"Creo que tenemos razones para estar contentos, cuando dimos un paso de mucha trascendencia, cuando luego de varios años de debate al menos hemos conseguido una parte de aquello por lo cual hemos luchado tanto. Estas reformas son una parte y quedan otras pendientes", dijo la semana pasada el Presidente Ricardo Lagos, al presentar en sociedad el acuerdo político-parlamentario consensuado con la derecha para introducir modificaciones a la Constitución impuesta al país en 1980 por la Junta Militar.
El tono justificativo dado a su discurso no fue casual, si se piensa que el Mandatario debía hacer olvidar a sus electores que la promesa con que la Concertación llegó a La Moneda en 1990 era, precisamente, la de borrar del mapa el texto redactado por Jaime Guzmán y plantear una Carta Fundamental no sólo basada en principios democráticos, sino también originada democráticamente. Por tal motivo resulta comprensible que desde su podio el Jefe de Estado haya hecho un fugaz guiño a aquellos ciudadanos con algo más de memoria, para reconocer, al menos, que el sistema electoral binominal que dejó intacto el Senado es "absolutamente aberrante e injusto", pues "en ningún país del mundo se elige de a dos personas por circunscripción, porque eso quiere decir que el 65% elige uno y el 35% el otro, y que yo sepa 65 es más que 35 y no es un empate".
Reducido, pues, uno de los enclaves fundamentales de la dictadura a su expresión matemática -como para no llamar a confusión a quienes pronto rendirán la PSU-, a renglón seguido el gobernante dio curso libre curso al leitmotiv de su retórica, prácticamente inadvertida por la prensa: que la discusión sobre el binominalismo se dejará para "más adelante, cuando la ciudadanía se dé cuenta de que no tiene sentido una elección parlamentaria donde todos terminan empatados". Según Lagos, entonces, la mencionada reforma no ha visto la luz en Chile porque la gente no se ha percatado de la existencia de este peculiar mecanismo de empate. Y se equivoca, igualmente, al decir que esta fórmula heredada de Augusto Pinochet carece de sentido, porque de lo que se trata, con este empate prefabricado, es de reducir a cero el papel del Poder Legislativo en tanto institución de la República, limitar el peso específico de los órganos democráticos y, de paso, perpetuar la operatividad de los grupos fácticos, que van desde el DINE hasta aquellos que dan visto bueno a la Ley de Pesca y vetan el royalty a la minería. Dicho sea de paso, el sistema binominal que el Presidente prorroga hasta el infinito viola la Convención Americana de Derechos Humanos, vigente en el país desde 1991, toda vez que ella establece en su articulado la igualdad del voto.
Con muchos menos pelos en la lengua para regocijarse del nuevo consenso alcanzado en la Cámara Alta, el socialista ministro del Interior, José Miguel Insulza, restó toda importancia al "detalle" abandonado en el arreglo. "Los cambios de ayer (miércoles 6 de octubre) son sustantivos, significativos, fundamentales y no vamos a caer en la cosa, que es para algunos habitual en este país, de discutir la cosas que faltan y no lo que se consigue", dijo el jefe de gabinete, coautor de las enmiendas junto al presidente del Senado y ferviente defensor de Colonia Dignidad, Hernán Larraín (UDI).
La pugna por los cupos
Aunque por estos días el oficialismo se jacta de haber "convencido" a la derecha de que había que eliminar la figura de los senadores designados y vitalicios, lo cierto es que la conveniencia de hacerlo contaba con el beneplácito gremialista desde fines de los ‘90, cuando la balanza al interior de los parlamentarios no electos derivaba en un virtual equilibrio que no sumaba ni restaba votos a los dos bloques.
Por eso, cuando el gobierno reactivó esta vez el "debate" -con miras a llegar al Bicentenario con una Constitución pinochetista, pero mejor vestida para galas internacionales cada año más frecuentes-, en Palacio sabían que con ello se daba un gran alivio a los partidos políticos del sistema. Con la UDI fagocitando a destajo a Renovación Nacional, por una parte, y por otra con la Democracia Cristiana con menos representación parlamentaria de la que esa colectividad exige para no romper todavía más hacia la derecha el cerco concertacionista, la propuesta especificada por Insulza les proporcionaba, más que credenciales democráticas, la oportunidad única de reemplazar los asientos a dedo del Senado (que expiran en marzo de 2006) por cupos de elección popular. ¿Elección de senadores a nivel nacional bajo un sistema proporcional? No. ¿Ampliación del número de senadores electos por circunscripción? Tampoco. La idea que cobró fuerza en los pasillos del Congreso Nacional es la de incrementar el número de circunscripciones, de modo de aplicar también en ellas el sistema binominal.
