política hidráulica nacional es injusta porque sólo beneficia a los habitantes de las grandes ciudades, mientras que muchas comunidades de donde se extrae el agua se encuentran en la pobreza extrema. Como alternativa, las comandantas propusieron plantar 20 millones de árboles en la zona afectada por la explotación del Sistema Cutzamala, y cuidar los manantiales, ríos y barrancas para evitar la erosión de la tierra.
Sería exagerado afirmar que las autoridades las tomaron en serio, pero lo cierto es que las mujeres mazahuas lograron levantar una ola de simpatía nacional lo cual impidió que se desatara la represión contra el movimiento.
Tras varias semanas de negociaciones, el 26 de octubre la Secretaría de Gobernación y las comunidades mazahuas firmaron un convenio de reforestación, protección de manantiales y otras acciones para sanear el medio ambiente. En el salón Juárez del palacio de Covián, el titular, Santiago Creel, quiso poner la firma del convenio como ejemplo de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Desconfiadas por la ausencia de los representantes de la CNA, los mazahuas anunciaron que seguirán en lucha y que un eventual incumplimiento producirá nuevas movilizaciones.
En conclusión, la crisis del agua parece ser una alegoría del mundo globalizado. No tiene solución dentro del actual modelo neoliberal. Sólo los pueblos, redes, movimientos y organizaciones que luchan por preservar el patrimonio común pueden ganar la guerra que libran los estados y las compañías transnacionales por el control del agua y de los recursos naturales. En México la guerra ya empezó.
