Colombia es un país de tristes récords: cada día se registran 58 homicidios, cada año alrededor de 3.000 personas son secuestradas. Las trágicas "plusmarcas" llegan a su cumbre cuando se refieren a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas. Esta tierra de realismo mágico es el lugar donde pierden la vida el 80 por ciento de los sindicalistas en el mundo.

¿Quién protege a los protectores de los trabajadores?, ¿quién defiende a los defensores de los derechos humanos? Esas preguntas esconden una tarea titánica. Tanto que la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) considera a Colombia el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical, y la ha convertido en objetivo prioritario internacional de su trabajo. Luis Hernández Monrroy lo sabe bien. Su trabajo como director del sindicato Sintraemcali en Cali -la tercera ciudad del país, núcleo industrial y empresarial y epicentro de la ola privatizadora- lo ha convertido en objeto de amenazas de muerte. Tiene el dudoso "honor" de ser uno de los 85 líderes políticos, sociales y sindicales incluidos en la lista negra de la operación Dragón, un intento de exterminio encabezado por un presunto militar en supuesta colaboración con agentes de inteligencia y ejecutores paramilitares, que ha sido destapado en las últimas semanas. El escándalo surgió cuando, por iniciativa de algunos de los amenazados, las fuerzas de seguridad, a través de varios allanamientos descubrieron en manos de un presunto coronel varios supuestos documentos de inteligencia militar que señalaban a varias personas como objetivos armados. Entre ellos están desde el presidente del partido Polo Democrático, Lucho Garzón, hasta el gobernador Angelino Garzón. "Los derechos humanos se violan las 24 horas del día. Uribe quiere vender la imagen positiva ante la comunidad internacional de una democracia, pero en la práctica lo que tenemos acá es un régimen", explica Luis. "Quieren exterminar al sindicalismo de una u otra forma. Primero, con el cierre. Este Gobierno está cerrando empresas, todas las que le parezcan, en cumplimiento del modelo neoliberal. En segundo lugar, se relaciona a los sindicalistas con la insurgencia para llevarnos a las mazmorras. Y, en tercer lugar, se nos asesina de forma sistemática. A los afectados por la operación Dragón el Ministerio de Justicia nos ha dicho que van a investigar, ¿pero qué esperanza tenemos?, ¿cómo buscar protección? Buscarla en el estado es como poner a Drácula a cuidar un banco de sangre", denuncia. Como otros cientos de compañeros amenazados se rodean de agentes de seguridad de confianza para que el fantasma del asesinato no se haga realidad. La experiencia les hace desconfiar de la seguridad oficial.

No sólo se trata de la amenaza de la operación Dragón. Decenas de listas negras salen cada día a la luz, como una espada de Damocles, con los nombres de cientos de activistas. Sólo en la ciudad de Barranquilla (la cuarta del país) 70 sindicalistas saben que están en el punto de mira; para seis de ellos la amenaza ya se cumplió. Su muerte no es nada exótico. Como concluye el informe de la Misión de Abogados, que visitó el país en marzo de 2004 a petición de la Comisión Internacional para los Derechos de los Trabajadores, la terrible realidad es que "probablemente resulta más rápido, más barato y menos arriesgado asesinar a los sindicalistas involucrados en disputas laborales que usar los procedimientos civiles existentes para resolver tales disputas". Las cifras avalan esa impresión: según los cálculos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y de la Escuela Nacional Sindical, desde la llegada de Uribe, en 2002, han sido asesinados al menos 164 sindicalistas (178 según la CIOSL) y se han producido más de mil violaciones a sus derechos.
La CIOSL ha constatado que, como presumen las cifras oficiales del Gobierno colombiano, el número de asesinatos de sindicalistas ha descendido en comparación con los 184 en 2002. Pero los homicidios son sólo la punta del iceberg. Como denuncia esta organización, otras formas de exterminio y de presión se han incrementado: las amenazas de muerte, los despidos, las desapariciones forzosas, los secuestros... Así, durante el mandato de Uribe, la CIOSL calcula que más de 670 dirigentes sindicales han sido amenazados (frente a 357 del periodo equivalente del gobierno de Pastrana), se han producido 104 detenciones arbitrarias (diez durante el mandato anterior) y se han llevado a cabo 14 allanamientos ilegales (dos con Pastrana).