Manteniendo intactas las bases del curioso "empate", e inflando aritmética y no proporcionalmente los márgenes de representación parlamentaria de cada una de las colectividades que hoy ya la tienen, ambos bloques amortiguarán al menos las pugnas intestinas más peligrosas, echarán a correr menos candidatos por cada zona y, de paso, se habrán hecho acreedores de una vía por la cual allegar más fondos a sus respectivos tesoreros. Si bien, por razones de decoro, el gobierno dijo que no patrocinaría un aumento en el número de asientos parlamentarios, lo cierto es que la inminencia de ese giro está exactamente determinado por el traspaso de la normativa electoral, hasta ahora de rango constitucional, a la ley orgánica correspondiente. En el hemiciclo, dicho de otro modo, basta con que un legislador presente una moción para que el proyecto de reforma inicie su discusión. "Es necesario que ese número se aumente de forma razonable para que la Corporación pueda cumplir totalmente con su cometido", dijo el senador radical Enrique Silva Cimma el mismo día en que fue aprobado el acuerdo, y añadiendo que la medida debía ser evaluada a la brevedad. Un poco más elegante, Alberto Espina (RN) planteó que "lo lógico es probar un Senado de 38 (miembros) por lo menos por un período de ocho años".
La satisfacción militar
Si ya este arreglo a la medida hace insostenible la afiebrada afirmación del senador José Antonio Viera-Gallo (PS) respecto de que con estas reformas "hemos dado vuelta la hoja del pinochetismo y su herencia", el abismo que separa la opinión de este legislador de la realidad se eleva exponencialmente cuando se pasa revista al acuerdo relativo a las Fuerzas Armadas. En ese marco, el Senado pactó borrar la mención al carácter de "garantes de la institucionalidad" que les da la Constitución a los institutos castrenses y, asimismo, restituyó al Presidente de la República la facultad de remover de sus cargos a los comandantes en jefe, aunque a condición de evacuar un decreto fundamentado e informado a la Cámara Alta. Lo que al entusiasta senador socialista se le olvidó es que la condición de "garantes" impuesta por Pinochet al país es algo más que la palabra en un párrafo de la Constitución. Subordinar efectivamente a los militares al mundo civil supone, abordando el tema sólo desde la perspectiva orgánico-constitucional, crear una Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., en el que el mando es de exclusiva confianza del Presidente de la República y posee mayor antigüedad que cada uno de los comandantes en jefe. Desde el punto de vista económico, asimismo, implica que la ejecución presupuestaria no sea ni autónoma por rama ni preestablecida por la Ley Reservada del Cobre, sino propuesta por el Ejecutivo y debatida por el Congreso. Dejar de ser garantes de la institucionalidad supone, entre otras cosas, que el general Juan Emilio Cheyre deje de hacer discursos políticos cada vez que una acción judicial o una discusión parlamentaria sobre derechos humanos toca a alguno de sus hombres. Porque, con el comandante en jefe del Ejército de comentarista de la coyuntura, como ocurre hasta la fecha, si las reformas aprobadas en lo tocante a su institución no le hubieran gustado, habría organizado una conferencia de prensa para decirlo, bajo la mirada cada vez menos atónita y cada vez más comprensiva de los inquilinos de Palacio.
El remozamiento introducido a la Carta Fundamental del pinochetismo permite a los comandantes en jefe seguir planificando y definiendo por sí mismos, y sin consulta a ningún órgano democrático, la adquisición, que se materializará antes del Bicentenario, de una segunda partida de cazabombarderos F-16; de aviones de apoyo estrecho tipo Hawk; de 180 nuevos tanques Leopard, que se sumarán a los 200 ya comprados; de helicópteros artillados antitanques; y de más buques de guerra, por supuesto. Los jefes castrenses seguirán llegando al Senado, no ya como designados, sino como honorables electos en cupos binominales, una modalidad mejor vestida y perfectamente coherente con el espacio que el oficialismo les ha ido haciendo en el debate de las políticas públicas.
Partido Comunista
Reformas constitucionales son ‘marginación institucionalizada’
El Partido Comunista calificó de ‘marginación institucionalizada’ de un amplio sector de la sociedad chilena a las reformas constitucionales acordadas entre el oficialismo y la Alianza por Chile, y llamó a todos los sectores político-sociales a movilizarse para exigir una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. "Es muy serio que un tema tan importante para lo que podría ser un proceso de recuperación democrática del país, se discuta entre cuatro paredes. A espaldas de la ciudadanía y del pueblo", destacó.
Al respecto el miembro de la Comisión Política del PC Lautaro Carmona señaló que no se puede calificar de democrático un sistema que excluye la diferencia. Agregó que en sucesivas entrevistas con miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, el PC ha planteado la necesidad de terminar con el sistema de elección binominal e implementar un modelo representativo. "Esto es más entrampado cuando la derecha cierra la posibilidad de un cambio al sistema electoral", declaró. En tal sentido, Carmona indicó que el cuadro se agrava ya que, en la práctica, la Concertación ha sido incapaz –por opción– de cuestionar las bases del modelo electoral impuesto por la Constitución del 80. "Hay dos grandes bloques y por eso es más que suficiente con 38 senadores. Así se gasta menos. Ellos tienen la teoría de que era muy democrático que en Chile hubiera un dictador", selló. Para concluir, Carmona señaló que es necesario convocar a un plebiscito para que los chilenos rechacen o mantengan la Constitución del 80.
