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Además de los impactos ambientales y de la desestructuración de la vida de los campesinos, la construcción indiscriminada de represas involucra crímenes de desaparición y muerte. Este aspecto será resaltado en la audiencia pública agendada para el próximo miércoles 10, que será realizada en la ciudad de Ponta Nova, São Paulo, que enfrenta problemas con la construcción de la represa del río Tietê.

La audiencia tiene como propósito reclamar esclarecimientos sobre la desaparición del trabajador rural João Caetano, ocurrida el 9 de febrero de 2003, durante el período de establecimiento de la represa Candonga. Las circunstancias de la desaparición del agricultor permanecen desconocidas, sin que el consorcio responsable por la obra, compuesto por las empresas Vale do Rio Doce y Alumínios Canadenses (Alcan), prestase algún tipo de información.
La construcción de la represa de Candonga en Minas Gerais provocó la inundación de la villa de São Sebastião do Soberbo, teniendo como resultado la expulsión de 150 familias. Según el Movimiento de los Damnificados por Represas (MAB), la audiencia va a "recolocar la cuestión, llamando la atención de las autoridades sobre las violaciones a los derechos humanos en Candonga y otras represas".

Damnificados por represas realizan un día de ocupaciones en el país

Cerca de 250 trabajadores, entre agricultores y garimpeiros (buscadores de metales y piedras preciosas), ocuparon el mes pasado el patio de la Alcan Alumínios de Brasil en Ouro Preto, para que el grupo consiga reconocimiento de su condición de damnificados por las represas de Fumaça y Candonga, esta última en asociación con la empresa Vale do Rio Doce.

Según el Movimiento de Damnificados por Represas (MAB), hasta el momento la dirección de la Alcan no se dirigió a los manifestantes, que van a permanecer acampados en el patio en tanto no exista diálogo. Solamente policías militares entraron en contacto con el grupo.

De acuerdo con los manifestantes, además de expulsar a las familias de las localidades que habitaban para proceder a la inundación y eliminar la actividad productiva que las sustentaba, la Alcan, con sede en Canadá, no está cumpliendo sistemáticamente los acuerdos con los moradores posibilitando las obras.

Por ejemplo, los damnificados de Fumaça reclaman que la Alcan dejó de atender el compromiso de enviar recursos a la Asociación para pagar al técnico responsable por el nuevo asentamiento de las familias. "Desde abril, hace siete meses, la empresa retuvo nuestros recursos, tuvimos que pedir dinero prestado para atender nuestra vida y el técnico, que orienta nuestro reasentamiento está sin cobrar hasta hoy", afirma Marta Caetano de Espírito Santo, participante del MAB.

Los damnificados de Fumaça resaltan además que Alcan también perjudica la readaptación de las familias por no ejecutar la expropiación de la Hacienda Dom José, otro punto también acordado entre los trabajadores y la dirección de la empresa. Problema similar enfrentan las familias damnificadas de Candonga, que perdieron los medios de subsistencia con el establecimiento de la represa, y ahora reivindican reconocimiento y tierra para plantaciones.

La situación de los atingidos por el embalse de Candongas debe ser debatida en audiencia pública marcada para mañana en la ciudad de Ponto Nova, Minas Gerais. En la ocasión debe ser presentado el reporte sobre el impacto de la construcción de la represa en la región, provocando el desalojo de innúmeras personas. El documento será repasado al Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adequada, y las organizaciones que lucham por la causa de los daminificados por represas en el país deben denunciar el Brasil junto a la ONU por las violaciones a los derechos humanos involucradas en este caso.

Por acceso a energía eléctrica

En Pará, en el norte del país, 900 personas provenientes de poblaciones perjudicadas por la represa de la hidroeléctrica de Tucuruí están movilizados en frente de la Red Distribuidora Celpa, exigiendo el acceso a la energía eléctrica prometida en compensación al desalojo provocado por la represa alcanzando a los habitantes de islas, regiones ribereñas, asentados y acampados y moradores urbanos en los municipios de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento y Baião.

La Red Celpa, concesionaria de energía que sirve al estado de Pará, inclusive ya recibió el monto de 286 millones de reales, como fondos sin retorno del Programa Luz para Todos, del gobierno federal para la instalación de luz eléctrica para 46 mil familias que aún no tienen acceso. Hasta el momento, estos recursos no fueron invertidos en luz para las casas de comunidades pobres.

Los damnificados reivindican de la Red Celpa la electrificación rural y urbana de 3.500 familias en la región de las islas, 1.500 familias asentadas próximas a la carretera Transbomjesus, 10 mil familias asentadas próximas a las carreteras Transcametá y Ladário, 5 mil familias moradoras del municipio de Tucuruí. También piden la disminución de la tarifa de energía, considerada muy cara, a punto tal que la población no tiene condiciones de pagarla. Del gobierno federal, los manifestantes piden la regularización de las tierras donde fueron asentados, como las islas surgidas con la represa.

La situación de la represa de Barra Grande, en el sur del país, cuyo proyecto contaba con un laudo ambiental fraudulento, llegó al arbitrio del gobierno federal. Después de que agricultores acamparon en el área destinada a inundación para evitar la obra, la cuestión fue finalmente sometida a negociación en la tarde de hoy en Brasilia, reuniendo en audiencia a representantes del MAB, Casa Civil, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Minas y Energía y directores del consorcio Baesa, responsable por la represa.