Matanzas selectivas

"Los sindicalistas plantean que no es una exterminación arbitraria, sino que se hace precisamente para acabar con la negociación colectiva, el derecho de huelga y facilitar las privatizaciones. Eso se sustenta en datos: en Colombia este año hay menos de 50.000 trabajadores beneficiándose de la negociación colectiva y en lo que va de 2004, de 30 huelgas que se han planteado, 27 se han declarado ilegales o incluso terroristas. No se puede plantear que hay una democracia real si no puedes tener derecho de manifestación, ni de huelga ni de asociación", relata Pilar Morales, secretaria de Cooperación de CC OO de Madrid y presidenta de la Fundación Paz y Solidaridad. Ambas organizaciones se han volcado desde hace años en el apoyo al sindicalismo colombiano.
Junto con Pilar Morales, otros 46 representantes de organizaciones sindicales de 19 países y de cuatro organizaciones internacionales conformaron una misión internacional que visitó el país el pasado mes de septiembre en respuesta al SOS lanzado por el sindicalismo colombiano. La misión ha vivido en carne propia los rigores del miedo, la coreografía de la seguridad extrema con la que tienen que vivir y trabajar los sindicalistas y defensores, líderes populares, trabajadores de la sanidad o maestros, entre otros. Grupos de riesgo con los que se ceban los escuadrones armados y los comandos paramilitares. Según la Fecode (Federación Colombiana de Educadores), entre 2000 y 2003 fueron asesinados 191 educadores, de los cuales 58 murieron después del 7 de agosto de 2002, cuando asumió su cargo Uribe. Y es que, para los colectivos que están en la mira del terror, no hay duda de que, con la aplicación de la seguridad democrática del presidente y las reformas constitucionales, su vida y su trabajo corren más peligro. Hernández lo denuncia sin cortapisas: "La situación ha empeorado durante los dos años de Uribe. El Gobierno dice que los asesinatos no obedecen a móviles políticos, lo disfrazan diciendo que han mejorado los derechos humanos, cuando es el mismo gobierno el que está haciendo pescas milagrosas, es el mismo Gobierno el que en las ciudades y los pueblos hace detenciones masivas, de 200, 300, hasta 500 personas. Si antes las cárceles estaban llenas, hoy están llenas a reventar de gente inocente retenida y llevada a las cárceles. No se le puede decir al mundo que se está mejorando las condiciones de los derechos humanos cuando son las mismas fuerzas militares las que atropellan al pueblo".

"La política antisindical del gobierno nacional y de los empleadores al señalar a las organizaciones sindicales como los responsables de la quiebra del país y de las empresas, de ser agentes de la guerrilla y del terrorismo, ha contribuido para que los actores de la violencia asesinen a los mejores hombres y mujeres de la lucha social y política; algo en lo que el Estado tiene un porcentaje de responsabilidad directa e indirecta, como en el caso de Arauca", afirma un documento conjunto de las tres grandes centrales sindicales del país: CUT, CTC y CGDT. El caso al que se refiere su informe es el asesinato, el pasado 5 de agosto, de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, tres líderes históricos de la región de Arauca, que murieron abatidos, por la espalda, por efectivos del ejército colombiano ahora detenidos.

Disfrazar la realidad

A pesar de las revelaciones de los organismos de investigación, de ciertas evidencias (no tenían armas, los sacaron de casa descalzos en la nocheŠ) y del propio informe de la Fiscalía, fuentes militares han insistido en calificar el suceso como un simple combate con subversivos, mientras el ministro de Defensa califica a los fallecidos como guerrilleros del ELN buscados por la justicia. Unas circunstancias que han convertido estas muertes en paradigma de la zozobra sindical y que han levantado a organizaciones sindicales y sociales, indignadas, contra el Gobierno de Uribe. "Uno de los logros de la misión sindical es que esos tres asesinatos no pasaran a la justicia común, sino que se consideraran un delito contra los derechos humanos. Lo que están haciendo cuando se produce un asesinato de un sindicalista es decir que es un lío de faldas, que tenía conexiones con la guerrilla o que ha sido un delito común, un ajuste de cuentas. Está documentado que esas personas están siendo asesinadas por su militancia sindical, igual que hay asesinatos de mujeres dirigentes del movimiento de trabajadoras informales, o de defensores de derechos humanos. Se matan periodistas, diputados, concejales, alcaldesŠ Esos asesinatos se intentan disfrazar de delincuencia común. Pero como en toda sociedad en conflicto hay muchas llamadas de atención, de colectivos de mujeres, de indígenas, de intelectuales., de los propios funcionarios del gobierno que quieren una sociedad democrática. Lo bueno de las movilizaciones ciudadanas es que están sirviendo para sacarlo todo a la luz y evitar la impunidad", explica Morales.

Además de su responsabilidad por omisión o dejación en la protección de activistas laborales y defensores derechos humanos, desde los sindicatos y organizaciones sociales se mira al Gobierno de Uribe y sus fuerzas de seguridad como sospechosos de complicidad. Por una parte, en un momento en el que el Gobierno de Uribe negocia la paz y la desmovilización de 20.000 paramilitares, se ha reavivado el debate sobre las numerosas sospechas de conexiones entre miembros de las fuerzas de seguridad del estado y los paramilitares. Casos como el asesinato de los tres líderes de Arauca o la operación Dragón no han hecho más que encender los ánimos y avivar las acusaciones de pasividad que llueven sobre el Ejecutivo. "Todo aquello que se paga con dinero público debe controlarlo el poder público y justificarse transparentemente. Nosotros estamos en contra de todo tipo de terrorismo El Gobierno no puede consentir que ningún militar, sea de la graduación que sea, haga un allanamiento, un asesinato o una operación Dragón, puntualiza Pilar Morales. Por otro lado, las acusaciones que planean sobre defensores y sindicalistas, los colocan muy a menudo en la diana de los señores de la muerte. El escandaloso asesinato en Barranquilla el pasado 17 de septiembre del sociólogo y catedrático Alfredo Correa de Andreis, a consecuencia de los disparos de dos sicarios, es buena muestra. Semanas antes de su muerte, la Fiscalía había ordenado su encarcelamiento, basándose en las acusaciones de un reinsertado que lo señalaban como ideólogo de las FARC. Aunque después la Fiscalía revocó la detención preventiva y ordenó su libertad, (al desestimar tales imputaciones), Correa había quedado ya marcado como objetivo paramilitar.

Movilización social

El malestar y la zozobra va mucho más allá de los sindicatos. Los informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y HRW inciden una y otra vez sobre la debilidad de las garantías jurídicas. Buena parte de la sociedad civil está en pie contra la llamada seguridad democrática. La Minga (marcha) por la vida del mes de septiembre echó a las calles a decenas de miles de personas, lideradas por los indígenas, para protestar por la desaparición y asesinato de decenas de indios colombianos en los últimos meses y por las consecuencias nocivas que las privatizaciones y la reforma económica. Con la intención de resistirse a esa situación, el movimiento social se echó a la calle el 12 de octubre, liderado por las organizaciones sindicales. Las dos principales centrales de trabajadores -CUT y CTC- han optado por unirse para aumentar su peso y por extremar su proyección internacional. "Tenemos el compromiso internacional de acabar con la impunidad y la invisibilidad y oponernos a cualquier tratado que suponga armas para Uribe. De hacer que operaciones como la Dragón se queden sólo en el papel", asegura Morales.
Como confía Luis Hernández, "mantener el perfil muy alto de estos asuntos puede servir para mantenernos vivos".

El exterminio en cifras
-90 sindicalistas han sido asesinados entre mayo de 2003 y abril de 2004 y otros ocho han sido víctimas de atentados; 48 han perdido la vida en 2004, de ellos 16 eran dirigentes sindicales.
-En lo que va de año, cinco dirigentes o activistas sindicales han sido desaparecidos, seis secuestrados y 92 obligados a desplazamientos forzosos. Una veintena han sido sometidos a detenciones, 43 a hostigamientos y se han producido siete allanamientos ilegales.
-De los casi 4.000 asesinatos de sindicalistas en los últimos 15 años, sólo cinco han desembocado en condenas judiciales.
-Colombia presenta una de las tasas más bajas de cobertura sindical de América Latina. Sólo el 4 por ciento de los trabajadores está sindicado.
- Durante el 2004 sólo se crearon tres sindicatos y de los 112 paros convocados en 2003, 111 fueron declarados ilegales.
- 650 maestros han sido asesinados desde 1993.